La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades de Chiapas garantizar el debido proceso y el respeto los derechos humanos de las personas detenidas durante las protestas estudiantiles de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” e investigar las denuncias de abusos por parte de los funcionarios públicos estatales.
El pasado 18 de mayo un grupo de aproximadamente 120 personas estudiantes de la Escuela Normal se manifestaron en la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas para exigir que la convocatoria de nuevo ingreso de examen profesional sea de manera presencial en el estado, ante la falta de acceso a medios electrónicos e internet.
De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, de las 97 personas detenidas, 72 eran mujeres y 21 hombres y cuatro personas parte de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó todos hombres, dos de ellos adolescentes.
La versión de las autoridades sostiene que la mañana del 18 de mayo, los normalistas obstruyeron “de manera violenta” el libre tránsito de los vehículos en el crucero del Libramiento Norte y el boulevar Vicente Fox, y además, agredieron a elementos policiacos con bombas molotov, cohetones y retuvieron unidades privadas y de transporte público.
Asociaciones estudiantiles dijeron haber sido reprimidos y atacados con gas lacrimógeno, en tanto, maestros y padres de familia denunciaron que los 93 estudiantes detenidos fueron torturados por policías, mientras que a algunas alumnas les tocaron los pechos y partes íntimas.
“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las acusaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, exigió Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU-DH en México.
Fernández Maldonado también dijo que “es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”.
La ONU-DH recibió de parte de testigos de los hechos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas detenidas alegaciones sobre actos de posibles detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza, entre otras. Asimismo, recibió información sobre acciones que habrían dificultado el acceso de las personas detenidas a contar con representantes legales de su elección.
La organización ha sido informada también sobre posibles violaciones a los derechos de las personas detenidas durante su estancia en instalaciones de la Fiscalía General de Chiapas y en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados 14, “El Amate”.
“Las investigaciones de los posibles casos de abuso que podrían haber sido cometidos por las funcionarias públicas y los funcionarios públicos deberán ser diligentes e imparciales, desde lo ocurrido en el momento de su detención y durante todo el tiempo que las personas detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del estado.
“Esta investigación también debe garantizar la efectiva incorporación de la perspectiva de género al atender especialmente las denuncias de violencia sexual”, pidió la ONU.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que ha mantenido comunicación permanente con la CEDH Chiapas desde que se tuvo conocimiento de los hechos, y está lista para apoyar en lo que se requiera, en interés de las víctimas
“La Comisión se ha mantenido atenta desde el primer momento en que conoció de los actos de violencia en contra de alrededor de 300 estudiantes de la Escuela Rural Mactumatzá y 30 integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, que abanderaban demandas para mejora educativa; y expresa su preocupación ante las denuncias de que por lo menos hay 54 personas que permanecen como desaparecidas, por lo que reclama de las autoridades del estado apego a la ley y atención urgente y especial”, informó el organismo en un comunicado.
También señaló que personal de la CNDH ya se ha hecho presente en el lugar, y mantiene comunicación permanente tanto con los normalistas como con la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, “para coadyuvar en la defensa de los derechos humanos de quienes resultaron afectados, en el marco de sus facultades y competencias y con pleno respeto al sistema no jurisdiccional que nos rige”.