La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles el dictamen para eliminar la subcontratación, también llamado el outsourcing.
Con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, los legisladores aprobaron el dictamen que reforma leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit; Código Fiscal de la Federación, leyes del ISR y del IVA.
La iniciativa pasa al Senado para su discusión y aprobación.
Durante la sesión que inició la tarde del martes, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro, señaló que la iniciativa busca derogar las disposiciones que constituyen un medio de vulneración a los derechos de los trabajadores.
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“Se establecerán formalidades y requisitos que cualquier persona física y moral deberá cumplir para poder contratar la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, como es la formalización de un contrato, en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar y el número aproximado de trabajadores que participarán”, añadió.
La iniciativa establece la obligación para que las empresas se inscriban en el padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo, con la finalidad de que antes de celebrar un contrato acrediten el carácter especializado de los servicios que otorgan y se encuentran al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.
También instituye que para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las diversas leyes, los institutos y las autoridades correspondientes celebrarán junto con la Secretaría del Trabajo convenios de colaboración, para el intercambio de información y realización de acciones de verificación conjunta, en el respectivo ámbito de su competencia.
Se endurecerán las sanciones para los patrones que niegan el desahogo de inspecciones, así como aquellas que utilizan la subcontratación en contravención de las leyes establecidas.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas, precisó que se proponen reglas claras respecto a la sustitución patronal y al registro de los trabajadores y se establece un reparto de utilidades límite máximo de 90 días de salario del trabajador o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más benéfico para el mismo.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados el pasado 12 de noviembre de 2020, a la cual se sumaron diversas iniciativas de distintos grupos parlamentarios.