FGR implica ante el juez a EPN y Videgaray en trama de presuntos sobornos a legisladores
Por primera vez la Fiscalía General de la República (FGR) señaló ante un juez federal al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber participado en una supuesta trama delictiva encaminada a sobornar a legisladores con recursos transferidos por la constructora Odebrecht.
El señalamiento fue hecho por el equipo de fiscales de la FGR en la audiencia judicial en la que el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, fue acusado de ser uno de los legisladores que recibió estos sobornos con la finalidad de impulsar iniciativas legales como la reforma energética.
Las investigaciones de la Fiscalía que derivaron en esta primera imputación se iniciaron a partir de la denuncia que presentó en agosto del año pasado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien también está implicado en la presunta trama de corrupción.
De acuerdo con autoridades ministeriales consultadas por Animal Político, los fiscales de la FGR Kristian Jiménez Hernández, María Luisa Zúñiga, Jaime Arellano y Manuel Granados detallaron ante el juez federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, la operación en el sexenio pasado de una presunta “asociación delictuosa” entre funcionarios federales y legisladores.
En dicha asociación delictiva estarían implicados, según explicaron los fiscales al juez, desde el expresidente Peña Nieto y el exsecretario Videgaray, hasta los exsenadores integrantes de la 62 Legislatura: Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién y Salvador Vega Casillas.
Siguiendo la denuncia de Lozoya, los fiscales indicaron que la constructora Odebrecht (implicada en múltiples casos de corrupción en el continente) habría canalizado cerca de 120 millones de pesos en sobornos al gobierno de Peña Nieto, con la finalidad de continuar siendo favorecida con diversos contratos. Esto entre 2013 y 2014.
Peña y Videgaray habrían ordenado que parte de ese dinero se distribuyera a diversos legisladores para “allanar” el camino de reformas estructurales que se estaban buscando como la energética. Lozoya Austin reconoce que él fue el responsable de haber operado – por instrucciones de los referidos funcionarios – la logística de esos pagos.
Los fiscales sostuvieron ante el juez que a partir de la denuncia presentada han reunido datos de prueba suficientes (como videos, documentos y recibos) que confirmarían que esta asociación delictuosa existió con el objetivo ya referido. Entre esos datos estaría, por ejemplo, la declaración ministerial de Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado, en la que refiere haber recibido y entregado maletas con millones de pesos en efectivo.
Lavalle Maury es, hasta ahora, el primer imputado judicialmente por este delito y encarcelado por el mismo. El resto de los implicados en la referida trama de “asociación delictuosa” se encuentra en calidad de investigados. De acuerdo con la FGR, continuarán las imputaciones contra más personas en las próximas semanas y meses.
El artículo 164 del Código Penal Federal define la asociación delictuosa como “banda de tres o más personas con propósito de delinquir”. La pena para quien resulte responsable va de los 5 a los 10 años de prisión.
¿Por qué lavado y cohecho?
En la audiencia inicial los fiscales de la FGR también imputaron al exsenador Lavalle de ser presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente llamado lavado de dinero, así como del delito de cohecho.
En el caso del cohecho, delito que cometen los servidores públicos al recibir o solicitar ilícitamente recursos para hacer o dejar de hacer algo, los fiscales sostuvieron que Lavalle lo cometió al haber aceptado impulsar la reforma energética a cambio de los supuestos sobornos,
Respecto al lavado de dinero, que implica recibir dinero de origen ilícito, los fiscales indicaron que el exsenador panista habría incurrido en este delito cuando supuestamente recibió el dinero enviado por parte de Lozoya.
El Código Penal Federal establece que la pena por el delito de cohecho va desde los dos hasta los 14 años de prisión. El delito de lavado de dinero alcanza una condena de los cinco a los 15 años de prisión.
¿Qué sigue para Lavalle? Posible cárcel por varios meses
El próximo lunes a las diez de la mañana se reanudará la audiencia inicial en contra del exsenador Lavalle Maury ante el juez federal Marco Antonio Tapia. Esto en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Reclusorio Preventivo Norte.
La sesión iniciará con la exposición de los datos, pruebas y argumentos que su defensa ofrezca para desvirtuar la imputación inicial hecha por la Fiscalía. Luego vendrá la contestación de los fiscales, un debate y finalmente la decisión del juez sobre si vincula o no a proceso al panista.
En caso de que sea vinculado a proceso, es muy probable que Lavalle Maury deba permanecer encarcelado mientras se desarrolla todo el proceso, pues el mismo juez que resolverá su situación jurídica ya consideró que se trata de una medida justificada ante el riesgo de que se fugue.
Cabe señalar que, aunque la audiencia se reiniciará este lunes, el plazo para que el juez resuelva la situación de Lavalle vence hasta el miércoles, por lo que la determinación podría extenderse hasta esa fecha.
¿Y para Lozoya? Proceso detenido
Emilio Lozoya fue el primer funcionario mexicano procesado por los sobornos de la constructora Odebrecht. Sin embargo, hasta ahora no ha sido encarcelado debido a que ofreció colaborar con la FGR para revelar la dimensión real del presunto esquema de corrupción en el que participó.
Han transcurrido más de ocho meses desde que el exdirector de Pemex fuera vinculado a proceso a finales de julio de 2020 por los mismos delitos por los que ahora está acusado Lavalle. Su caso se encuentra detenido en la fase de investigación complementaria.
La razón, como revelaron en su momento autoridades federales a este medio, es que la FGR estudia solicitar al juez la suspensión temporal del caso contra Lozoya como resultado de un criterio de oportunidad que se le estaría otorgando por la colaboración que ha brindado. La cancelación definitiva de su proceso estaría sujeta a que los casos iniciados a partir de su denuncia resulten exitosos.
Tras varios retrasos se programó para el próximo 15 y 16 de abril las audiencias intermedias en contra de Lozoya por los casos Odebrecht y Agronitrogenados; sin embargo, se prevé que estas vuelvan a suspenderse o aplazarse por las negociaciones y acuerdos que están en marcha.
