FGR obtiene otra orden de aprehensión contra Tomás Zerón por actos de tortura
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre una nueva orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, por probables actos de tortura.
Esta acusación, detalló la FGR, “se refiere a la violencia que las autoridades ejercieron sobre Felipe ‘R’, dentro de las instalaciones de la Agencia Federal de Investigación”.
De acuerdo con la dependencia, los actos de tortura “eran para que Felipe ‘R’ “declarara lo que se le estaba obligando, para poder justificar la denominada ‘verdad histórica'”, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El hecho que comprobaría el acto de tortura por parte de Zerón, es que el 27 de enero de 2015, él ofreció una conferencia, en compañía del entonces procurador general de la República, en la que hicieron referencia a la detención de Felipe ‘R’.
Felipe ‘R’ es identificado como presunto operador del grupo criminal “Guerreros Unidos” y está presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas.
Hace meses se dio a conocer un video en el que se observa a Zerón interrogando a Felipe ‘R’. Durante el interrogatorio se ve cómo el entonces funcionario da órdenes a sus subalternos y amenaza verbalmente al detenido, quien aparece encapuchado.
El pasado 23 de abril, la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) obtuvo orden de aprehensión en contra de Zerón por los probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
La FGR señaló que la nueva orden de aprehensión será enviada de inmediato a Israel (país donde se encuentra Zerón), para fortalecer el procedimiento de extradición.
Por esta investigación, Zerón cuenta con una ficha roja de la Interpol.
Además de los delitos de tortura y desaparición forzada, Tomás Zerón enfrenta cargos por el presunto desvío de mil 102 millones de pesos mediante tres contrataciones supuestamente “amañadas” para la adquisición de equipo de espionaje, entre 2013 y 2014.
Estas acusaciones dieron pie a que, en noviembre pasado, la FGR obtuviera dos órdenes de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y fraude equiparado.
