Presuntos sobornos por más de mil millones, empresas fantasma y nexos con el narco: la corrupción en aduanas
Operaciones bancarias por más de mil millones de pesos provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados como prestanombres; apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado.
Estos son algunos de los presuntos actos de corrupción que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda identificó al revisar el entorno financiero de una decena de oficiales de comercio exterior aduanales que, en los últimos meses, fueron denunciados penalmente ante la FGR por posible lavado de dinero y actos de corrupción.
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Los implicados, como Animal Político dio a conocer en una primera parte de esta nota, habían sido designados ya en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que fuera el primer administrador general de aduanas, Ricardo Peralta, quien según denuncias internas en el SAT presuntamente conocía de estos supuestos actos de corrupción.
En sus denuncias, la UIF advierte que las operaciones inusuales en el entorno a los administradores serían resultado de “delitos predicados” o previos. En concreto: presuntos sobornos por haber permitido actividades ilícitas en las aduanas que tenían a su cargo, y que van desde contrabando o huachicoleo, hasta posible narcotráfico, tráfico de armas y de personas.
Las cuentas bancarias involucradas en estas operaciones fueron bloqueadas a solicitud de la UIF, mientras que la FGR inició por cada caso una carpeta de investigación que en este momento siguen en integración. Todos los administradores implicados fueron removidos de sus cargos en las aduanas y a la par se les iniciaron indagatorias internas en el SAT y en la Secretaría de la Función Pública.
Animal Político tuvo acceso a los hallazgos de presunta corrupción detectados por la UIF en varios de los casos denunciados, a partir de los cuales establecieron las posibles operaciones de lavado de dinero.
A continuación, se mencionan los puntos clave en varios de ellos:
Tijuana, Tecate y Mexicali: un cártel aduanal
La UIF denunció penalmente a los administradores de las aduanas de Tijuana, Eva María Viridiana Soria Amador; de Mexicali, Raymundo Humberto Jiménez Lázaro; y de Tecate, David Pérez Tejada Padilla. Todos fueron separados de sus cargos a finales de diciembre pasado.
De acuerdo con las denuncias penales, estas personas estaban coludidas con otro exadministrador de nombre Alejandro Miramontes Armenta – quien también se encuentra bajo investigación de la UIF – con el objetivo de consolidar una presunta red de corrupción en las aduanas gracias al cual se permitió el ingreso desde autos chocolate, pero también de armas de fuego.
“El 70% de las armas que llegan a nuestro país tiene que ver con los ingresos vía Estados Unidos. Y entran a través de mecanismos como por ejemplo autos chocolate en Mexicali. Nosotros confirmamos este hecho y también denunciamos a un agente aduanal implicado en esa operación”, dijo Santiago Nieto.
De acuerdo con fuentes federales, el funcionario denunciado es Roberto Ruiz Armas, que a través de su empresa Automotores 2017 SA de CV ha ganado más de 161 millones de pesos en operaciones de introducción de autos usados de manera ilegal – sin cubrir impuestos – en los últimos años. Se trata de los llamados “autos chocolate”.
La UIF identificó antecedentes de operaciones inusuales en el entorno de los administradores denunciados, que le hacen sospechas de operaciones de lavado de dinero.
En el caso de Soria Amador se denunció, por ejemplo, la compra de un cheque de caja por 5 millones de pesos y unos días después la adquisición un departamento en la colonia Anáhuac de Ciudad de México por 5.7 millones de pesos. También se identificó que su hermano recibió 5.7 millones de pesos en sus cuentas de los cuales retiró cinco millones.
Ello sumado a otro depósito de seis millones de pesos en un lapso de cuatro meses entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.
Tras ser removida de su cargo como administradora aduanera, Soria Amador fue nombrada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de dicha entidad. Ello pese a que fue destituida a nivel federal por “pérdida de confianza” y denunciada penalmente.
Respecto a Tejeda Padilla, quien también fue diputado federal por el Partido Verde, lo primero que llamó la atención de la UIF fue su alta calificación en un modelo de riesgo con el que cuenta la unidad para identificar posible lavado de dinero: 7.39 de 10 puntos posibles. Al revisar las sus operaciones se encontró la supuesta venta de una casa valuada en 10 millones en un solo millón de pesos. Familiares suyos, entre ellos un hermano, han sido indagados por posible corrupción.
Y en el caso de Jiménez Lázaro, la UIF también lo identificó con un foco de alerta al calificar con 6.93 en el modelo de riesgo. El 4 de marzo de 2020 Banamex emitió hacia el gobierno una alerta por operaciones inusuales sobre esta persona. Inteligencia Financiera identificó 650 mil pesos en una de sus cuentas no reportados, y operaciones por mas de medio millón de pesos sobre otro familiar.
Querétaro: empresas fachada y prestanombres
De acuerdo con la UIF, el administrador de la aduana de Querétaro, Jorge Aurelio Brito Sevenello, acumula varios años de operaciones inusuales en su entorno, que continuaron una vez que este asumió el referido cargo. Se presume que ese dinero proviene, al menos en una parte, de posibles sobornos.
El dinero habría llegado a Brito Sevenello desde empresas fantasma a través de depósitos o cheques en efectivo que luego eran dispersados con prestanombres.
“En Querétaro ya fue removido el administrador aduanal porque aquí lo que se encontró fue una red de empresas fachada que utilizaban incluso a la madre y al padre de este administrador aduanal (…) Es un esquema de corrupción. La hipótesis es que eran pagos de favores para permitir negocios en la aduana”, señaló en entrevista el titular de la UIF, Santiago Nieto.
En el entramado de operaciones inusuales se ubica la empresa Nueva visión Asesores Empresariales SA de CV, compañía que pese a no tener ninguna actividad probada ha facturado operaciones por más de 830 millones de pesos tan solo entre 2014 y 2019. Su principal accionista es un señor de casi 60 años sin perfil empresarial.
La UIF detectó que dicha compañía envió millonarias cantidades a través de diversas vías al entorno de Brito Sevenello. Por ejemplo, realizó transferencias a una persona de nombre Carlos Pérez Castaños (un señor de más de 80 años) quien supuestamente emitió 230 cheques por un monto de 14.5 millones a Jorge Antonio Brito Tenorio, padre del exadministrador de la aduana.
A su vez, la misma empresa depositó 21 millones de pesos a través de 21 cheques a María de los Ángeles Sevenello, madre de Brito Sevenello. Con la misma mecánica transfirió 3.6 millones de pesos a Brito Tenorio.
Nueva visión Asesores Empresariales SA de CV también transfirió cerca de 50 millones de pesos a al menos otras tres empresas presuntamente fachada, las cuales después enviaron el dinero a las cuentas del padre del exadministrador.
Jorge Aurelio Brito Sevenello fue removido de su cargo en septiembre del año pasado luego de que la UIF lo denunciara penalmente.
Guanajuato: presunto lavado y narco
Los trabajos de Inteligencia Financiera en torno al entonces administrador de la aduana de Guanajuato, Carlos Ignacio Franco Salgado, permitieron identificar no solo operaciones inusuales sino incluso posibles nexos con la delincuencia organizada.
“En Guanajuato es el administrador que también denunciamos y pedimos su remoción. Uno de sus hermanos está relacionado con el grupo del narcotraficante Caro Quintero de acuerdo con las listas OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU). Tiene transferencias internacionales por varios millones de pesos, cheques, adquisición de bienes inmuebles, altos pagos de tarjetas American Express por 22 millones”, dijo Santiago Nieto.
Entre los hallazgos presentados en la denuncia penal, justamente destaca que el hermano del exadministrador recibió dinero vía transacción de empresas que la OFAC y la propia UIF tienen identificadas como posibles lavadoras de dinero de un cartel del narcotráfico.
También se observaron operaciones sospechosas en el entorno de Franco Salgado como movimientos en cheques por 1.4 millones de pesos, retiros en efectivo por un millón y medio, pagos de 4 millones de pesos a una tarjeta American Express, inversión en un inmueble por dos millones, entre otros.
Franco Salgado dejó su cargo en la aduana de Guanajuato el 31 de agosto de 2020, luego de permanecer 20 meses en dicho puesto.
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Corredor Tamaulipas: “huachicol” y corrupción
En este caso la UIF denunció penalmente a Ricardo Díaz de la Serna García, Jesús Eduardo Mucharraz Herrera y José Luis Avendaño Salinas, que se desempeñaban como administradores de las aduanas de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, todas en Tamaulipas. En todos los casos se encontraron operaciones inusuales que según dicha unidad podrían representar lavado de dinero.
En el caso específico de Díaz de la Serna, Hacienda identificó varias empresas que le transfieren recursos a este exfuncionario sin que haya una justificación aparente. A Mucharraz Herrera se le detectaron transacciones a través de una empresa gasera por más de cien mil dólares a una cuenta en Pakistán.
“Es una mecánica en estos casos: la constitución de empresas que se constituyen de manera inmediata para depositar los recursos en esas empresas y después sacarlos a través de cheques, de dinero en efectivo y de otras operaciones. Son empresas listas para dispersar los recursos y en algún momento regresarlos a los propios administradores”, indicó Nieto.
A manera de hipótesis, las autoridades federales han establecido que en el caso de Tamaulipas los pagos de los presuntos sobornos serían para permitir otros presuntos actos de corrupción, entre otras cosas, el ingreso de combustible desde Estados Unidos a México sin cubrir los impuestos correspondientes. Esto para luego revender dicho combustible a precios inferiores en territorio nacional.
Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 fueron presentadas 20 denuncias ante la FGR en contra de operadores de tractocamiones que transportaban gasolina y diesel contrabandeada desde Estados Unidos a través de las aduanas, según información ministerial a la que tuvo acceso Animal Político.
La FGR aseguró vehículos con un total de mil 110 toneladas de combustible y abrió las carpetas de investigación correspondientes contra los detenidos.
Lázaro Cárdenas y Progreso
La Fiscalía General de la República (FGR) también investiga a los que fueran administradores de las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Jaime Nova Palma, y de la aduana de Progreso, Yucatán, Guillermo Cesar Calderón León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el caso de Nova Palma, lo que detectaron las autoridades es que su hermano recibió cerca de 50 millones de pesos provenientes de una red de más de 40 empresas presuntamente fantasma. Dicho hermano abrió a su vez una cuenta de inversión donde el beneficiario era, precisamente, el administrador de la aduana.
“Lo que se puede presumir es que el hermano estaba metiendo dinero a esa cuenta donde eventualmente el administrador de la aduana es el beneficiario y recibiría todo ese dinero. Sería dinero proveniente de posibles sobornos”, señala la denuncia.
Y en el caso de Calderón León, la UIF identificó operaciones en casinos donde el se habría beneficiado de considerable sumas de dinero, que la unidad presume es resultado de posible lavado de dinero.
“Este fue de los primeros casos en ser denunciados. Le encontramos actividades en la aduana de Progreso que no correspondían a actividades lícitas. Por ejemplo, el tráfico de cocaína dentro de tiburones que venían de Costa Rica a Progreso y de Progreso a Miami”, dijo Nieto.
