Colaboradores de los Duarte y Borge son postulados como candidatos a diputados federales

Los partidos políticos postularon como candidatos a diputados federales a funcionarios que colaboraron en las administraciones de los exgobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, detenidos y acusados en México y Estados Unidos por desvío de recursos, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Pero, además de los excolaboradores de los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, varios de los hoy candidatos fueron señalados directamente por las autoridades y han sido o son investigados por haber participado en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Entre las listas de aspirantes que ya fueron avaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) figura una decena de exfuncionarios de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y hoy senador, que también fueron implicados en indagatorias por corrupción de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Destacan también los casos de Yeidckol Polevnsky, exdirigente de Morena, y Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, quienes podrían llegar a la Cámara de Diputados y alcanzar fuero aun con investigaciones en su contra que siguen abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de la Ciudad de México.

En Quintana Roo, la coalición Va por México, formada por el PRI, PAN y PRD, postuló a José Alberto Alonso Ovando, que fue secretario de Educación y Cultura de Quintana Roo y quien fue incluido en las investigaciones de la Fiscalía estatal sobre el círculo rojo de cómplices del exgobernador Roberto Borge. 

En 2017, Alonso Ovando promovió un amparo para evitar ser detenido. Borge ya había sido capturado en Panamá y posteriormente fue extraditado a México para ser juzgado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y desempeño irregular de la función pública.

Movimiento Ciudadano (MC) hizo candidato a Víctor Manuel Zapata Vales, quien fue nombrado por el exgobernador como vocal del Patronato del Centro de Integración Juvenil en Chetumal.

El partido de reciente creación Encuentro Solidario (PES) dio una candidatura a Gregorio Sánchez Martínez, conocido como Greg Sánchez, exalcalde de Benito Juárez y excandidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo que fue detenido en 2010 por supuestos vínculos con Los Zetas y el cártel de los Beltrán Leyva. 

La acusación de la Fiscalía de Chihuahua señala que Cabada se acogió al “criterio de oportunidad” para colaborar en las investigaciones y retornó al erario estatal 4.3 millones de pesos que le habían sido pagados por Duarte.

El exgobernador se encuentra detenido en Florida a la espera de que se resuelva su juicio de extradición a México, que lo requirió por cargos de asociación delictuosa y malversación de fondos públicos.

Morena también postuló a Daniel Murguía Lardizábal, exdiputado local por el PRI entre 2013 y 2015, periodo en que el Congreso de Chihuahua aprobó las Cuentas Públicas de la gestión de Duarte y autorizó el endeudamiento del estado.

En el caso de Veracruz, Va por México (PRI-PAN-PRD) postuló a Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación durante la gestión de Javier Duarte y posteriormente diputado federal por el tricolor. 

Este exfuncionario, que desde siempre ha militado en el PRI, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del probable desvío de 120 millones de pesos desde la Secretaría de Educación estatal hacia empresas fantasma de Duarte.

En 2016, Mota Hernández y otros diputados duartistas publicaron un desplegado en el que refrendaron su “incondicional apoyo” al entonces gobernador, luego de que la dirigencia nacional del PRI anunció el inicio de un proceso interno en su contra.

Una de las legisladoras firmantes, María del Carmen Pinete Vargas, es ahora candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PVEM-PT) para llegar nuevamente a la Cámara de Diputados federal.

En el desplegado, 20 legisladores veracruzanos del PRI y el PVEM consideraron “injustas y desproporcionadas” las medidas disciplinarias contra Duarte y pregonaron que el mandatario “no se encuentra solo”.

Carlos Aceves Amezcua es otro duartista impulsado a la Cámara de Diputados, que fue incluido entre los candidatos plurinominales del PRI. Sobrino de Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Aceves Amezcua fue designado por Duarte en 2013 director del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev).

El exmandatario veracruzano fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Los alfiles de Velasco

Al menos 10 excolaboradores y personajes cercanos al exgobernador chiapaneco Manuel Velasco fueron colocados por diversos partidos en sus listas de candidatos a diputados federales.

La coalición Juntos Hacemos Historia postuló a Jorge Luis Llaven Abarca, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante en el gobierno de Velasco y posteriormente, en la administración de Rutilio Escandón, fue designado Fiscal estatal.

Organizaciones civiles encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) exigieron su destitución al advertir que, durante su gestión al frente de la SSPC, la corporación policiaca fue señalada por actos de tortura, detenciones arbitrarias y actos de corrupción, acusaciones que siguen impunes.

Además, en 2002, cuando Llaven Abarca fue Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría estatal, fue señalado por la CNDH como responsable de tortura y otras violaciones a los derechos humanos en la recomendación 26/2002.

La alianza Morena-PVEM-PT también dio una candidatura a Roberto Antonio Rubio Montejo, actual diputado y exsecretario técnico de Velasco, quien en la elección de 2018 se vio envuelto en una polémica por haber ocupado en las listas un lugar designado para mujeres indígenas.
Otros excolaboradores de Velasco impulsados por la coalición morenista son Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, quien fue subsecretario de Infraestructura, y Manuel de Jesús Narcia Coutiño, exdirector del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado. 

El Partido Encuentro Solidario (PES), aliado político de Morena en el Congreso federal, postuló por la vía plurinominal a dos miembros del clan chiapaneco De León Villard, estrechamente vinculado a Velasco.

Se trata de Kalyanamaya y Citlaly Isabel de León Villard, hermanos de la senadora Sasil de León, que llegó a la Cámara alta en 2018 de la mano del extinto Partido Encuentro Social, antecedente del nuevo PES y del que ha sido coordinadora parlamentaria.

Durante la administración de Velasco, Sasil de León Villard fue titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), dependencia que fue señalada por la ASF por el presunto desvío de 685 millones de pesos hacia una red de 26 empresas fantasma. 

Otros familiares del clan De León Villard estuvieron implicados en la trama corrupta. Por ejemplo, tras la salida de Sasil de la Sedem, la dependencia estatal fue encabezada por una de sus cuñadas y, luego, una de sus hermanas, quienes también autorizaron los desvíos de recursos, de acuerdo con la ASF.

El involucramiento de la familia con Velasco no termina ahí. Otro hermano de Sasil, Yumaltik de León, figuraba como dueño de Narcia Service S.A. de C.V., empresa que fue beneficiada por el gobierno de Chiapas con contratos por 184 millones de pesos. 

El 5 de diciembre de 2018, horas antes de dejar la gubernatura, Velasco concedió una notaría -la 202 de San Cristóbal de las Casas- a otro hermano de Sasil, Kalyanamaya de León, ahora candidato a diputado federal del PES.

Otros aliados del exgobernador fueron postulados a la Cámara de Diputados. Va por México (PRI-PAN-PRD) dio una candidatura a Julián Nazar Morales, exsecretario del Campo, quien fue denunciado por mujeres militantes del PRI por violencia política de género, luego de que el entonces dirigente estatal del tricolor les impidió desempeñar cargos de dirección en el partido El pasado 23 de marzo, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas resolvió que Nazar Morales debía disculparse públicamente con las denunciantes.

Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) incluyó entre sus candidatos a Juan Carlos Cal y Mayor Franco, que fue director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) en el gobierno de Velasco y cuya gestión fue señalada por la ASF en la Cuenta Pública 2015 por el ejercicio indebido de 5.6 millones de pesos de recursos federales y por el subejercicio presupuestal de 6.4 millones de pesos que no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Asimismo, la coalición Va por México postuló a Roberto Aquiles Aguilar Hernández, exsecretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de Velasco, y el PRD a Olga Luz Espinosa Morales, exdirectora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech).

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A la Cámara con deudas pendientes

Yeidckol Polevnsky, exsecretaria general de Morena, fue incluida por ese partido en los primeros lugares de sus listas de candidaturas plurinominales, lo que le garantiza a la mexiquense una curul en San Lázaro.

Exdirigente empresarial, Polevnsky llegará a la Cámara de Diputados -y a la protección del fueron federal- con dos investigaciones abiertas tanto en la FGR como en el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto ejercicio indebido de 399 millones de recursos de Morena.

Animal Político dio a conocer que, poco antes de dejar la dirigencia de Morena, Polevnsky ordenó a la Secretaría de Finanzas del partido efectuar transferencias bancarias a dos empresas como “anticipo” por obras y servicios no realizados. Los pagos beneficiaron a empresas de Grupo Ebor, del empresario Enrique Borbolla García, amigo de Polevnsky.

Otro político que podrá hacer campaña con una investigación en su contra es Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, quien fue postulado por el PT como candidato de mayoría relativa por un distrito de Puebla.

La Fiscalía General de la CDMX abrió una carpeta de investigación contra Toledo por presunto enriquecimiento ilícito, tras comprobar que el hoy diputado federal posee inmuebles cuyo valor excede sus ingresos como servidor público. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició la integración de un expediente para valorar el desafuero de Toledo.