Gobierno de AMLO desplegó más efectivos militares que Calderón y Peña Nieto: Amnistía
El gobierno de Andrés López Obrador desplegó “más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que en las dos administraciones presidenciales anteriores”, señaló Amnistía Internacional.
En su Informe 2020/21 – en el cual se analizó la situación de los derechos humanos en 149 países durante el año pasado en el contexto de la pandemia por COVID – el organismo internacional destacó que durante 2020 se emitieron varias disposiciones a favor de la fuerza armada.
Un ejemplo sucedió en el mes de mayo, cuando el actual presidente emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública, lo cual estará vigente hasta marzo de 2024.
Tal decreto “carecía de una normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”, señaló Amnistía.
Y además de desplegar más efectivos militares que las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, López Obrador anunció que el control de los puestos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas.
A su vez, el organismo internacional insistió en que “las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.
Se registraron casos de detenciones, homicidios ilegítimos y ejecuciones extrajudiciales tanto por parte de policías municipales, como de elementos de la Guardia Nacional, señaló el organismo internacional.
Tal es el caso del homicidio de Giovanni López Ramírez, de 30 años, quien fue asesinado a manos de policías municipales de Jalisco cuando se encontraba bajo custodia por no usar cubrebocas.
En las marchas que se organizaron como respuesta al evento, en la ciudad de Guadalajara, se detuvieron arbitrariamente al menos a 27 personas. Amnistía denunció que “los manifestantes fueron secuestrados en vehículos sin distintivos y estuvieron en paradero desconocido durante varias horas”.
Por otro lado, “las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y las desapariciones a manos de agentes no estatales seguían siendo motivo de preocupación, mientras los sospechosos de responsabilidad penal gozaban de una impunidad casi absoluta”.
La disposición constitucional que permitía la detención sin cargos – conocida como “arraigo” – tampoco se derogó durante el año, indicó Amnistía.
