10 oficiales de comercio de aduanas designados en este gobierno son indagados por lavado, narco y contrabando
Diez funcionarios que fueron colocados por la actual administración al frente de las aduanas más importantes del país hoy se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) tras haber sido denunciados por la Secretaría de Hacienda por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero proveniente del contrabando, tráfico de armas, huachicol y hasta narcotráfico.
Los 10 exoficiales de comercio exterior –y ya removidos de sus cargos– fueron designados por el primer Administrador General de Aduanas de este sexenio, Ricardo Peralta Saucedo, quien, de acuerdo con denuncias internas en la Dirección General de Evaluación del SAT, conocía las actividades delictivas y, más aún, se habría beneficiado de posibles actos de corrupción.
Fuentes de la FGR confirmaron a Animal Político que hay en integración carpetas de investigación contra cada uno de los exfuncionarios denunciados, uno de los cuales ya intenta ocultarse y no ser localizado en caso de que se giren órdenes judiciales, advirtieron las autoridades.
Los 10 exadministradores fueron designados por Peralta en el medio año en que estuvo como jefe de Aduanas (renunció el 22 de mayo de 2019 para asumir como subsecretario de Gobernación). A las autoridades del SAT les llamó la atención que varios de ellos fueron promovidos o mantenidos en sus cargos a pesar de no haber aprobado los exámenes de control de confianza aplicados por la Administración General de Evaluación, que incluyen revisiones toxicológicas, patrimoniales y psicométricas.
La “limpia” en las 49 agencias del país comenzó en 2020, en una acción conjunta de la Administración General de Aduanas (AGA), con Horacio Duarte como titular, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto.
Como resultado de dicha operación, 29 oficiales de comercio fueron cesados por “pérdida de confianza”, y de ellos, 10 fueron denunciados ante la FGR por la UIF.
Las indagatorias identificaron dos focos principales de corrupción que afectaron de manera importante la recaudación de recursos: uno en Baja California, mediante la introducción ilegal de autos “chocolate” y armas de fuego, y otro en Tamaulipas, por medio del ingreso de combustible desde Texas sin el pago de impuestos.
Lo grave, de acuerdo con las investigaciones, es que esos dos cárteles aduaneros extendieron sus redes de corrupción hacia otras agencias del país que también son claves por su ubicación en zonas de alto tránsito comercial o cercanas a puertos.
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Una vez que Peralta salió de la AGA y fueron removidos los administradores corruptos, la recaudación de impuestos aumentó en las aduanas, de acuerdo con información proporcionada por el mismo SAT.
Los exjefes cercanos a Peralta que son investigados por la FGR son Viridiana Soria Amador, de Tijuana; David Pérez Tejada Padilla, de Tecate (también exdiputado federal del PVEM), y Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, de Mexicali, todos ellos pertenecientes al cártel aduanero de Baja California.
También Ricardo Díaz de la Serna, de la aduana de Nuevo Laredo; Jesús Eduardo Mucharraz Herrera, de Matamoros, y José Luis Avendaño, de Reynosa (cártel de Tamaulipas).
Por último, Jorge Aurelio Brito Sevenello, exadministrador en Querétaro; Carlos Ignacio Franco Salgado, de Guanajuato; Jaime Nova Palma, de Lázaro Cárdenas (Michoacán), y Guillermo César Calderón León, de Progreso (Yucatán), quien también fue diputado local del PRI en el Estado de México. Este último, de acuerdo con fuentes federales, está ilocalizable e intenta evadir la justicia, aun cuando aún no hay una orden judicial en su contra.
“Hicimos un modelo de riesgo que aplicamos sobre los 49 administradores e identificamos aquellos que presentaban un perfil sospechoso por su entorno económico. Hoy ya tenemos a la quinta parte de ellos no solo removidos, sino denunciados. Y vamos a continuar con la revisión para erradicar esta corrupción”, advirtió en entrevista Santiago Nieto, titular de la UIF.
El común denominador en la mayoría de los casos investigados es el uso de familiares, prestanombres y empresas fantasmas, con los cuales los exadministradores habrían intentado ocultar el dinero proveniente de los sobornos que aceptaban a cambio de permitir hechos delictivos en las aduanas que encabezaban, según la acusación de la UIF.
“Hay que decirlo: las aduanas son una de las debilidades más grandes de nuestro sistema. Los puertos y las aduanas son vulnerables por la trata de personas, el tráfico de migrantes y, en general, la porosidad de nuestras fronteras”, planteó Nieto. “Creo que la remoción de los servidores públicos corruptos ayudará a disminuir esto, y sobre todo a que aumentemos la percepción de riesgo para quien quiera delinquir”.
Mafia de cuello blanco en las aduanas
De acuerdo con los datos a los que Animal Político tuvo acceso, tras un trabajo de colaboración con la AGA, la UIF denunció entre febrero de 2020 y enero de 2021 a 10 administradores de aduanas ante la FGR por su probable participación en operaciones de lavado de dinero, ilícitos ligados a corrupción y los demás delitos que resulten.
A su vez, solicitó al SAT su inmediata remoción por “pérdida de confianza” y dio también vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que iniciara los procedimientos administrativos correspondientes.
Con el visto bueno de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, Duarte y Nieto trazaron que para acelerar la investigación y remoción de los administradores corruptos había que empezar por revisar las cuentas en las que recibían los ingresos por actividades ilícitas y ordenar su bloqueo, de acuerdo con funcionarios involucrados que solicitaron el anonimato.
Según las fuentes, tras su llegada a la AGA, el 28 de abril de 2020, Duarte se encontró con una estructura que aún respondía a las órdenes de Peralta, quien ya era subsecretario de Gobernación: una estructura de lealtades que dejó intacta Ricardo Ahued, el Administrador General de Aduanas que sucedió a Peralta (mayo de 2019 a abril de 2020).
“Lo que nosotros creemos es que Ahued es un tipo honesto, pero no quiso entrarle a fondo a erradicar la corrupción”, declaró un funcionario consultado.
El propio Duarte señaló que en las agencias del país se había enquistado una mafia de cuello blanco tolerada desde lo más alto del SAT. Advirtió que se ha emprendido una limpia en las aduanas que derivará en nuevas denuncias penales y administrativas en contra de los ya señalados, pero también de otros implicados que han ocupado los puestos más altos.
“Además del combate al contrabando y de aumentar la recaudación, ponemos énfasis a otra mala práctica que se perpetuó en nuestras Aduanas: la delincuencia de cuello blanco que imperaba desde los altos cargos”, comentó.
Las redes corruptas
Uno de los casos de corrupción más graves y emblemáticos es el de Baja California, estado gobernado por el morenista Jaime Bonilla.
Los exadministradores Viridiana Soria Amador, de Tijuana; David Pérez Tejada, de Tecate, y Raymundo Jiménez Lázaro, de Mexicali, son acusados de presuntamente recibir sobornos a cambio de permitir el contrabando e ingreso de autos “chocolate”, dentro de los cuales se escondían, además, armas de fuego.
Conforme registros internos a los que tuvo acceso este medio, Pérez Tejada y Jiménez Lázaro habían reprobado sus evaluaciones de control de confianza, pese a lo cual fueron promovidos por Peralta. Por su parte, Soria Amador estaba en el otro extremo: nunca fue sometida a evaluaciones a lo largo de su trayectoria de 15 años en el SAT, o bien, sus registros fueron eliminados.
Una denuncia presentada ante el SAT señala a Peralta de recibir pagos de Soria Amador -exjefa en Tijuana- por “dejar pasar autos llamados ‘chocolates’ procedentes de Estados Unidos, que cruzan sin papeles al interior del país subvaluados, así como (…) contenedores repletos de ropa, tela, piratería y armas de fuego, mismos que no realizan el pago correspondiente de impuestos, declarándolos como otro tipo de mercancías”.
Las autoridades del SAT señalan que el jefe del cártel de Baja California es Alejandro Miramontes, quien está bajo la mira de la UIF y actualmente se ostenta como “asesor en Comercio Exterior” del senador Ricardo Monreal; la exoficial Soria Amador es considerada su operadora.
Luego de que Soria Amador fue destituida de su cargo como jefa de la aduana de Tijuana, el gobernador Bonilla la rescató y la nombró jefa del “SAT Baja California”, un órgano supuestamente auxiliar de recaudación cuya creación fue interpretada por la Federación como un desafío al SAT Central.
Las cifras de recaudación en las aduanas de Baja California fueron al alza tras la remoción de los administradores cercanos a Peralta, de acuerdo con cifras proporcionadas por el SAT. Por ejemplo, con Jiménez Lázaro, la aduana de Mexicali recaudó 2 mil 451 millones de pesos en 2019, cifra que subió a 3 mil 299 millones en lo que va del año. En Tijuana, con Soria Amador, la cifra pasó de 3 mil 345 millones de pesos en 2019 a 3 mil 570 millones en lo que va de 2021. En Tecate, con Pérez Tejeda, la cifra pasó de 62.3 millones de pesos en 2019 a 80.1 millones en lo que va de este año.
En el caso de Querétaro, la UIF detectó que el exadministrador de la aduana, Jorge Aurelio Brito Sevenello, efectuó transacciones millonarias mediante empresas fantasma y prestanombres con recursos presuntamente provenientes de sobornos; en dichas operaciones el exfuncionario implicó hasta a sus propios padres mayores de edad.
Al exjefe de la aduana de Matamoros, Jesús Eduardo Mucharraz Herrera, se le detectaron transferencias por 100 mil dólares a través de una empresa gasera con cuentas en Pakistán; las autoridades señalan que los exadministradores de las aduanas de Tamaulipas permitían el ingreso de combustible desde Estados Unidos sin el pago correspondiente de impuestos, un negocio ilícito en el que también ha sido involucrado por las autoridades el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Respecto del exadministrador de Guanajuato, Carlos Ignacio Franco Salgado, la UIF encontró transacciones internacionales, adquisición de inmuebles y pagos de tarjetas de crédito por 22 millones de pesos; un hermano del exfuncionario es señalado por el Departamento del Tesoro de EUA de tener nexos con el grupo criminal de Caro Quintero, de acuerdo con la UIF.
“Emisario” del presidente
Un año después de dejar el cargo de Administrador General de Aduanas, varios oficiales de comercio seguían llamando a Ricardo Peralta “Jefe”. Aunque ya era subsecretario de Gobernación, seguía manteniendo relación con administradores aduanales a los que daba órdenes o pedía favores, de acuerdo con denuncias recogidas por el SAT en varios puntos del país.
Una vez que la UIF y la AGA comenzaron a hacer una limpia en las aduanas, se percataron de que los grupos o mafias que controlaban negocios ilegales desde el interior del SAT se habían formado años atrás. Las autoridades presumen que, en los escasos seis meses que estuvo frente al cargo, Peralta gestionó esas redes y negoció con caciques locales la designación de administradores a modo.
Una vez que rindió protesta como titular de la AGA, Peralta hizo nombramientos en 46 de las 49 aduanas del país, de acuerdo con registros obtenidos mediante solicitudes de transparencia. Una tercera parte de esos funcionarios hoy son investigados por presuntos actos de corrupción.
La estructura de lealtades que forjó Peralta se mantuvo prácticamente intacta cuando se fue a la Segob y llegó en su lugar el senador Ricardo Ahued, que estuvo un año al mando de las aduanas.
En los hechos, según las indagaciones del SAT, los administradores locales seguían teniendo un vínculo de lealtad con Peralta en lo que respecta a los negocios ilícitos. Al renunciar, Ahued admitió que uno de los principales obstáculos durante su gestión fue, precisamente, la corrupción aduanal.
“Encontramos prácticas que son nocivas, donde es muy común la corrupción, donde es muy fácil corromperse”, declaró el senador morenista en entrevistas.
Desde Gobernación, Peralta continuó operando negocios en las aduanas presentándose ante los administradores como un emisario del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con testimonios de jefes aduanales recogidos en las indagatorias del SAT.
