A un año de las muertes en hospital de Pemex, no hay sanciones ni pensión a familias ni información
Javier Acosta murió el 15 de marzo de 2020 por la contaminación de una bacteria en la heparina sódica que le administraron al recibir hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco. Dejó huérfanos a dos niños de 4 y 13 años, y su viuda, Aracely Alejo, ha tenido que ponerse a hacer ventas o ver cómo se las arregla para sacar adelante a la familia, ya que la petrolera ni siquiera le ha dado su pensión por viudez, a un año de la negligencia médica que mató a al menos ocho personas.
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Tampoco le han dado información sobre las investigaciones, ni en Pemex ni en la Fiscalía del Estado de Tabasco, que certificó la causa de muerte de su esposo y abrió una carpeta de investigación en Homicidios, pero que hasta la fecha no ha detenido a nadie.
Otra carpeta está abierta ante la Fiscalía General de la República (FGR), la FED/TAB/VHS/0000272/2020, por el fraude que implicó la compra de un insumo adulterado. Pero a lo largo de los meses no ha dado ni un solo informe público sobre que haya algún avance.
Por el contrario, reservó todo lo referente al caso por cinco años y negó vía transparencia entregar una versión pública de la investigación.
Lo mismo hizo Pemex. Contestó con una reserva por cinco años a una solicitud para tener copia de los contratos o facturas por los que se adquirió la heparina sódica contaminada, argumentando que era parte de una investigación judicial. Ante un recurso de revisión a esa decisión, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) decidió el 26 de enero de 2021 revocar dicha reserva porque se trata de un documento de uso de recursos públicos y no emitido por la Fiscalía, así que dio 10 días hábiles para entregar la información. Pero un mes después, eso no ha sucedido.
Pemex también respondió a medias una solicitud de información para saber qué pasó con el entonces director del Hospital, José Luis Oramas, ya que en abril se dio a conocer en medios de comunicación que había otro director, trasladado desde un estado diferente. En junio, Comunicación Social había asegurado a Animal Político que fue parte de “un proceso normal de rotación”, pero vía transparencia se indicó que solo había un suplente “por ausencia”. Tras un recurso de revisión, Pemex aclaró que Oramas había sido colocado al frente de Medicina Interna por su experiencia en esa área y la necesidad de reforzarla (por la pandemia de COVID-19), pero que no había ningún documento sobre esos movimientos, lo cual el INAI le ordenó corregir desde el 3 de febrero, sin que tampoco haya una respuesta.
Finalmente, Oramas sigue siendo el director del Hospital en el que hace un año una negligencia mató a varias personas y ningún funcionario fue sancionado.
Hasta la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reservó por cinco años y luego ignoró una segunda solicitud de información —incumpliendo sus obligaciones de transparencia— referente al lote C18E881 de INHEPAR 5000 UI/mL, (Heparina Sódica), de donde provino el problema. A pesar de que ella misma emitió una alerta sanitaria a farmacias de todo el país para retirar y dar aviso si tenían ese mismo producto, reservó cualquier dato sobre respuestas recibidas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas desde marzo que iba a pedirle al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza ir a explicar lo ocurrido, pero eso nunca pasó. También dijo que había solicitado un informe amplio al respecto, pero en respuesta a una solicitud de información para tener copia de ese informe, la Oficina de la Presidencia se declaró en mayo incompetente para atender la solicitud.
El director de la paraestatal ha evadido cuestionamientos de la prensa sobre el tema con el argumento de que la investigación está en curso y debe mantener la secrecía. En el Senado hubo una petición de que compareciera por el caso, pero no se concretó. Hasta octubre, cuando acudió a la Cámara de Diputados con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la diputada del PRI Soraya Pérez Munguía le preguntó por el tema casi al final de su comparecencia.
La respuesta fue que en un momento les faltó heparina sódica y se lanzó una licitación para adquirirla, pero no hubo propuestas de proveedores nacionales, así que el Hospital Regional de Villahermosa la consiguió por su lado con un particular del que ni siquiera recordaba el nombre, “Roch o Rocha, él tenía un lote”.
“Es importante eso, porque se empieza a ocupar la heparina que entrega este señor… vender al mismo precio, excepto que usted me pague de contado y usted me pague de crédito, a lo mejor a usted le doy un descuento porque me paga de contado, ¿si me explico? Pero eso no tiene por qué no saberlo la gente. Por ejemplo, por qué no saber a cómo le vendimos el crudo a Deer Park, a cómo le vendimos a cualquier refinería de la Costa Norte de Estados Unidos. Entonces, ese criterio de opacidad nosotros no lo compartimos, al contrario, la información tiene que ser pública y abierta, si partimos de la idea que no nos estamos robando el dinero, que no estamos haciendo negocios, no hay ninguna información que no podamos compartir con ustedes”, dijo.
Romero Oropeza no explicó nada más, si había entonces un acto de corrupción, ni hizo pública la información posteriormente, que además fue negada vía transparencia, y terminó a la pregunta —según consta en la versión estenográfica— con la siguiente frase:
“Discúlpenme, ya me pasé y ya tenemos hambre, ¿verdad?”
El nombre del proveedor que no recordó bien es José Roche Pérez. En medios de comunicación se publicó en septiembre que se había emitido una orden de aprehensión en su contra, pero la FGR nunca emitió un comunicado oficial al respecto y el área de Comunicación Social indicó que ni ahí tenían más datos sobre qué ha pasado con la investigación.
La opacidad en el caso ha sido tal, que hasta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le fue negado “en por lo menos cuatro ocasiones, información y datos de localización de los pacientes que resultaron afectados” por parte del personal del Hospital Regional, según explicó a Animal Político en una tarjeta informativa. El organismo todavía tiene en trámite el expediente de queja CNDH/2/2020/2504/Q y solo emitió una “opinión médica” de su coordinación de servicios periciales que no se hizo pública.
Es más, Pemex ni siquiera quiso confirmar a este medio cuántas personas fallecieron derivado de esa contaminación, ya que en los comunicados oficiales se informó de ocho muertes, pero familiares de las víctimas y de otros pacientes aseguraron que hubo más y durante más tiempo por las secuelas de haber estado graves.
De hecho, las cifras oficiales no coinciden: el último boletín señaló que habían sido dados de alta 50 pacientes, cuando en el primero reportaron 67 afectados. Pero al insistir con esta duda a Comunicación Social, remitió los 30 comunicados oficiales publicados entre el 29 de febrero y el 27 de marzo de 2020. Durante los 11 meses que han pasado desde entonces, Pemex ha guardado silencio absoluto sobre el caso.
Uno de los pacientes de hemodiálisis que falleció meses después y no fue reconocido que fuera por la contaminación de heparina sódica fue Manuel Velasco Ramírez. Su esposa cuenta en entrevista que después de haber estado hospitalizado, nunca volvió a estar bien del todo. Tuvieron que cambiarle dos veces el catéter pero recurrentemente le daban fiebres, hasta que el 15 de mayo, murió.
La familia no recibió ningún apoyo de gastos funerarios ni le han otorgado la pensión que le corresponde.
Igual que Aracely, la viuda de Javier Acosta, que dice que a un año de distancia, se siente “derrotada”.
“Y estoy pensando ahora sí que por mis hijos, que están padeciendo con lo de la pandemia. No tan fácil los puedo dejar a la deriva y ponerme a trabajar. Ahora me las tengo que ingeniar para sobrevivir. Qué necesidad que mis hijos estén careciendo de sus cosas, su papá trabajó tantos años… ese hombre nunca… en su expediente que me entregaron, nunca tuvo ni una falla, de que haya tenido faltantes, para que se estén portando así, está de la fregada”, dice en entrevista.
“En eso estoy, con los del Sindicato y los de Recursos Humanos, pero nada. Y no nada más somos yo, somos varios. Estamos incomunicados en todo aspecto y abandonados por parte de Pemex”.
