Declararse culpable y 6 años de prisión, la nueva propuesta de Robles a FGR para cerrar proceso penal
La extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, propondrá a la Fiscalía General de la República (FGR) declararse culpable de no haber frenado los convenios que dieron paso a “La Estafa Maestra” en Sedesol y Sedatu, y aceptar una sentencia de seis años de cárcel por dicho delito.
Lo anterior a cambio de que la Fiscalía General de la República (DFGR) acepte cerrar, sin llegar a la fase de juicio, el proceso penal abierto en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Algo que hasta ahora la Fiscalía se ha resistido a llevar a cabo.
Esta nueva propuesta de la defensa de la exfuncionaria duplica la cantidad de años de prisión que habían planteado en su primera propuesta y que era de solo tres años de cárcel. Era una opción que de haber sido aceptada por la Fiscalía implicaba la libertad casi inmediata de Robles.
Aunque aceptar un procedimiento abreviado como el que propone la defensa de Robles significa que se le impongan las penas mínimas, la diferencia es que Robles estaría concediendo que también se le condene con las agravantes de ser un delito que se cometió de forma reiterada y que ocurrió en dos dependencias.
Dado que la Fiscalía le imputa un doble cargo de ejercicio indebido del servicio público, uno por lo ocurrido en Sedesol y otro en Sedatu, esto representaría tres años de cárcel por cada uno de los cargos, que sumados darían una sentencia de seis años de prisión en total.
Aunque dicha pena de seis años – de ser aceptada – podría recibir alguna reducción por los beneficios que la ley contempla, ya no significaría la libertad inmediata de Robles quien hasta ahora lleva un año y medio presa. Los seis años, son poco menos de la tercera parte de los 21 años de prisión que la FGR pidió como pena máxima en su acusación.
En lo que Robles no se moverá en su nueva propuesta, al menos de momento, es en aceptar el pago de cinco mil millones de pesos que la FGR le exige como reparación del daño caudado, y que es un punto que también ha complicado las negociaciones.
La Fiscalía reclama el pago de dicha cantidad bajo el argumento de que ese fue el monto que se desvió de la Sedesol y Sedatu como resultado de la firma de convenios que Robles fue omisa en frenar, pese a que existían advertencias de la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en torno a los mismos.
Sin embargo, la defensa de Robles encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta ha sostenido que dicho pago es técnicamente improcedente dado que a su representada no se le imputa haberse robado o enriquecido con ese dinero, sino solo un tema de omisión que es de consecuencia formal y no material.
De hecho, en la audiencia inicial en la que Robles fue vinculada a proceso en agosto de 2019, el juez Jesús Delgadillo Padierna le señaló que no se le acusaba de malversar ese dinero o apropiárselo, sino de haber sido omisa al no prevenir el posible desvío de recursos a través del convenio referido.
Finalmente, y como parte de su propuesta, Robles insistirá en la petición de dialogar con un funcionario de alto nivel de la Fiscalía para plantear la posibilidad de volverse una testigo colaboradora y declarar por hechos de corrupción en el sexenio pasado, a cambio de que se le conceda un criterio de oportunidad que cancele la orden de aprehensión girada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
¿Qué sigue? Una negociación compleja
La nueva propuesta de Rosario Robles, que ella le comunicó a sus abogados el día de ayer, será formalizada ante la Fiscalía en las próximas horas. Luego deberá darse una negociación en torno a la misma que se prevé sea compleja.
Ello ya que hasta ahora la FGR no ha querido negociar directamente con la exfuncionaria bajo el argumento de que cualquier proposición que no incluya reparar un daño es inaceptable. El juez federal a cargo del proceso, Ganther Villar Ceballos, tuvo que intervenir para demandarle a los fiscales que busquen directamente a la exfuncionaria y aborden la posibilidad de una salida alterna al proceso.
En la última audiencia judicial de este caso realizada el pasado 26 de febrero, a cuyo audio tuvo acceso Animal Político, la defensa de la exfuncionaria insistió en que sean funcionarios de alto nivel de la FGR los que dialoguen directamente con Robles para deliberar si es posible alcanzar o no un acuerdo.
La propia Robles tomó la palabra para expresar en varias ocasiones su extrañeza por el trato desigual que la Fiscalía le daba a otros exfuncionarios con criterio de oportunidad – en clara alusión a los casos de Emilio Lozoya y Emilio Zebadúa – mientras que con ella no se habían sentado siquiera a platicar.
“Nadie me visitó en el penal de Santa Martha Acatitla, nadie me ha hecho a mí una propuesta, me extraña enormemente las posturas que aquí se han señalado, no sólo por los casos que son públicos, que todos conocemos, de gente que fue trasladada en helicóptero a un hospital sin pisar la cárcel (Emilio Lozoya), y quien está en la misma causa conmigo (Emilio Zebadúa) y no ha pisado un minuto la cárcel, porque se le dio ese criterio de oportunidad”, indicó Robles ante el juez.
En ese contexto, la exfuncionaria insistió en que necesita que un funcionario de alto nivel y con capacidad de decisión de la FGR la visite para que escuchen lo que tiene por ofrecer. Y prometió que “no mentiría” a cambio de obtener un criterio de oportunidad, y hablaría con la verdad “aunque no sea la que muchos esperan”.
El juez Villar Ceballos dio un plazo final de un mes para llevar a cabo el acercamiento, y convocó a la reanudación de la audiencia intermedia para el próximo 26 de marzo. En dicha audiencia las partes deberán comunicar si es procedente el procedimiento abreviado o, en su defecto, se avanzaría con la presentación de pruebas para el eventual juicio.
