Murieron 335 mil personas por la pandemia en 2020, equivalente a la población de la alcaldía Miguel Hidalgo
El año pasado, apenas entre el 18 de marzo —día que se registró la primera muerte por COVID— y el 31 de diciembre, murieron 335 mil 712 personas por la pandemia.
De este número, solo una tercera parte es reconocida oficialmente como fallecida por COVID, mientras que el 60% restante murió por otras enfermedades, por falta de atención médica o no logró confirmarse si habían sido contagiados por el nuevo virus.
Los fallecidos por la pandemia no solo hicieron que 2020 sea el año con mayor número de mexicanos muertos de la historia contemporánea, sino que además equivale a todos los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México; o a la población total de cuatro municipios del Estado de México como Amecameca, Atenco, Tultepec y Valle de Bravo.
La tragedia que significó para miles de familias perder a uno o varios de sus integrantes durante la crisis sanitaria se compara a que, por ejemplo, 39 municipios de Chiapas se hubieran quedado sin habitantes, un tercio de la entidad.
El impacto de la pandemia en México implicó que ocurrieran 1.5 muertes cada minuto durante 2020, a que cada hora murieran 38 personas, y que cada una de esas familias tuvieran un duelo en solitario y se enfrentaran a servicios funerarios rebasados para la incineración o entierro de los cuerpos.
Los 335 mil 712 fallecidos en 2020 es lo que se denomina “exceso de mortalidad”. Esto son las muertes no esperadas, según la tendencia de fallecimientos de los anteriores. En cada región ocurren prácticamente el mismo número de muertes de acuerdo con las condiciones de salud de su población, pero cuando sucede una guerra o, en este caso una pandemia, además de las muertes esperadas, se registran fallecimientos adicionales.
Animal Político y Proyecto Li calcularon el exceso de mortalidad con base en solicitudes de información al Registro Nacional de Población (Renapo), a los registros civiles de cada entidad federativa, y los datos publicados por la Secretaría de Salud para el mes de diciembre.
Así, mientras en 2019 ocurrieron 717 mil fallecimientos, según el INEGI, en 2020 hubo un millón 54 mil muertes. El exceso de mortalidad es la diferencia entre ambas cifras, lo que significa que 335 mil 712 fallecimientos ocurrieron por la pandemia —entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre—. Y de ese total, 137 mil murieron por COVID.
El punto más crítico estuvo en julio, pues 14 entidades registraron el mayor número de muertes en ese mes: Guerrero, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Yucatán, Sinaloa, Quintana Roo, Guanajuato, Tabasco, Colima, Tlaxcala, Campeche y Veracruz.
Mientras que cinco más tuvieron el peor mes en diciembre: Jalisco, Hidalgo, Baja California, Querétaro y Aguascalientes. El Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, registraron el mayor número de fallecidos en mayo. Chiapas y Sonora en Junio. Tamaulipas, Baja California Sur y San Luis Potosí en agosto; Michoacán en septiembre y Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila en noviembre.
Esto derivó en que la tasa de muertes adicionales a las esperadas 2020 se ubicara en 266 por cada 100 mil habitantes en el país. De acuerdo con la medición que hace The Economist entre 50 países, México se ubicaría por debajo de países como Perú, con una tasa de 355 o Rusia con una tasa de 291, pero por arriba de Estados Unidos con 168 o España, con 177.
Mientras que al comparar entre entidades del país, la Ciudad de México tiene la mayor tasa de muertes en exceso con 600 por cada 100 mil habitantes, le sigue Chihuahua con 360, Tlaxcala con 359 y Baja California con 338.
Y otras cuatro entidades también superan la tasa nacional de 266 muertes en exceso: Puebla (313), Coahuila (308), Estado de México (294) y Zacatecas (270).
Además, a nivel nacional abril tuvo 8 mil 885 muertes en exceso y cada mes creció hasta llegar a 57 mil 539 fallecimientos de más en julio. Disminuyó en septiembre y octubre , pero aumentó en noviembre para terminar con 52 mil 162 fallecidos en diciembre.
Esto derivó en que la tasa de muertes adicionales a las esperadas en 2020 terminara en 263 por cada 100 mil habitantes en el país. De acuerdo con la medición que hace The Economist entre 50 países, México se ubicaría por debajo de países como Perú, con una tasa de 355 o Rusia con una tasa de 291, pero por arriba de Estados Unidos con 168 o España, con 177.
Mientras que al comparar entre entidades del país, la Ciudad de México tiene la mayor tasa de muertes en exceso con 613 por cada 100 mil habitantes, le sigue Chihuahua con 354 y Baja California y Tlaxcala con 350.
Y otras cuatro entidades también superan la tasa nacional de 263 muertes en exceso: Puebla (312), Sonora (204), Coahuila (301) y el Estado de México (287) sobrepasan la tasa nacional.
Entre los posibles factores están la reconversión hospitalaria que derivó en enfocarse sólo en atender COVID, dejando sin atención suficiente al resto de enfermos y, hacia diciembre, la saturación en hospitales habría limitado la atención oportuna para quienes lo requerían.
También el déficit de personal sanitario para atender a contagiados y la falta de pericia para la manipulación de ventiladores, la ausencia de la actualización permanente de protocolos de diagnóstico.
Las razones
“En México se ha manejado de una manera incorrecta lo relacionado con la pandemia. El hecho de que estén muriendo tantas personas quiere decir que no se está brindando la atención ni la detección correcta de la enfermedad con el tiempo mínimo necesario”, sostiene Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM.
Sobre el tiempo de atención médica, hubo una instrucción muy clara al principio de la pandemia. La única razón para acudir a un hospital era la insuficiencia respiratoria y, sobre todo cuando tuviesen condiciones de riesgo para complicarse como ser mayores de 60 años, menores de cinco años, mujeres embarazadas o tener enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmune como enfermedad pulmonar, cardiaca y diabetes.
“Si no están en esa situación, mejor que se queden en casa porque lo más probable es que no se trate de coronavirus; y aun cuando se tratara de coronavirus, lo más probable es que va ser el 80 por ciento de personas que no van a tener complicación alguna”, indicaba el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la primera muerte a causa de COVID.
Todavía en septiembre de 2020, la instrucción fue que los enfermos con “un cuadro de enfermedad respiratoria aguda, infección respiratoria aguda debe estar acompañada de una persona que le ofrezca un cuidado” y sólo “para las personas con cuadro grave, es decir, las personas que presentan dificultad para respirar, dolor en el pecho y un nivel de oxigenación por debajo del 93 por ciento deben acudir de forma urgente a un hospital”, explicaba Ricardo Cortés, director general de Promoción a la Salud.
Esto, dice Malaquías Cervantes, fue un “error gravísimo de interpretación porque al principio se pensó que la COVID era como la influenza, pero resultó diferente. Se necesitaba ajustar las decisiones para corregir y traer rápido a la gente a los hospitales. La insuficiencia respiratoria significaba que ya era caso grave y estaban llegando muy tarde a los hospitales”.
Otro aspecto determinante fue la reconversión hospitalaria, es decir, los hospitales concentraron la mayor parte e sus camas para atender a pacientes COVID, lo que implicó que casi tres millones de personas no tuvieran atención para tratar el resto de enfermedades.
Esto es considerado como “la muerte indirecta, pues alguien no recibió una atención adecuada porque el sistema de salud estaba volcado a otra cosa”, explica Alejandro Macías, titular del Área de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Guanajuato.
Otro factor es que aunque prácticamente casi todo el año la ocupación hospitalaria se mantuvo por niveles debajo del 60%, en diciembre se incrementó, sobre todo en la Ciudad de México hasta 80% y estados como Zacatecas hasta en 94%. Y si las personas no conseguían cama de hospital terminaban siendo atendidos en sus casas.
Pero en este caso, uno de los tratamientos indispensables fue el oxígeno medicinal, que en el último trimestre del año registró desabasto, se incrementó el precio y las familias pasaban horas en filas para comprar tanques o recargas.
El tratamiento y los especialistas
Si bien la reconversión fue una reacción ante la pandemia aún con los recortes al sector salud y a lo maltrecho del sistema hospitalaria y tuvo alcances importantes para que el sistema no colapsara, “no quiere decir que los pacientes hayan tenido necesariamente buena atención dentro de los hospitales. Sabemos que hay hospitales donde aun cuando la gente tenía atención, pero esta no fue de la mejor calidad”, dice Alejandro Macías, quien fue comisionado de Influenza durante la epidemia de influenza AH1N1 en 2009.
Además, la atención hospitalaria pasa necesariamente por “la estandarización de los protocolos de atención que se han pasado por alto y es muy importante porque hay pacientes que tal vez están muriendo por el mal manejo, no por la enfermedad”, agrega Malaquías López, también integrante de la Academia Nacional de Medicina.
Los lineamientos, dice, tendrían que ser emitidos por el Consejo de Salubridad General, pero es “un organismo casi fantasma”. Tendrían que haber estado en sesión prácticamente permanente para ir abordando todos los problemas que se fueran identificando durante la pandemia.
Por ejemplo, ni siquiera hay un criterio estandarizado en el país sobre el uso de la ivermectina, un medicamento sometido a diversos estudios y del que la Organización Panamericana de la Salud hizo la recomendación de no usar como tratamiento contra la COVID en junio de 2020, información que fue retomada por la Secretaría de Salud en su portal como documento de consulta.
El enero pasado, el Panel Multidisciplinario de Expertos (PME) de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad determinó que “no se cuenta con evidencia científica suficiente para recomendar el uso de ivermectina sola, azitromicina sola y de ivermectina combinada con azitromicina, como tratamiento para la COVID-19 en ninguna de sus etapas”.
Sin embargo, el IMSS sí sigue utilizándolo como tratamiento porque, según declaró el director general, Zoé Robledo en febrero, “la Secretaría de Salud no ha emitido ninguna recomendación, fue un panel de expertos y son dos cosas completamente distintas”.
Días después, el subsecretario Hugo López Gatell, respondió lo siguiente cuando se le preguntó sobre dicho tratamiento: “no hay un consenso todavía, algunas tendencias sugieren que sí, otras todavía sugieren que no y esperemos que en algún momento haya una resolución clara sobre si sí o sobre si no”.
Otro aspecto es que el sistema de salud afrontó la pandemia con un déficit de 200 mil médicos y 300 enfermeras. Aunque el gobierno federal contrató a 44 mil para sumarse al personal sanitario, esto sólo significó 8.8% del déficit.
A esto hay que sumarle que aún con la contratación de personal sanitario, no todos eran especialistas ni entrenados para usar correctamente los ventiladores para los pacientes críticos con pérdida de capacidad pulmonar, y un uso equivocado podría causar daño al enfermo en lugar de ayudarlo.
“Todo eso combinado produce un escenario terrible en México. Son círculos viciosos y no ha habido ni la más remota intención de reconocerlos ni de actuar seriamente en búsqueda de posibles correcciones”, concluye Malaquías López.
Alejandro Macías advierte que si bien México no es Corea del Sur, ni China, “siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero también tenemos que ver que realmente de esas experiencias se podrían haber hecho en México y es lo que podemos discutir. Entre lo mejorable estaba más detección temprana, más rastreo y aislamiento de contactos, y desde mayo mucho mejor promoción del uso de cubrebocas”.
