Morena reserva los datos sobre las encuestas con las que eligió a sus candidatos en los estados

La dirigencia de Morena calificó como reservadas las encuestas que le sirvieron de base para seleccionar a sus candidatas y candidatos a gobernadores en 15 estados.

La reserva incluye no solo los resultados, sino también detalles metodológicos, como la batería de preguntas incluidas en el cuestionario, la muestra considerada, la modalidad de encuesta (presencial o telefónica), los periodos y zonas geográficas de levantamiento y cuántos entrevistadores hicieron el trabajo.

Las encuestas de Morena han sido criticadas hasta por los mismos aspirantes debido a la falta de transparencia del partido, que ha proclamado ganadores a ciertos perfiles sin dar a conocer las pruebas que sustentan la selección.

A su vez, especialistas demoscópicos cuestionaron la metodología y la capacidad tecnológica y operativa empleada Morena para efectuar, en breves periodos, el levantamiento y procesamiento de cantidades masivas de información.

Dicha comisión está integrada por el escritor Pedro Miguel, la economista Ivonne Cisneros y Rogelio Valdespino Luna, un antiguo integrante de la Secretaría de Organización morenista, donde colaboró con Gabriel García, hoy jefe de los superdelegados y los llamados Servidores de la Nación.

En medio de esa opacidad, el partido anunció que hará una nueva consulta en Guerrero para definir su candidatura al gobierno estatal. En esa nueva encuesta podrá volver a participar, e incluso ganar, el senador Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso sexual.

En respuesta a una solicitud de transparencia de este medio, Morena rechazó entregar cualquier información relacionada con sus encuestas de selección de candidatos, desde los resultados hasta los elementos metodológicos de las mismas.

El partido sustentó su negativa en la Ley General de Partidos Políticos, que considera como reservada la información “contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas”. 

Sin embargo, el partido obvió el hecho de que la metodología no se puede considerar información “contenida” en las encuestas, como es el caso de los resultados, esos sí, amparados por la reserva de la Ley de Partidos.

La opacidad en torno a sus encuestas ya fue objeto de una impugnación del Tribunal Electoral federal. El pasado 25 de febrero, la Sala Regional Ciudad de México sancionó al partido por no haber transparentado la metodología y criterios de la encuesta con la que definirá sus candidaturas en Puebla para diputaciones locales y alcaldías.

Los magistrados electorales señalaron que la reserva de información sobre las encuestas, si bien existe, debe ser temporal; también asentaron que los aspirantes a cargos de elección tienen derecho a conocer los resultados de las mediciones para que puedan emprender una defensa jurídica en caso de precisarlo.

“Nunca nos mostraron los resultados”

Varios morenistas criticaron, e incluso impugnaron, las encuestas con las que el partido definió a sus candidatos y candidatas a los gobiernos estatales.

Esta semana, la senadora Nestora Salgado declaró a Animal Político que la dirigencia nunca mostró a los aspirantes los resultados de la encuesta con la que supuestamente Félix Salgado Macedonio ganó la candidatura al gobierno de Guerrero.

“Todos lo pedimos (ver la encuesta), yo creo que todos queríamos ver eso. No recuerdo ni qué me dijeron, pero nadie, de los compañeros con los que yo he platicado, ha visto el resultado de una encuesta. A mí no me interesa si quedo en el lugar 20, pero sí que me dijeran: ‘tu trabajo no ha servido’, por lo menos, y me quedo muy contenta para echarle más ganas”, dijo en entrevista.

“Nosotros (aspirantes) fuimos a una reunión donde se firmó un pacto de que el que perdiera se quedaría apoyando, es algo que se respetó, pero yo nunca vi que nos enseñaran una encuesta como tal, o que hayan sido las encuestas públicas y hayan dicho: ‘Fulano de tal quedó en primer lugar, Zutano en segundo, y así’, nunca lo vimos”. 

La senadora guerrerense, que fue líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, incluso dijo que sus bases de apoyo en Guerrero nunca vieron encuestadores de Morena ni recibieron llamadas telefónicas para ser entrevistados.

“De hecho, mi gente estuvo muy atenta, las estructuras que tenemos en Guerrero estuvieron muy pendientes de las encuestas, de las llamadas, y no hubo, no sabemos realmente cómo fue la encuesta, dónde encuestaron, dónde llamaron; al menos nosotros nunca hemos tenido claro eso”, comentó.

Uno de los casos más drásticos fue el de Colima. La diputada Claudia Yáñez renunció a su militancia en Morena tras acusar que la encuesta para definir la candidatura en ese estado había sido una farsa para justificar una imposición. La superdelegada en Colima, Índira Vizcaíno, fue presentada como ganadora por la dirigencia.

Vizcaíno ha sido denunciada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presunto uso indebido de los recursos públicos y nepotismo. Una de las denuncias fue presentada por la propia Yáñez.

“Es inadmisible que por intereses oscuros y previos acuerdos cupulares impusieran a ‘superdelegados’ como candidatos, algunos acusados de corrupción, pese a ser inelegibles por hacer equitativa la competencia, montando esa farsa en la que, pisoteando nuestros derechos, alevosamente usaron nuestros registros y cartas de adhesión para avalar esa imposición”, acusó Yáñez en su renuncia.

Otros dos morenistas, el chihuahuense Cruz Pérez Cuéllar y el zacatecano José Narro Céspedes, señalaron irregularidades en la encuesta, exigieron que se transparentara la metodología y anunciaron que impugnarían los resultados.

“No es posible que no nos hayan preguntado antes de hacer la encuesta sobre la metodología y quién iba a hacer la encuesta; inicialmente se había pactado que la encuesta se iba a hacer cara a cara, personalmente, hoy me dicen que se hizo en forma telefónica, las encuestas telefónicas no son confiables”, acusó el senador Narro mediante un video.

El legislador sugirió que, en lugar de diseñar una muestra técnica, el partido utilizó los padrones de beneficiarios de los programas sociales para inclinar la balanza a favor del superdelegado David Monreal, encargado de operar dichos apoyos del gobierno.

Por su parte, el senador Cruz Pérez Cuéllar dijo llanamente que las encuestas habían sido “cuchareadas”.

“Ninguna empresa tiene esa capacidad”.

El consultor Rafael Giménez-Valdés, quien colaboró con Morena en la realización de encuestas para la elección de 2018, señaló que, si el partido convoca a su militancia a inscribirse en un proceso de selección, debe darle confiabilidad al proceso y brindarle confianza a los participantes.

“Sí se va a generar malestar; hay lugares muy candentes en el campo de Morena donde tienen muchos candidatos capaces, y no veo cómo puedan no estar molestos en caso de que no ganen. Ése es el mayor daño que yo veo: gente que no gana, que no ve transparencia, que puede tener una molestia importante con el proceso; siempre es mejor la transparencia en todos los procesos”, dijo en entrevista.

El especialista, que fue coordinador de Opinión Pública del expresidente Felipe Calderón y jefe de campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012, calculó que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena tendría que procesar entre 250 y 300 mil cuestionarios de unas 30 preguntas para la selección de candidaturas a los gobiernos, las diputaciones federales y algunas alcaldías. Eso, sin contar los casos en los que el partido haga estudios para elegir candidaturas locales.

Giménez-Valdés señaló que, para aplicar tal cantidad de cuestionarios, se requiere una fuerza de campo de cientos de encuestadores. El costo de todo el proceso de selección de candidaturas por encuesta, estimó, rondaría los 60 millones de pesos.

“Definitivamente, las agencias mexicanas no tienen esa capacidad para levantar una encuesta así en un mes. Ninguna, ni la más grande”, concluyó.