MP solicita a Maru Campos, acusada de sobornos con Duarte, fianza y que no salga del país
Un juez de control fijó para el próximo martes 30 de marzo la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por el caso de la “nómina secreta”, en el que la Fiscalía del estado la acusa de presuntamente haber obtenido más de 10 millones de pesos en sobornos del exgobernador César Duarte.
La acusación sostiene que los presuntos pagos se efectuaron cuando Campos Galván era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015, y se extendieron a lo largo de 2016, cuando fue candidata a la alcaldía de Chihuahua para su primer mandato en ese cargo.
El Ministerio Público solicitó como medida cautelar en contra de Campos Galván que se presente cada mes ante el juez, dejar una garantía económica, no salir del estado y no reunirse con testigos protegidos o personas relacionados con el caso de la “nómina secreta”.
Entérate: Fiscalía acusa a candidata del PAN en Chihuahua, Maru Campos, de cobrar sobornos a empresarios
De acuerdo con el Ministerio Público, existen diversas propiedades de la imputada para establecer que cuentan con una garantía ante los tribunales, para responder por el dinero desviado.
Además de los exlíderes del PAN en el Congreso, otros personajes acusados de estar en la “nómina secreta” de Duarte son Cruz Pérez Cuéllar, actual senador de Morena; Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez; Hortensia Aragón, exdiputada local y exdirigente del PRD, y Fernando Reyes Ramírez, exdiputado local de MC.
También Javier Contreras Orozco, exdirector del Heraldo de Chihuahua; María Ávila Serna, exdiputada local del PVEM; Rodrigo de la Rosa, excoordinador del PRI en el Congreso local; Cristopher James Barousse, exlíder nacional de Jóvenes del PRI, y Teokali Hidalgo, exdirigente municipal del tricolor en la ciudad de Chihuahua.
Cinco de dichos personajes admitieron haber sido beneficiarios de los pagos de Duarte y se acogieron al criterio de oportunidad para colaborar con el Ministerio Público; como parte del acuerdo de reparación del daño, devolvieron en conjunto 19.2 millones de pesos al erario estatal.
