Juez procesa a subsecretario de Del Mazo por robo de expediente de La Casa Blanca
Un juez federal vinculó a proceso penal al actual subsecretario de la Contraloría del gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México, por su probable responsabilidad en la sustracción y desaparición del expediente que la Secretaría de la Función Pública (SFP) integró el sexenio pasado por el caso conocido como La Casa Blanca.
Se trata de José Gabriel “N”, quien en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se desempeñó como subsecretario de la SFP y antes como director de Responsabilidades de la misma dependencia. Actualmente es el titular de la Subsecretaría de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.
De acuerdo con autoridades judiciales, la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a José Gabriel “N” y a dos exfuncionarios federales más por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión por comisión.
Ello bajo la hipótesis de que dichos exfuncionarios tenían bajo su responsabilidad el resguardo legal del referido expediente y fue su omisión lo que permitió que fuera sustraído. Hasta el día de hoy, la indagatoria de este emblemático caso de posible corrupción no aparece.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito que se les imputa a los exfuncionarios federales puede alcanzar de dos a siete años de prisión. Dado que no es un delito grave, los ahora vinculados podrán continuar con el proceso en libertad, aunque el juez les impuso como medida cautelar presentarse periódicamente a firmar una hoja de control.
Animal Político buscó directamente a José Gabriel “N” en su oficina y a través del área de comunicación de la Secretaría de la Contraloría mexiquense para conocer su posición respecto al proceso iniciado en su contra, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
Vinculan a proceso a tres personas denunciadas por la Función Pública por la presunta sustracción del expediente de la «Casa Blanca»
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— SFP México (@SFP_mx) March 12, 2021
La indagatoria de la FGR que derivó en estas acusaciones se inició a partir de una denuncia que la actual administración de la SFP presentó ante el Ministerio Público en junio de 2019, luego de que detectaron que el expediente del procedimiento administrativo número 97/2014 del caso conocido como La Casa Blanca, había desaparecido de la bóveda de la institución.
Se trata de un procedimiento que en su momento abrió la Función Pública, a partir de los hallazgos de un reportaje publicado en noviembre de 2014 por el equipo de la periodista Carmen Aristegui, el cual reveló que Grupo Higa, contratista del gobierno de Peña Nieto, le había entregado a este y a su esposa una lujosa residencia en Lomas de Chapultepec.
Tras solo seis meses de investigación la SFP, en ese momento dirigida por Virgilio Andrade, determinó que su jefe, el expresidente Peña Nieto, no era responsable de algún conflicto de interés ya que el lujoso inmueble fue adquirido por su esposa, Angélica Rivera, y pagado con supuestos ahorros de la actriz.
El expediente de la Casa Blanca entonces fue archivado y luego… desapareció.
La investigación penal
A partir de la denuncia presentada por la Función Pública, la Fiscalía anticorrupción que dirige la fiscal María de la luz Mijangos integró la carpeta de investigación correspondiente y, tras un año y medio de trabajo, concluyó que José Gabriel “N” y los otros dos implicados eran probables responsables, por omisión, de la sustracción del expediente administrativo.
En el transcurso de la indagatoria, los fiscales establecieron que una persona emparentada con José Gabriel “N”, era la responsable del cuidado de la bóveda donde se encontraba la indagatoria referida.
Un mes antes de concluir el sexenio de Peña Nieto, otra persona distinta fue nombrada como responsable de la bodega y fue ella la que hizo la entrega recepción de todo lo que ahí se encontraba. Este fue uno de los argumentos de los imputados para sostener que ellos no tenían relación con el incidente.
Otro obstáculo en la indagatoria fue la falta de cámaras de seguridad en torno a la bodega donde se encontraban los documentos, y de protocolos de ingreso a la misma.
Sin embargo, los fiscales lograron acreditar de forma inicial que los implicados tenían el deber de cuidado del referido expediente que originalmente estaba en su poder. El movimiento de ese archivo y la evidencia que contenía no hubiera sido posible sin, al menos, la presunta negligencia y complicidad de los ahora imputados.
“Aquí la pregunta es que hay en ese expediente. Qué tipo de comunicación o de información existe que los involucrados prefirieron cometer un delito con tal de que ese expediente no se conociera”, dijo uno de los investigadores a este medio.
El pasado 9 de marzo la FGR presentó en audiencia inicial ante un juez de control del Reclusorio Norte la imputación en contra de los implicados. Tras escuchar a las partes el juzgador concluyó que había datos de prueba suficientes para abrir el proceso en contra de los implicados y ordenó tres meses de investigación complementaria.
Como medida cautelar y para verificar que los implicados están localizables, el juez les impuso la obligación de asistir quincenalmente a firmar una hoja de control ante la Unidad de Medidas Cautelares.
El subsecretario implicado
De acuerdo con su declaración patrimonial, José Gabriel “N” es licenciado en Derecho por la UNAM. Su carrera en el servicio público inició en el 2008 como asesor en la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.
De junio de 2011 a marzo de 2014 se desempeñó como director de Investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación y justo después ingresó a la Secretaría de la Función Pública, ya durante la gestión de Virgilio Andrade. Primero fungió como director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial y a partir de octubre de 2017 como subsecretario de la SFP, cargo en el que se mantuvo hasta noviembre de 2018, último mes del sexenio de Peña Nieto.
De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 16 de enero de 2019 José Gabriel “N” asumió el cargo de subsecretario de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, en el que se mantenía al menos hasta este 11 de marzo.
Tanto en la SFP como ahora en la secretaría de la Contraloría mexiquense, José Gabriel “N” ha tenido como su jefe Javier Vargas Zempoaltecatl. Este funcionario trabajó con Peña Nieto durante 12 años, tanto en su gestión como gobernador del Estado de México y luego como presidente. Vargas es el actual secretario de la Contraloría de la administración de Alfredo del Mazo.
Vargas Zempoaltecatl estuvo al frente del equipo de investigación que exoneró a Peña Nieto y a su entonces esposa en 2015 por el caso de la Casa Blanca.
