Juez ordena a la FGR iniciar investigación sobre masacre de Camargo
El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, Gerardo Eduardo García Salgado, determinó que la Fiscalía General de la República deberá iniciar una carpeta de investigación sobre la masacre de Camargo, Tamaulipas, en los próximos tres días. Hasta el momento la investigación estaba en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) ya que la institución que dirige Alejandro Gertz Manero había rechazado asumir las competencias a pesar de contar con agentes especializados como los de la Unidad Especial de Investigación de Delitos para Personas Migrantes.
Tras la masacre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó similitudes con otras matanzas contra migrantes perpetradas en Tamaulipas, como la muerte de los 72 en San Fernando en 2010. Aseguró que la diferencia estaba en que ahora no habría “impunidad”. Sin embargo, desde ese momento las autoridades federales se mantienen al margen de la investigación, dejando que sea la fiscalía estatal la que se haga cargo.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho presentó una demanda ante la FGR alegando que también existen delitos del ámbito federal que deben ser investigados. La respuesta de la institución que dirige Alejandro Gertz Manero fue negativa, y alegó que el caso se iba a quedar en Tamaulipas.
📢#COMUNICADO
¡Un paso hacia la #VerdadYJusticia desde el poder judicial! La resolución que ordena a @FGRMexico iniciar investigación por la masacre de #Camargo es un importante precedente que reconoce la dimensión social de las consecuencias de las #gravesviolaciones de #DDHH👇🏽 pic.twitter.com/ydEiZdRphI— Fundación para la Justicia (@FJEDD) March 26, 2021
La decisión del juez obliga a la FGR a abrir una carpeta de investigación en los próximos tres días. A partir de ahí deberá verificar si existen delitos federales. Esta iniciativa tendrá que ser del conocimiento de las víctimas indirectas, que son los familiares de los 16 migrantes guatemaltecos y de tres mexicanos que, se presume, trabajaban ayudando a cruzarlos al otro lado.
Entre los argumentos esgrimidos por el juez están que los agentes del Ministerio Público no pueden omitir su deber de iniciar una investigación ni descartar su competencia, que la existencia de una investigación estatal no impide que las autoridades federales inicien sus propias pesquisas y que nos encontramos ante una grave violación de los derechos humanos.
Los hechos ocurrieron el pasado 22 de enero, cuando fueron hallados 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas. De ellos, 16 correspondían a migrantes guatemaltecos que se encontraban en tránsito hacia Estados Unidos. De hecho, fueron sus familiares los que avisaron de la masacre después de recibir la llamada de los coyotes advirtiendo que habían sido atacados. Posteriormente se supo que al menos cinco migrantes sobrevivieron al ataque por ir en un vehículo distinto y que se encuentran en Estados Unidos, donde prestaron declaración como testigos protegidos.
Apenas diez días después de la masacre fueron detenidos 12 policías estatales que permanecen en prisión acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad documental, ya que la FGJE sospecha que alteraron pruebas en el lugar del crimen.
En el lugar apareció también una camioneta Toyota Sequoya que meses antes fue asegurada en un operativo contra el tráfico de personas en Nuevo León. Debido a esto, ocho agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron apartados de su puesto.
La masacre de Camargo está rodeada de incógnitas. Por el momento solo se sabe que hay 12 policías estatales en prisión y que fueron vinculados a proceso. Sin embargo, no se ha conocido el contenido de sus declaraciones ante el juez ya que el Poder Judicial clasificó el contenido de las audiencias.
Los cuerpos de los 16 migrantes fueron repatriados a Guatemala el pasado 15 de marzo. La mayoría de ellos eran indígenas mam de Comitancillo, en departamento de San Marcos, una zona pobre y rural del noroeste del país centroamericano con mucha tradición de migración hacia Estados Unidos.
“Esta resolución es un importante precedente a fin de reconocer la dimensión social de las consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos, que nos afectan a todos como sociedad, así como establecer con claridad las obligaciones de las autoridades fiscales en torno a la investigación de los delitos, cuyo avance no puede depender de la información que aporten víctimas o demandantes”, dijo en un comunicado la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que recordó que “la verdad y la justicia son un derecho fundamental de las victimas y de la sociedad que debe ser garantizado a cabalidad por el Estado mexicano”.
