Días antes de cumplir un mes como secretaria de Educación, Delfina Gómez, pidió a subsecretarios, directores generales, titulares de Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales que redujeran el número de personal a su cargo, apelando a la política de austeridad de la actual administración.
A través de un oficio del 10 de marzo, la secretaria de Educación, explicó que “en relación a la política de austeridad que nuestro señor Presidente ha impulsado”, les pedía que en los próximos días le presenten “la propuesta de reducción de personal”, reconsiderando el tamaño de su plantilla.
Esto, “haciendo eco de la frase de Don Benito Juárez: ‘Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado”.
Dicha referencia ha sido utilizada permanentemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para justificar su política de austeridad que ha significado el despido de cientos de burócratas desde el inicio de su gobierno y solicitud de entregar parte de su salario o prestaciones como el aguinaldo para ‘apoyar’ destinarlo en otros programas públicos como la compra de equipo médico durante la pandemia.
Gómez les informó que próximamente serían convocados para tener una reunión presencial para entregar la propuesta de recorte que “entrará en vigor a la brevedad posible”.
Sin embargo, la administración pública ya había tenido recortes de personal. En 2019, sólo en dos días, aproximadamente 300 personas acudieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para concluir el proceso de separación de la administración pública de dependencias como la SEP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de organismos como el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), y el Fideicomiso de Fomento Minero, pese a que tenían más de una década de antigüedad.
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Además, el presidente López Obrador presentó en abril de 2020 un plan para enfrentar en México la crisis sanitaria y económica que se registra a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19 y a la caída en los precios del petróleo.
Entre las medidas estuvo reducir el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25%, de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más; será menos el descuento para los niveles inferiores. Además, los altos funcionarios públicos (aplica de subdirector hasta presidente de la República) no tendrían aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.