En los últimos días México anunció diversas medidas para frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Tras la derrota electoral de Donald Trump y la llegada al gobierno de Joe Biden se generó la esperanza de mejores condiciones para las personas que tratan de alcanzar la frontera norte. Sin embargo, en los últimos días se creó una dinámica similar a la registrada en 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador apenas llevaba unos meses al frente del gobierno: el incremento del tránsito provocó las presiones de Washington y, al mismo tiempo, un endurecimiento de las medidas migratorias.
En este caso, México ha anunciado dos iniciativas. Por un lado, un despliegue policial escenificado desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un desfile casi militar y justificado para proteger a los “menores migrantes”. Por otro, con el cierre de la frontera sur para actividades no esenciales bajo el argumento de la pandemia por COVID19. Se trata de una medida que el gobierno de EU ya adoptó desde el inicio de la pandemia pero que México siempre se resistió a aceptar. Hace dos años Donald Trump amenazó con aranceles si no se limitaba la llegada de migrantes. Ahora, medios internacionales aseguran que el acuerdo fue a cambio de 2.5 millones de vacunas. El gobierno mexicano siempre dijo que estas decisiones las tomó por su propia soberanía.
En las últimas semanas se incrementó el flujo migratorio procedente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Por un lado, las condiciones que explican la huida de miles de personas procedentes de Centroamérica no habían cambiado. Pero, además, se añadieron nuevas, como el incremento de la pobreza a causa de la pandemia y los desastres naturales. En realidad, las organizaciones de derechos humanos ya advirtieron de que esto iba a ocurrir: en el momento en que se flexibilizaron las cuarentenas en el sur se incrementó la huida.
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Casi 100 mil migrantes fueron detenidos en febrero tratando de cruzar irregularmente hacia Estados Unidos, muy por encima de los 70 mil que fueron arrestados un mes antes. Estas cifras no toman en cuenta que desde el inicio de la pandemia por COVID19 en la frontera se impone un decreto denominado Titulo 42 por el cual las personas que son capturadas sin documentación son inmediatamente devueltas a México. Esto implica que mucha gente pueda tratar de cruzar la frontera en múltiples ocasiones. De hecho, desde que se puso en marcha esta iniciativa por parte del gobierno de Donald Trump, más de medio millón de personas fueron devueltas, la mayor parte de ellas mexicanas.
El gobierno de López Obrador anunció dos medidas: por un lado, el despliegue policial en la frontera sur y, por el otro, el cierre a cruces terrestres para actividades que no sean indispensables.
La primera medida es igual a la que se impuso en junio de 2019 cuando Trump amenazó con los aranceles. Durante el fin de semana no había constancia de un mayor despliegue pero se espera que en los próximos días haya más agentes en los lugares que los migrantes utilizan para cruzar. El jueves, el Instituto Nacional de Migración realizó un desfile que se presentó como un operativo para proteger a los menores migrantes, ya que más de 4 mil habían sido detectados desde enero.
Lo que realmente causa dudas es qué significa el cierre de frontera en el sur. Sobre todo, porque se trata de una medida que contradice lo que el subsecretario de Salud, Hugo Lopez Gatell, siempre ha defendido: que el cierre de fronteras no afecta al control de la pandemia. Según los lineamientos distribuidos por la SRE esto afecta especialmente al turismo y el resto de actividades seguirán igual. Pero la frontera con Guatemala, por donde pasaron cerca de 70 mil personas en los últimos seis meses, no está caracterizada por ser un paso turístico.
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Consultados INM, SRE y diversas fuentes oficiales nadie explica cuál será el efecto real del cierre por razones sanitarias. Ni siquiera se ha explicado si las personas que llegan desde Guatemala tendrán que presentar una PCR negativa. Tampoco, y esto es clave, qué ocurrirá con las personas que sean detenidas en un retén sin portar la documentación reglamentaria. El antecedente es lo que ocurre en Estados Unidos. Y ahí desde el inicio de la pandemia se suspendieron los derechos hasta el punto que no era posible solicitar asilo debido al estado de emergencia. México, al contrario, siempre aceptó el derecho al refugio incluso en mitad de la pandemia.
La llegada al gobierno de Joe Biden generó expectativas en el ámbito de la migración. Una de sus primeras medidas fue permitir que 25 mil personas que estaban dentro del programa ´Quédate en México´ se internasen en Estados Unidos después de más de un año aguardando pedir asilo. Uno de sus objetivos fue acabar con el campamento de Matamoros, Tamaulipas, convertido en símbolo de las políticas racistas de Trump. La realidad es que la demanda de asilo no terminaba en Matamoros, así que al mismo tiempo que este campo se retiraba se levantó otro en Tijuana, Baja California.
En los últimos días hay cientos de migrantes expulsados desde EU a través del título 42. Es decir, que la ley impuesta por Trump está siendo aprovechada por Biden. El expresidente abrió el camino para que extranjeros pudiesen ser aceptados por México como expulsados, algo que no está en la ley internacional. Ahora este mecanismo solo se ha ampliado. De hecho, familias que entraron desde Tamaulipas, por ejemplo, están siendo regresadas por Juárez o Tijuana. Es decir, que el demócrata está aprovechando una ley ideada por su rival para impedir el paso de los migrantes hacia el norte.