La búsqueda de desaparecidos en México no la detiene ni el COVID-19

A Jorge Aguiluz le desaparecieron a su hijo de 23 años el 30 de marzo de 2014 en Navolato, Sinaloa. Inmediatamente comenzó a buscarlo. Al año siguiente, en Las Aguamitas, un lugar cercano al pueblo costero donde vivía, encontró un cráneo. Las autoridades lo enviaron a la Ciudad de México para las pruebas de identificación. Era su hijo.

Don Jorge le dio sepultura. Aunque encontró a su muchacho, permaneció cerca de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Con ellos recorrió diversas partes de un país que en 2021 sumaría más de 86 mil desapariciones reconocidas oficialmente, además de cuatro mil fosas clandestinas.

Si bien es cierto que las desapariciones de personas y el hallazgo de fosas comenzaron mucho antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, los casos han aumentado en este sexenio. Según datos de la institución oficial de búsqueda de desaparecidos en México y dependiente de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los estados de Jalisco, Guanajuato y Tamaulipas encabezaron la lista de “personas desaparecidas y no localizadas” durante los primeros 22 meses del gobierno de López Obrador.

En el mismo periodo, las entidades con el mayor número de fosas clandestinas fueron Veracruz, con 180; Sinaloa, con 153, y Colima, con 149. Mientras que el registro de cuerpos exhumados lo encabeza Jalisco, donde se recuperaron 605 cuerpos; le siguen Sinaloa, con 253; Colima, con 232, y Sonora, con 143.

El 2019 fue el peor año del que exista registro: la CNB informó que hubo 8,345 reportes de personas sin localizar. Mientras se denuncian más desapariciones, también hay menos localizaciones. Con Peña Nieto, en los primeros 28 meses se localizó a 71% de las personas desaparecidas (26,951); con López Obrador, apenas se ha encontrado a 56% (24,138).

Buscar a los desaparecidos contra viento y marea…

La dinámica no podía detenerse por la emergencia sanitaria. Pese a los riesgos de contagio, con altas probabilidades de un desenlace fatal, los familiares de desaparecidos no podían interrumpir la faena. Contra toda adversidad, muchas buscadoras estaban más que dispuestas a enfrentar el desafío.

Porque el riesgo no era una posibilidad remota. Lo encarnó don Jorge Aguiluz, el rastreador de fosas que solía ser un sencillo pescador en Navolato, Sinaloa.

La imagen, publicada en Facebook, está acompañada de unas palabras. Alguien se pregunta en qué andará pensando hoy don Jorge Aguiluz: “¿Pensará en el sonido del mar, donde realizaba su vida de pescador, feliz, hasta que la delincuencia lo tocó?”.

Es un epitafio. Don Jorge ya no puede seguir buscando. Falleció de COVID-19 en febrero de 2021.

Veracruz: fosas clandestinas, no sólo ‘frutsis’ y ‘gansitos’

—¡Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos! —le gritó Araceli Salcedo Jiménez a Javier Duarte mientras él trataba de ignorarla con una sonrisa.

Era 2015, cuando el entonces gobernador declaraba que en Veracruz “hablamos de robos a negocios, de que se robaron un ‘frutsi’ y unos ‘pingüinos’ en el Oxxo”. Ese era el discurso de Javidú para evadir la discusión sobre la creciente violencia en el estado.

Araceli Salcedo, de 48 años, ha pasado casi una década buscando a Fernanda Rubí. Lleva una cuenta precisa de los ocho años y siete meses desde aquel 7 de septiembre de 2012, cuando desaparecieron a su hija de 21 años, en Orizaba.

Hoy, el exgobernador Javier Duarte está en la cárcel condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa y el gobierno estatal lo encabeza Cuitláhuac García Jiménez, del partido Morena.

La entidad ostenta el primer lugar nacional de entierros clandestinos, con 504. En Veracruz hay más fosas que municipios. Ante la magnitud del problema, el cambio de gobierno representó una esperanza para los grupos de buscadoras.

Después de tomar posesión en diciembre de 2018, García Jiménez se pronunció por el reconocimiento de las víctimas de desaparición en Veracruz. Programó reuniones mensuales de trabajo, pero las canceló a raíz de la pandemia. Los colectivos protestaron afuera del Palacio de Gobierno, pero no encontraron respuesta. El gobernador no los recibió.

—Fue una burla, porque las únicas veces que nos recibió fue como candidato. Posteriormente, al colectivo de Orizaba-Córdoba y a una servidora no nos recibe absolutamente para nada —añade Araceli.

La emergencia sanitaria terminó por sepultar las acciones de búsqueda en Veracruz. Los colectivos no pueden salir a buscar de forma independiente, porque necesitan los permisos y acompañamiento de la Fiscalía; las autoridades son las únicas que pueden realizar el protocolo de exhumación.

Fiscalía y el gobierno estatal convocaron a reuniones virtuales con el argumento de que el COVID-19 les impedía trabajar en campo. Ante la inactividad, el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, dirigido por Araceli Salcedo, decidió continuar la búsqueda cuando la entidad aún se encontraba en semáforo rojo.

—Las autoridades siguen con que no van a tener más reuniones presenciales porque todavía estamos en pandemia, pero mi hija, mi hija no sabe de pandemia.

Hace unas semanas, en febrero de 2021, las buscadoras recibieron varios mensajes anónimos, por diferentes vías, que revelaban la ubicación de fosas. Eso las condujo a Campo Grande, localidad de Ixtaczoquitlán, municipio enclavado en la zona de las Altas Montañas, cerca de Orizaba.

La parcela, llena de árboles de mango, palos mulatos y palmeras, yace en un valle entre dos cerros. La vida sobre la tierra contrasta con el horror que guarda. Si el colectivo de Araceli no hubiera salido, ahí seguirían los restos de diez personas. Y las que faltan por encontrar. Los mismos pobladores insisten en que “por aquí y un poco más allá” hay más entierros clandestinos.

Araceli ha llegado a pensar que los restos están mejor bajo tierra que en la Dirección de Servicios; de la Fiscalía General del Estado. El clima es templado casi todo el año, aunque a veces el calor puede llegar a los 36 grados. Por eso, la tierra y la humedad, a veces la roca, ayudan a conservar el tejido –los tatuajes, por ejemplo–, lo cual facilita la identificación. En cuanto los cuerpos son extraídos de las fosas, el calor de la zona acelera su descomposición.

Habla desde la experiencia. Araceli comenta que los 18 cuerpos extraídos en Los Arenales, en 2019, debieron haber sido enviados a las instalaciones de Servicios Periciales en Xalapa, dotadas de más capacidad de conservación; pero no: siguen en Orizaba, sin ningún cuidado. Las buscadoras temen que a los nuevos hallazgos les espere la misma suerte.

Hasta ahora, ninguna de las buscadoras de su grupo ha enfermado de COVID-19, pese a los trabajos en campo. Araceli no usa gel antibacterial: compra alcohol en volumen en una vinatería y se limpian las manos con él. Usan cubrebocas y toman distancia en el campo. No le preocupan las aglomeraciones; los primeros días eran como 100 personas, entre policías y funcionarios, pero con el transcurrir de las jornadas apenas quedaron ellas y un puñado de autoridades.

Todavía les queda trabajo por delante. El terreno donde escarban mide más o menos una hectárea. Y ya han recibido información de otras fosas en los alrededores.

La situación inquieta al gobierno de Cuitláhuac García, señala Araceli. Los hallazgos parecen evidenciar que las desapariciones forzadas y las fosas sucedieron durante esta administración; no son remanentes de gobiernos anteriores.

—Esto sigue y sigue y sigue pasando. O sea, no porque ellos digan “venimos a acabar con esto” ya se solucionó el problema. No es cierto. Por eso ellos no quieren que sigamos buscando, porque seguimos evidenciando.

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Las nuevas fosas de Guanajuato y sus desaparecidos

La violencia en Guanajuato no estalló ayer. Lo dice Yadira González Hernández. Más allá del teléfono se escucha el barullo de las voces de la Brigada de Búsqueda. Esa noche, ella duerme en una funeraria de una comunidad de Michoacán, donde empezarán a buscar por primera vez. Unos días antes de eso pasó varias semanas en Guanajuato con el colectivo Unidas Siempre Buscando.

Yadira ha ido a búsquedas en todo el país. Desde que a su hermano Juan se lo llevaron de su negocio de venta de autos en Querétaro, muy cerca de los límites con Guanajuato, el coraje ha sido su brújula:

—Aprendí a que, en vez de que me diera miedo, una injusticia social me diera rabia.

Los casos de desaparición en Guanajuato se remontan a 2014, incluso antes, pero se dispararon entre 2018 y 2020. La Comisión Nacional de Búsqueda informó que en estos últimos dos años se registraron 1,216 desapariciones en la entidad, por lo que ocupa el segundo sitio con más personas desaparecidas en el país.

Antes de 2019 no había registro de fosas clandestinas en el estado. En 2020 los colectivos encontraron un centenar, donde yacían los restos de más de 150 personas, entre Irapuato, Silao, Cortázar, Salvatierra y Acámbaro.

El gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, no tuvo más remedio que admitir la existencia de estas fosas, aun cuando la Fiscalía General del Estado intentó negar el fenómeno desde 2018.

Antes del 5 de julio de 2020, Rodríguez Vallejo no asistía a las mesas de seguridad del gobierno federal. Sin embargo, el hallazgo de fosas en Silao e Irapuato lo hizo cambiar de postura. Hasta entonces, el discurso oficial era el de apoyar a los colectivos; aunque, con la excusa del COVID-19, se intentaba frenar sus labores de búsqueda.

—Es que el COVID… Es que no se puede hacer ahorita la búsqueda porque Secretaría de Salud… Es que no te puedo dar la búsqueda porque no hay insumos… Es que estamos en semáforo rojo… —Yadira repite el rosario de excusas con el que la autoridad respondía a sus solicitudes.

Por un momento funcionó. Se limitó el aforo de las buscadoras, pero ellas encontraron la manera de seguir trabajando, a pesar del riesgo. Las medidas sanitarias eran posibles en campo, aunque no en el transporte: en una camioneta, una docena de personas apretadas apenas tenía espacio entre sí. El miedo no respondía sólo a la posibilidad de enfermar, sino a que la autoridad se enterara y les cancelara las búsquedas.

Entre febrero y marzo de 2021 los colectivos llegaron a un rancho en El Sauz Villaseñor, una comunidad rodeada de parques industriales. La fachada era ostentosa, había una bodega enorme, dotada de baños y una barra larguísima. A un costado de la nave, varias galeras y establos vacíos. También había un palenque con una construcción dentro: las manchas de sangre, los impactos de bala y algunas inscripciones en las paredes: “se los va a cargar la chingada por hocicones”, “Cártel de Jalisco”… les permite inferir que se trataba de una “casa de seguridad” de la delincuencia. Eso y los restos de veinte personas enterradas en las fosas que descubrieron a un costado de la construcción.

El rancho estaba a veinte minutos de Celaya. Tal cercanía con la ciudad es, para Yadira, sinónimo de “impunidad, descaro, tratos, alianzas con el gobierno”. Luego, encima de la desaparición y la muerte, el trato inhumano a las víctimas prosiguió con las autoridades.

Una de las fosas descubiertas la noche de un viernes quedó abierta, con la exhumación pendiente; cuando regresaron, el lunes, los restos habían desaparecido. Yadira no tiene idea de dónde están resguardados o qué hizo con ellos la Fiscalía General del Estado. Y mientras ella participaba en un plantón para denunciar las irregularidades, mientras protestaban, la Fiscalía aprovechó para sacar otro cuerpo enganchado de un pozo de sondeo (para extraer agua).

—Los colgaban con una garrucha, con una polea, amarrados, y los jalaban con una camioneta.

—¿Por qué hacían eso?

—El fiscal, Carlos Zamarripa, nos dijo que no había otra manera de hacer el trabajo, porque no cabía nadie en ese tubo como para poder entrar y extraerlos. Que eso, para él, no era un trato indigno.

Aunque depende de la Fiscalía para que los peritos procesen las fosas, extraigan los restos y los resguarden, lo cierto es que los colectivos son quienes presionan para que se hagan las búsquedas, investigan dónde hay fosas y revisan el terreno para dar con puntos positivos.

—Con pandemia, sin pandemia, con dinero, sin dinero, con fideicomisos, sin fideicomisos, con López Obrador, sin López Obrador… Con el gobierno que sea, los desaparecidos tienen que ser buscados. Nos queda claro que las instituciones no los van a buscar y, entonces, tenemos que buscarlos nosotros.

Sonora, donde las buscadoras hacen el trabajo de las autoridades

Buscar en el desierto es una lucha contra el reloj. En otras partes del país, los cuerpos pueden durar meses gracias a la humedad de la tierra. Pero en zonas arenosas y rocosas, como en Sonora, el calor destruye hasta el ADN de los huesos.

El clima también modifica la dinámica de búsqueda.

—Lo de menos es el cansancio y el terreno, pero el calor lo impide —cuenta Cinthya Maritza Gutiérrez Medina, líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, fundado en 2018.

En la zona de Guaymas el calor se vuelve insoportable de abril a agosto: hasta 46 grados a la sombra. Las búsquedas inician a las 5 de la mañana y paran antes del mediodía para evitar un golpe de calor.

Además del sol, en 2020 el coronavirus se convirtió en un nuevo enemigo para las Guerreras. Por un tiempo se quedaron en casa, difundiendo en Facebook algunas de las 600 fichas de personas desaparecidas en Guaymas y los alrededores, o dando seguimiento a los resultados de ADN de los cuerpos que ya habían encontrado.

Pero, muy pronto, el confinamiento se hizo insoportable. Necesitaban salir. Con todo y riesgos, las 40 familias que conforman el colectivo formaron un grupo de entre 10 y 12 personas. Así fue que volvieron a los desiertos sonorenses: guardando distancia y usando mascarilla todo el tiempo, guantes, gel antibacterial.

Según el mapa construido por A dónde van los desaparecidos, de 2006 a 2016 en Sonora se localizaron 86 fosas con 96 cuerpos. Sin embargo, de acuerdo con la CNB, tan sólo entre 2018 y 2020 se hallaron los restos de 143 cuerpos. Es decir, que en dos años se ha duplicado el número de hallazgos realizados en una década entera. Sonora es hoy la cuarta entidad con más cuerpos extraídos de fosas clandestinas a nivel nacional.

Sin embargo, en Sonora, donde gobierna la priista Claudia Pavlóvich Arellano, las autoridades no buscan. La sociedad civil suple las labores de búsqueda y las autoridades, simplemente, proveen resguardo.

En ese contexto, Patricia Flores Armenta, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, destaca que la pandemia se volvió una excusa para restringir las búsquedas.

Patricia busca a dos hijos. Alejandro desapareció en 2015, en Los Mochis, y Marco Antonio, el 4 de mayo de 2019, en Bahía del Kino. El COVID-19 no le preocupa. Se ha enfermado y recuperado.

En cambio, señala que hay una “pandemia de violencia” que se suma a la indiferencia de las autoridades: desconocen qué hace la Fiscalía del Estado con los restos que no se han entregado, y tampoco hay apoyos económicos, pues ellas costean todo.

—No ha habido ningún beneficio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ninguno. Es hora en que él no voltea a ver a los ojos a las familias de los desaparecidos.

El trabajo en plena crisis sanitaria ha sido apabullante. Las Madres Buscadoras han encontrado fosas entre Nogales y Hermosillo.

En febrero de 2021, Patricia recibió una llamada anónima y se trasladaron a la carretera 36, de la costa de Hermosillo. Encontraron una osamenta incompleta, sin cráneo. El pantalón, la billetera, la dentadura y el tiempo parecían coincidir con su hijo Marco Antonio. Se tumbó, impotente, frente al grupo de huesos. Otra compañera le había ayudado a recogerlos sin saber que, en realidad, era su hijo y no el de Patricia.

A Patricia le dolió enterarse que la prueba de ADN era negativa para ella, pero le reconfortó saber que su compañera encontró un poco de paz. La esperanza es potente, dice, y está segura de que algún día le revelarán dónde están sus hijos y los recuperará.

En Guaymas y Obregón, el colectivo de Cynthia, Guerreras Buscadoras, también ha encontrado nuevas fosas clandestinas. Pero, a principios de 2021, dieron con crematorios clandestinos, “hornos”, en la zona del Valle de Guaymas.

—Son hoyos que hacen alrededor de los cerros, en piedras, y están utilizando, al parecer, sopletes con fuerte cantidad de temperatura… Solo quedan fragmentos y de esos fragmentos es casi imposible identificar el ADN. Nos afecta bastante porque pueden decir la cantidad de cuerpos, pero no sacarles su ADN —explica Cinthya—. Casi son puras cenizas las que estamos encontrando.

Pese al cruel descubrimiento, el ánimo se sobrepone. Cinthya habla con sus compañeras y las motiva diciéndoles que no dejará de buscar hasta que encuentre el cuerpo de su hijo.

Gustavo Ángel Godínez Gutiérrez tenía 15 años e iba en tercero de secundaria cuando fue desaparecido el 30 de junio de 2017. Fanático del fútbol, tenía cuatro trofeos como campeón goleador. Cinthya busca a su hijo y a otro muchacho con el que desapareció. Lo último que supo fue que una patrulla de la Policía Municipal los detuvo. Este año su hijo cumpliría 19.

Las condiciones son adversas y el desierto, enorme. Del mismo tamaño, Cinthya les pide a sus hermanas de búsqueda tener fe.

—La fe nos tiene de pie.

La intimidación, estrategia oficial contra organismos civiles

Yadira González, buscadora de Querétaro y Guanajuato, refiere que la pandemia “le cayó como anillo al dedo” a la administración federal con el tema de las búsquedas de desaparecidos.

Anaís Palacios, abogada y defensora de derechos humanos, explica que las búsquedas de desaparecidos han continuado, pese a la contingencia sanitaria, porque todavía hay muchos restos humanos enterrados. El COVID-19, subraya, se convirtió en una excusa que abona a otras ya existentes: el clima, los trámites legales, los permisos para buscar en predios o la falta de personal.

Además, lamenta que la actitud oficial contra los defensores de derechos y otras organizaciones civiles no ha dejado de ser hostil, incluso durante la “4T”.

Anaís, quien participó en los grupos que surgieron a raíz del paso de la caravana del Movimiento por La Paz en Veracruz, destaca que existe una estrategia “cuatroteísta de eliminar a los intermediarios, a las organizaciones de la sociedad civil”. Desde campañas de descrédito, acoso o vigilancia, las situaciones afectan al acompañamiento de los colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Pone como ejemplo una noche de noviembre de 2019. Había dado acompañamiento a una víctima en la Fiscalía de Xalapa, Veracruz. Salió tarde de las oficinas y se dirigió a Coatepec, en los alrededores de la capital. Notó que la seguía una patrulla de la Guardia Nacional.

De repente, a la altura de la desviación hacia Pacho Viejo, la camioneta aceleró, le marcó el alto y le cerró el paso obligándola a detenerse. Bajaron cuatro elementos; los dos que iban en la batea le apuntaron con sus armas largas.

No era la primera vez que sentía sobre ella la presión de la Policía o de la Marina. Pudo continuar su camino, pero el miedo quedó ahí, sembrado.

“Te enfrentas a una serie de obstáculos que coartan tu trabajo y la posibilidad de seguir avanzando, de seguir acompañando, de seguir señalando”, dice Anaís al recordar. Luego sentencia: “Tienes al aparato estatal soplándote en la nuca”.

Esta investigación fue realizada por la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM /Corriente Alterna