Policías involucrados en masacre de Camargo piden ampliar plazo para presentar pruebas a su favor
Los doce policías estatales de Tamaulipas detenidos por la masacre de Camargo, en la que fueron asesinadas 19 personas, seguirán en prisión hasta la próxima audiencia. Todos ellos se adhirieron al término constitucional de 144 horas, es decir, que pidieron que se amplíe el plazo para que el juez determine si los vincula a proceso, según explicaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. La próxima audiencia tendrá lugar el lunes en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria.
No han trascendido detalles sobre las declaraciones de los agentes. Únicamente que la primera audiencia se alargó durante toda la jornada del miércoles y que se desarrolló a puerta cerrada.
Los agentes están señalados por la muerte de 19 personas, cuyos cuerpos fueron hallados el 22 de enero en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo. La mayoría de las víctimas eran migrantes guatemaltecos en tránsito hacia Estados Unidos. Hasta el momento no se ha determinado qué es lo que ocurrió en aquel paraje: solo que el grupo fue atacado y que 19 personas fueron asesinadas a tiros y posteriormente quemadas. Uno de los vehículos hallados en el lugar tenía 113 impactos de bala.
El fiscal Irving Barrios anunció el martes que la detención de los policías, pero no aclaró cuál es su responsabilidad en los hechos. Es decir, que se desconoce si son ellos los que apretaron el gatillo o actuaron apoyando a algún grupo del crimen organizado.
Sobre el móvil, el fiscal se limitó a apuntar a la pugna entre grupos delictivos por el control del territorio. La zona está disputada desde hace años por dos estructuras: por un lado, el cartel del Golfo y, por otro, el cartel del Noreste, escisión de Los Zetas.
Hasta el momento solo han sido identificadas cuatro de las 19 víctimas. Entre los mexicanos están Jesús “M”, quien era el dueño de la camioneta Toyota Sequoya que apareció en un operativo contra el tráfico de personas en el que fueron capturados 66 migrantes por parte de la Policía Municipal de Escobedo, en Nuevo León. También Daniel “P”, oriundo del Estado de San Luis Potosí, y a quien la Fiscalía vincula con el tráfico de migrantes.
Entre los guatemaltecos fueron identificados Élfego Roliberto Miranda Díaz y Marvin Alberto Tomás.
Todavía faltan 15 cuerpos por identificar y la Fiscalía confía que se haga en las próximas semanas. Familiares de las posibles víctimas en Guatemala ya han dado muestras de ADN. Los familiares fueron los primeros en avisar de la tragedia ya que recibieron la llamada de coyotes sobrevivientes que les alertaron de lo ocurrido.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que “no habrá impunidad” y que se perseguirá a los responsables de la masacre. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que integrantes de la policía del Estado son señalados por graves vulneraciones a los Derechos Humanos.
La secretaria de Gobernación del Ejecutivo federal también ha reivindicado la rapidez de las investigaciones y se negó a comparar la masacre con otros hechos luctuosos como la matanza de 72 migrantes en San Fernando, perpetrada en 2010.
