ONG promueve amparo contra desaparición de fondo de víctimas
La extinción del fondo a través del cual se garantizaba contar año con año con un presupuesto exclusivo para la atención a las víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos ya llegó a los tribunales. La jueza federal Ana Luisa Priego Enriquez abrió un juicio de amparo para analizar si dicha reforma representa una violación a la Constitución.
El proceso se puso en marcha gracias a una demanda presentada por la organización civil Centro Prodh, que interpuso este recurso luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejara pasar el plazo con el que contaba para promover una acción de inconstitucionalidad.
La ONG, que ha encabezado la representación de victimas de casos como Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, argumenta que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. A su vez, un colectivo de 20 familias de personas desaparecidas también promovió un amparo contra dicha reforma.
“Ante la omisión de la CNDH de no haber presentado acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma, estos amparos adquieren especial relevancia para revisar las violaciones a derechos humanos que representan estas modificaciones a la Ley General de Víctimas” indicó la organización.
Cesas Contreras, abogado del área de atención integral del Centro Prodh, dijo que la gravedad de la reforma no es la extinción directa de un fondo que, en efecto, presentaba problemas y era revisable. El problema es que se eliminó toda la disposición legal que establecía que cada año el Poder Legislativo destinaría una partida específica para apoyar a las victimas.
“Se afectó el artículo de la ley que establecía que año con año se tiene que dar un recurso etiquetado específicamente para la atención a víctimas, que no podía disminuir del año anterior y que además no podría destinarse a otro fin. Y si consideramos que la Constitución es clara en que no se puede retroceder en el avance de derechos ya conquistados, consideramos que esto debe ser revisado por un juez” dijo.
Animal Político publicó el pasado 9 de febrero que los pagos de indemnizaciones por violaciones a derechos humanos y compensaciones por delitos, que se financiaban con dicho fondo, se desplomaron más de 80% en 2020, y en el caso de las victimas de los militares cayeron hasta un 100%.
Familias de víctimas que exigen que no cesen los apoyos mantienen desde hace varios días plantones y una huelga de hambre en el exterior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación. La respuesta oficial, hasta ahora, es que se preparan nuevas reglas para que dichos apoyos no se pierdan.
“No tenemos conocimiento de que se haya convocado a las victimas para el diseño de esas supuestas reglas, pero además llega muy tarde porque esto debió ocurrir antes de la reforma. Y no cambia el hecho de que, en medio de una pandemia, de crisis económica, no se puede garantizar que haya un presupuesto para el próximo año (…) en los hechos, muchas personas no están recibiendo esos apoyos y sus trámites están suspendidos”, dijo Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh.
Retroceso y omisiones
La propuesta de desaparecer el fideicomiso de víctimas fue impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como parte de una estrategia para extinguir 109 fideicomisos que, según la iniciativa, resultaban onerosos y además estaban penetrados por la corrupción. En octubre las dos cámaras del Congreso aprobaron dicha iniciativa.
La propuesta subrayaba que la extinción del fideicomiso no afectaría a las víctimas, sin embargo, desde antes de que esto se aprobara los apoyos ya habían comenzado a desplomarse de forma coincidente con las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno. Tras la extinción del fideicomiso hubo ayudas que dejaron de entregarse.
Desde su creación en 2014 el denominado FAARI ya presentaba fallas de origen, según el análisis de diversos especialistas y del propio Centro Prodh. Excesiva burocracia y opacidad en su operación complicaban en muchas ocasiones una entrega rápida de los apoyos.
Aun con lo anterior, el fideicomiso del FAARI – operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas – se había convertido en un instrumento importante. Con el se había logrado, por ejemplo, financiar la búsqueda de víctimas de personas desaparecidas o los tratamientos de mujeres sobrevivientes de torturas sexuales.
El Centro Prodh destacó que a través de los recursos del fondo se logró cumplir con una instrucción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reparar a víctimas del caso Atenco. También se compensó de forma subsidiaria a familias de personas que fallecieron en los derrumbes del sismo de 2017.
“El fideicomiso no era nada transparente y se había aprovechado de manera arbitraria para atender algunos casos. Pero haberlo borrado sin dejar salvaguardas preocupa. Aun con sus fallas representaba un piso del cual partir y mejorar” dijo María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.
En ese contexto la organización civil considera que la CNDH tendría que haber sido la primera en poner en marcha todos los recursos legales a su disposición para que ello no se consumara. Más aún si se toma en cuenta que el 8 de octubre de 2020 la Comisión manifestó públicamente su “preocupación” por la reforma la Ley de Víctimas, situación que reiteró en el informe anual de su titular, Rosario Piedra Ibarra.
“Nosotros hicimos un análisis y es claro que legalmente tenían las facultades para presentar una acción de inconstitucionalidad por esta reforma que vulnera derechos humanos y que transgrede el principio de progresividad de los derechos, entre varios más…por eso es bastante notable esta omisión de la CNDH”, dijo la abogada Melissa Zamora.
El Centro Prodh destacó que la CNDH reportó haber promovido 113 acciones de inconstitucionalidad en 2020, pero solo una de ellas fue en contra de una legislación a nivel federal. El resto fueron acciones contra normas o disposiciones locales. “Han decidido voltear para otro lado pero no hacer su trabajo…” señaló María Luisa Aguilar.
Un amparo inédito
Ante la falta de acción de parte de la CNDH, víctimas y organizaciones decidieron llevar por su cuenta la extinción del fondo de víctimas ante los tribunales. En San Luis Potosí, por ejemplo, un colectivo de 20 familias de personas desaparecidas promovió un amparo ante la amenaza que supone dejar de recibir los recursos del fondo.
En el caso del Centro Prodh, el juicio promovido puede dar paso a un resultado inédito. Ello, ya que la demanda no se interpuso a nombre de un grupo específico de víctimas, sino de manera general, partiendo de la base de que una reforma legal como la aprobada puede generar un perjuicio en conjunto para la sociedad.
La organización ya consiguió materializar un primer paso luego de que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México analizara las constancias iniciales y aceptara, el pasado 4 de febrero, dar trámite a la demanda promovida y abrir el juicio de amparo indirecto 7/2021.
“Si el amparo progresa podría tener efectos generales, es decir, aplicar para todos. Habría que ver qué tan garantista sería la sentencia, pero lo que buscamos es que se determine la inconstitucionalidad de la reforma y que se instruya a la Cámara de Diputados a encontrar una vía para garantizar los recursos a las víctimas”, dijo la abogada.
De acuerdo con los registros judiciales, el próximo 23 de marzo la jueza Priego Enríquez ha convocado a una audiencia para determinar si concede o no una suspensión definitiva, y para el 12 de mayo se ha programado la audiencia final en la que se determinará si se concede el amparo.
María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, reiteró que no se busca volver a un fideicomiso que no de resultados, pero sí garantizar, por lo menos, la obligación de que cada año se cuente con un recurso para las víctimas y que este no pueda ser recortado. A partir de ello, dijo, pueden diseñarse las reglas de operación que se quieran.
