El juez federal responsable del proceso abierto en contra de Rosario Robles en el caso de la Estafa Maestra detuvo la audiencia en la que sería formalmente acusada de omisiones, y le ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) atender y resolver, en un máximo de cinco días, la pretensión de la exfuncionaria de colaborar para esclarecer los hechos.
Lo anterior tras considerar que la Fiscalía no ha procesado de forma seria y conforme lo marca la ley la petición de Robles de aceptar su responsabilidad en el caso sin ir a juicio a cambio de una pena reducida, y de denunciar a otros exfuncionarios de alto rango.
Como estaba previsto la audiencia intermedia inició a las 10 de la mañana por el sistema de videoconferencia. El objetivo era que la FGR expusiera oralmente la acusación en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu consistente en presuntas omisiones que, durante su gestión, habrían facilitado el desvío de mas de 5 mil millones de pesos del erario.
Sin embargo, antes de llegar a ello el juez Ganther Villar preguntó a los fiscales sobre si ya se había resuelto formalmente la petición de la imputada de optar un procedimiento abreviado en este caso, como parte de un criterio de oportunidad que busca en una segunda acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La fiscal presente respondió que habían recibido dicha propuesta de parte de la defensa, y que estaban de acuerdo con analizar una posible solución anticipada en el procedimiento, aunque el proceso continuaba bajo análisis.
Pero cuando el juez cuestionó a los fiscales si ya contaba con el aval de su superior jerárquico para ello, la funcionaria de la FGR dijo que aun no estaba listo.
Dicha respuesta molestó al juez quien le hizo ver a la fiscal que no podía tratar con ese con ese nivel de informalidad el caso, y mas aun cuando fue la propia FGR la que en su acusación por escrito había dicho que estaban abiertos a buscar una forma anticipada del proceso.
Por su parte, la defensa de Robles encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta reiteró que su clienta tiene la mejor disposición de colaborar con las autoridades tanto en el caso de omisiones – donde incluso estaría dispuesta a declararse culpable a cambio de una pena reducida – así como en la investigación que la SEIDO inició en su contra por delincuencia organizada.
Ante este escenario el juez Ganther Villaer suspendió la audiencia a tan solo una hora de haber iniciado y le dio a los fiscales un plazo de cinco días hábiles para que resuelvan formalmente la petición de la defensa, y que además justifiquen su respuesta en sentido positivo o negativa.
De esta forma la audiencia intermedia en contra de robles fue reprogramada para el próximo 26 de enero a las 10 de la mañana.
La FGR busca que un juez condene a la extitular de Sedesol y Sedatu a 21 años de prisión, a partir de una acusación por presuntas omisiones construida con 288 pruebas, más del 60% de ellas extraídas de trabajos previos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La acusación formal presentada por la FGR ante un juez federal tras un año de investigaciones ofrece como testigos principales a los auditores que indagaron posibles desvíos de recursos en Sedesol y Sedatu de 2013 y 2018, entre ellos el exauditor general Juan Manuel Portal, y la exauditora forense Muna Dora Buchahin.
En la indagatoria se incluye un solo peritaje en contabilidad realizado por la propia FGR. El resto de las pruebas son testimonios de funcionarios de las referidas dependencias, citados para que repitan que Robles no dejó algún oficio donde ordenara detener los pagos irregulares a través de convenios con universidades.
Rosario Robles Berlanga se ha declarado formalmente inocente y acusa presiones de la Fiscalía para que delate a exfuncionarios a cambio de recibir beneficios.