Gasto en cooperación con Centroamérica fue para rehabilitar centros de detención y trasladar migrantes: ASF
La Estrategia de Cooperación Financiera con países de Mesoamérica y el Caribe no gastó en 2019 un solo peso en apoyo internacional. El comité técnico del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, también denominado Fondo México, aprobó un presupuesto de 1 mil 262 millones 589 mil pesos dividido en tres rubros: programas sociales en Honduras y El Salvador (1 mil 188 millones 444 mil pesos, el 94,1% de los recursos autorizados), obras de rehabilitación en estaciones migratorias y lo que se denominó “Apoyo para el traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, que fue un plan para mover a solicitantes de asilo en EU devueltos a México a la frontera con Guatemala (74 millones 144 mil pesos entre estos dos últimos, el 5,9% de los recursos autorizados). Al final del año, únicamente se había gastado el dinero de los dos últimos paquetes ya que no se desembolsó un solo peso de los programas de ayuda. Además, las obras en estaciones migratorias, dos DIF y un albergue se pagaron “sin que hubiera validado y acreditado que los servicios contratados realmente se ejecutaron”, según la Auditoría Superior de la Federación.
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La estrategia de apoyo a Centroamérica, que existe desde 2011, con Felipe Calderón en la presidencia, experimentó un cambio de manos en 2019. El 25 de junio de aquel año pasó de la secretaría de Hacienda y Crédito Público a la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Dos semanas antes, el 7 de junio, el canciller Marcelo Ebrard había firmado un acuerdo con el gobierno de Donald Trump por el que se comprometió a frenar la llegada de extranjeros a la frontera.
A partir de ese momento, la Agencia Mexicana de Cooperación (Amexcid) es la que juega un papel clave en la estrategia de apoyo a Centroamérica, pensada en clave de control migratorio.
El proyecto estrella fue replicar en Honduras y El Salvador los programas “Jóvenes construyendo el futuro” y “Sembrando Vida”. Según determinó la auditoría, la estrategia se puso en marcha a pesar de que ninguno de los proyectos planteados cumplía con los requisitos de operación del Fondo México, de donde debían tomarse los recursos económicos.
“El Comité Técnico del FFIPMC autorizó apoyos financieros sin asegurar que cumplieran con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación de FFIPMC, ya que aun cuando ninguna de las 11 fichas técnicas, presentadas en 2019, cumplió con el 100.0% de los requisitos, 7 (63.6%) fueron autorizadas”, dice la auditoría en sus observaciones hechas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019.
Si no se trata de una auditoría forense, las dependencias cuentan con un lapso de 30 días, desde que son notificadas, para aclarar y solventar las observaciones. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable, según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Según el análisis del órgano auditor, la SRE y Amexcid realizaron reuniones con sus contrapartes centroamericanas para establecer procesos y objetivos, aunque los gastos generados en estos encuentros, que incluyeron viajes a Honduras y Guatemala, han permanecido opacos.
Además, “la Amexcid no proporcionó la documentación que permitiera acreditar los avances en todas las actividades establecidas en las fichas técnicas, ni sobre los mecanismos de control que la agencia tiene para documentar las actividades que realizó”.
Según investigaciones de Animal Político, los fondos destinados a la extensión de estos programas quedaron congelados en el Banco del Bienestar durante 2019 y 2020, cuando la pandemia por COVID-19 paralizó las operaciones. Posteriormente, el Fondo México fue suprimido tras la orden presidencial de acabar con los fideicomisos, así que debería ser la secretaría de Hacienda la que continúe con los programas. En febrero de 2021 solo se había desplegado el 6% de lo previsto, con poco más de 2 mil beneficiarios de los 40 mil previstos en un inicio.
Los programas “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional” fueron los únicos ejecutados, pero la ASF señala que no se dio explicación alguna sobre cómo se habían determinado prioridades y objetivos.
Mediante el procedimiento de adjudicación directa, Amexcid contrató servicios para la rehabilitación y mantenimiento de 10 estaciones migratorias: Acayucan, Iztapalapa, Mexicali, Tijuana, Tenosique, Ceibo, Siglo XXI- Tapachula, Hermosillo, Torreón y Saltillo, así como para los DIF Tenosique y Tapachula y para el Albergue Viva México, localizados en los estados de Veracruz, Ciudad de México, Baja California Tabasco, Chiapas, Sonora y Coahuila, respectivamente.
Según la ASF, con fecha del 26 de diciembre de 2019, “la Amexcid instruyó el pago correspondiente a los servicios prestados a las estaciones migratorias de Mexicali y Tijuana, aun cuando la emisión de la factura registró una fecha posterior a dicha instrucción”. Además, con fechas del 4, 6 y 24 de diciembre de 2019, se emitieron las facturas correspondientes a la prestación de servicios de las estaciones migratorias “Ceibo”, “DIF-Tenosique”, “Siglo XXI”, “DIF municipal-Tapachula”, “Saltillo” y “Torreón”, así como el albergue “Viva México”, “aun cuando no se había realizado el acta entrega recepción de los servicios de rehabilitación prestados”. Para las estaciones migratorias de “Hermosillo”, “Acayucan” y “Tenosique”, además de instruir el pago, éste fue efectuado sin contar con dicha acta.
“La Amexcid instruyó al Banco del Bienestar, S.N.C., la realización de los pagos por la prestación de servicios de 7 estaciones migratorias, los 2 DIF y el Albergue “Viva México”, sin que hubiera validado y acreditado que los servicios contratados realmente se ejecutaron”, asegura la auditoría.
El pago sin tener certeza de que se hubiese cumplido con las labores contratadas ser repite en el programa “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, sin contar con el acta de entrega recepción que validara que los servicios contratados se hubieran ejecutado. Según el informe, “se contrataron 66 servicios de traslado de migrantes en situación regular, con lo que se estimó una cobertura cercana a las 3,300 personas beneficiadas, pero en ninguno de los casos se acreditó la conclusión de los trabajos y, por lo tanto, se desconoce la población beneficiada”.
La ASF no toma en cuenta la naturaleza de estos viajes, que tiene su relevancia. Según revelaciones de Animal Político en agosto de 2019, algunos de estos viajes sirvieron para trasladar solicitantes de asilo en EU expulsados por Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta la frontera con Guatemala, a más de 2 mil kilómetros de su cita con el juez. La SRE argumentó que querían poner a salvo a los extranjeros debido a las condiciones de inseguridad. Organizaciones civiles censuraron el programa y denunciaron un plan de “deportaciones encubiertas.
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El informe de la auditoría permite ver que, al margen de medidas concretas de control migratorio, no existe estrategia de cooperación con Centroamérica. “Tampoco se realizó la evaluación anual a la Estrategia que permitiera valorar los resultados obtenidos, por lo que no se contó con elementos que permitieran acreditar los beneficios de los apoyos financieros otorgados, ni los avances en el cumplimiento de la finalidad de la Estrategia, para valorar su eficacia como instrumento para contribuir en el desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, así como en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la consolidación de relaciones sobre bases mutuamente provechosas, para coadyuvar, entre otros aspectos, en la reducción de la migración”, señala la auditoría.
