Caso Odebrecht: FGR le niega datos del expediente a una jueza federal; persiste opacidad
Con el objetivo de mantener bajo total confidencialidad una investigación que, según el INAI, ya debería de haberse desclasificado por ser de interés público, la Fiscalía General de la República (FGR) le negó a una jueza federal la entrega de datos de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, e incluso promovió una queja en contra de dicha jueza por habérselos pedido.
La queja de la fiscalía, que fue desechada por los magistrados que la revisaron por ser notoriamente improcedente, detuvo un juicio de amparo que una organización civil promovió para que se les reconozca como victimas en el caso, y se les permita tanto el acceso a la carpeta de investigación, así como a los videos de las audiencias.
Documentos judiciales a los que Animal Político tuvo acceso revelan que el pasado 11 de agosto el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal admitió a trámite el juicio de amparo 375/2020 promovido por la asociación TOJIL: Estrategia contra la Impunidad.
TOJIL promovió el recurso en contra de la decisión de la FGR de negarle el reconocimiento de su calidad de víctima dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 correspondiente al caso Odebrecht, lo que dicha ONG había pedido bajo la tesis de que en los delitos de corrupción la sociedad es la parte afectada, y las organizaciones de la sociedad civil son sus representantes.
Junto con este reconocimiento dicha organización solicitaba a la FGR el acceso a datos de la carpeta de investigación y a los registros en audio y video de las audiencias, como corresponde a las víctimas de un caso. Todo ello fue negado por la Fiscalía
Tras revisar el planteamiento, la jueza federal Sandra Leticia Robledo Magaña consideró que había sustento para abrir un juicio de amparo y, como corresponde, le pidió a la FGR un informe en el que justificara la decisión que había tomado y las constancias del caso.
Sin embargo, en su respuesta el fiscal de la FGR, Kristian Javier Jiménez Hernández, solo reiteró su decisión de no concederla a TOJIL el reconocimiento de víctima ni acceso a algún dato del caso Odebrecht, pero no anexó los datos del expediente. Ante ello la jueza le advirtió de la imposición de una multa sino entregaba los datos del caso.
En ese contexto, el 18 de septiembre el referido fiscal promovió ante un Tribunal superior una queja en contra de la jueza Robledo Magaña a la que acusó de haber actuado de manera “arbitraria” al pedirle datos de la carpeta de investigación de manera presuntamente injustificada, y advertirle que le aplicaría una multa si no lo hacía.
FGR pierde otra vez… pero no cumple
La queja promovida por la Fiscalía fue turnada al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito cuyos tres magistrados decidieron, de forma unánime, desecharla por considerarla notoriamente improcedente. Lo anterior bajo la tesis de que la petición de la jueza para nada le causaba un perjuicio a la fiscalía y mucho menos la advertencia de la multa sino cumplía
Sin embargo, pese a la decisión del referido Tribunal, la fiscalía logró con su recurso frenar el avance del juicio de amparo promovido por TOJIL, el cual, continua sin reanudarse hasta la fecha.
La queja promovida en contra de la jueza Robledo Magaña es el último episodio de la política de la FGR de no transparentar detalles de la investigación por los sobornos a funcionarios pagados por la constructora Odebrecht, caso que ya cumplió cuatro años abierto sin que haya una sola sentencia.
En todo ese periodo la Fiscalía ha recurrido a múltiples recursos legales a su alcance para no desclasificar el expediente, y aun cuando los ha terminado perdiendo, esto le ha permitió alargar los procesos.
Por ejemplo, durante tres años la PGR y hoy FGR promovieron cuatro juicios de amparo con el objetivo de no dar cumplimiento a por lo menos 13 resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en las que ordenaba a la FGR elaborar una versión pública de la carpeta de investigación del caso y entregar diversos datos.
Todos los amparos, sin excepción, fueron negados por los jueces y en todos esos casos la FGR promovió con apelaciones para que tribunales superiores los revisaran. Las resoluciones judiciales concordaron con el INAI: el caso debe desclasificarse debido a que se trata de hecho de corrupción grave.
Sin embargo, y sin justificación legal alguna, la Fiscalía continúa negándose a transparentar datos del caso o a elaborar una versión pública de la misma, situación por la cual el INAI le ha advertido a los fiscales la posibilidad de imponerles multa se incluso denunciarlos por desacato.
La semana pasada el Instituto de transparencia también revocó la decisión de FGR de no dar a conocer la bitácora médica del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que quedó asentado que padecía diversas enfermedades y con la que se justificó no trasladarlo a un reclusorio tras ser extraditado.
Un año de opacidad e impunidad
El 12 de febrero se cumplió un año de la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en Málaga, España, país en el que permaneció retenido y encarcelado durante casi cinco meses hasta que fue extraditado a México, donde quedó en libertad condicional.
Hasta ahora la situación de Lozoya permanece sin esclarecerse. Si bien la FGR logró que fuera vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, hasta ahora no lo ha acusado formalmente para ir a juicio. En cambio, ha negociado con Lozoya un posible perdón a cambio de que funja como testigo colaborar en contra de otros exfuncionarios de mayor rango o por delitos más graves.
La colaboración de Lozoya no ha generado hasta ahora un resultado concreto. En su momento la FGR intentó proceder en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, pero un juez negó la orden de aprehensión solicitada. A finales de enero la Fiscalía solicitó a un juez una audiencia para procesar al exsenador Jorge Lavalle Maury, también denunciado por Lozoya, pero de última hora canceló la imputación.
Una línea del tiempo elaborada por TOJIL del año transcurrido tras la captura de Lozoya evidencia no solo la falta de resultados sino de transparencia. Por ejemplo, se detalla la realización de las audiencias iniciales en contra del exdirector de Pemex sin la posibilidad de que el público en general o la prensa pudieran acceder a ellas
La organización señala que hay tres juicios de amparo promovidos en contra de las decisiones del Poder Judicial de no permitir el acceso a dichas audiencias, o de la negativa de la Fiscalía de entregar los daros.
“Resulta muy preocupante el no tener acceso a nada de la información de este caso. Es muy extraño que un caso que ha estado en el ojo público no solo a nivel nacional sino internacional aquí se ha manejado con un completo secretismo especialmente por la FGR. Y es preocupante que el Poder Judicial también ha seguido esta misma línea de mantener todo opaco”, dijo Estefanía Medina, abogada co-fundadora de TOJIL.
La abogada insistió en que la publicidad y el escrutinio ciudadano ha sido un elemento crucial en otros países como Brasil y Perú para que los casos lleguen a una resolución de justicia. “Debido al triste historial que tenemos en México de corrupción y malos manejos es especialmente importante un control ciudadano que pueda evitar este tipo de malos resultados”, concluyó.
