EU expulsó a cientos de centroamericanos por pasos aislados y peligrosos de México con la excusa del COVID
Douglas, nacido en Tegucigalpa y de 26 años, quería llegar a Estados Unidos. Probó suerte la noche de Reyes, pero no hubo regalo para él. En medio del desierto, cuando ya estaba al otro lado de la frontera, la Patrulla Fronteriza dio el alto al grupo con el que avanzaba y lo capturó. A las dos de la madrugada del 6 de enero los agentes lo devolvieron a Nogales, Sonora. “Me quedé a la orilla de la aduana hasta las seis de la mañana, cuando pregunté por un albergue”, explica por teléfono. Solo y vulnerable, pasó la noche pegado a la aduana hasta que amaneció y pudo buscar ayuda.
El caso de Douglas ni siquiera está contabilizado como deportación y tampoco aparece en los registros de México, ya que ninguna autoridad estaba al otro lado cuando fue expulsado. Es como si nunca hubiese ocurrido. Esta es una práctica habitual desde hace casi un año. En concreto, desde el 21 de marzo de 2020, cuando el gobierno del expresidente Donald Trump aprovechó el contexto de pandemia de COVID-19 para implementar nuevas reglas en la frontera: se cerraron los cruces salvo para cuestiones esenciales y se impuso el Título 42, un mandato que permite que las personas que lleguen irregularmente sean inmediatamente devueltas a México sin opción a pedir asilo ni a ser procesados dentro de las leyes migratorias estadounidenses alegando que son un peligro para la salud pública.
Según un acuerdo de 2016 entre México y Estados Unidos, las repatriaciones debían limitarse preferente a 11 puntos fronterizos, que corresponden con ciudades como Tijuana, Baja California; Nuevo Laredo o Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, según la documentación facilitada por el Instituto Nacional de Migración (INM), las autoridades de EU ampliaron los municipios por los que se expulsa a lugares más aislados como Sonoyta o El Sásabe, en Sonora, o Puerto Palomas, en Chihuahua.
Desde que inicio la pandemia las autoridades no son claras al ofrecer datos acerca de las devoluciones exprés mediante el Título 42. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), entre marzo y noviembre fueron expulsados por esta vía 319 mil 841 personas, aunque es cifra llega hasta los casi 400 mil si se contabiliza hasta enero. Lo que no dice EU es cuántas de ellas son mexicanas y cuántas de otros países.
Una respuesta del INM a una solicitud de transparencia de Animal Político reveló que, de estos casi 320 mil expulsados hasta noviembre, un total de 17 mil 129 eran centroamericanos. En concreto, 6 mil 451 procedían de Guatemala, 7 mil 874 de Honduras y 2mil 714 de El Salvador. Es decir, que la gran mayoría de personas que trataron de cruzar irregularmente y fueron devueltas por las autoridades de EU son mexicanas. Sin embargo, el instituto que dirige Francisco Garduño no incluyó en su respuesta otras nacionalidades como cubanos o venezolanos que también están siendo rechazados en frontera.
Antes, la deportación terrestre solo afectaba a personas mexicanas y estaba regulada por un acuerdo de 2016 que establece 11 puntos fronterizos en los que se puede expulsar por unos horarios específicos. En el resto se prohíbe las deportaciones “salvo excepciones y con una apropiada comunicación al gobierno de México”. Desde marzo, las autoridades estadounidenses expulsan a la hora que lo desean y por el punto fronterizo que les resulte más cómodo. Además, incluyen también a guatemaltecos, hondureños, salvadoreños o venezolanos, que quedan en México a expensas de ser deportados por el INM o abandonados en zonas peligrosas y que no conocen.
Douglas fue expulsado por Nogales, que sí es un puerto autorizado. Sin embargo, según los mencionados acuerdos existe un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche para evitar, precisamente, lo que sufrió el hondureño: ser abandonado en mitad de la madrugada en un terreno hostil para él. Otros compañeros fueron expulsados en municipios como El Sásabe o Sonoyta, ambos en Sonora, o Puerto Palomas, en Chihuahua. Se trata de localidades aisladas y con fuerte presencia del crimen organizado. Los riesgos son tan altos que el INM llegó a hacer una solicitud pública a la Patrulla Fronteriza para que dejase de expulsar por los dos municipios sonorenses debido a los altos índices de inseguridad. La situación en la apartada localidad de Chihuahua es ahora “un caos”, según Rosalío Sosa, un conocido activista citado por el Diario de Juárez.
Los puntos por los que más centroamericanos fueron expulsados son Reynosa, Tamaulipas, con 10 mil 957 devoluciones; Sonoyta, Sonora, con 1 mil 185; y Puerto Palomas, Chihuahua, con 654. Es decir, que algunos de los lugares más apartados y peligrosos fueron los más utilizados para la deportación de migrantes.
Por estados, Tamaulipas fue el que más devoluciones registró, 11 mil 742; seguido por Sonora, 2 mil 120; Coahuila, 1 mil 685; Chihuahua, 940 y Baja California, 642.
Entre los datos ofrecidos por Migración hay otras cifras relevantes: 1 mil 470 de los expulsados eran menores de edad. Lo que no explica la institución es si iban acompañados o, por el contrario, estaban solos. Tampoco, qué es lo que se hizo con ellos: si se les dio acompañamiento o se les dejó abandonados.
Preguntado por Animal Político, el CBP argumentó que los acuerdos de 2016 solo aplican a la deportación de mexicanos, pero no a las devoluciones por Título 42. En este caso, la institución estadounidense explicó que utilizan el puerto más cercano al lugar donde el migrante fue capturado. Es decir, que este registro también permite conocer cuáles son los estados por los que las personas indocumentadas intentan cruzar a EU con mayor frecuencia.
Animal Político también quiso conocer la versión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Instituto Nacional de Migración, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“Las expulsiones son un estado de excepción en la frontera y México lo está aceptando. Las autoridades de EU están moviendo de una parte de la frontera a otra en lugares en los que no están autorizadas las deportaciones. No es que viole ninguna ley ni tratado, porque son arreglos que México acepta. El problema es que esta situación pone a la gente en situaciones de mucho peligro”, explicó Gretchen Kuhner, directora del Instituto de la Mujer Migrante (Imumi).
Animal Político documentó las torturas, extorsiones y asesinatos que sufren los extranjeros que trataban de alcanzar EU y que fueron recogidas en documentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ocultos hasta la publicación de la investigación. Además, el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas, de los cuales al menos 13 eran migrantes guatemaltecos volvió a recordar que México es un país muy peligroso para aquellos que tratan de alcanzar Estados Unidos o que son devueltos desde el norte.
Queda en el aire conocer qué es lo que México hizo con todos estos centroamericanos devueltos desde EU. En su respuesta, el INM se limitó a recordar la Ley de Migración y sus supuestos, lo que implicaría que aquellos que tuviesen documentación en regla podían permanecer en el país y aquellos en situación irregular fueron detenidos, encerrados y deportados. En el inicio de la pandemia, Animal Político documentó cómo centroamericanos que EU había expulsado eran abandonados en la frontera con Guatemala, que en aquel momento permanecía cerrada.
La aplicación del Título 42 fue una de las últimas medidas antimigrantes adoptadas por Trump. Ahora que el magnate ya no está en la Casa Blanca, su sucesor Joe Biden ha anunciado que revertirá algunas de sus políticas, como el programa “Quédate en México”. El nuevo mandatario dijo que buscará poner fin a la separación familiar, anunció el fin de la construcción del muro y promovió una moratoria de 100 días para las deportaciones (aunque en la última semana ya hubo expulsiones). Sobre el Título 42 todavía no se ha pronunciado, aunque organizaciones de Derechos Humanos ya le han interpelado públicamente para ponga fin a esta política.
