Estafa Maestra: ASF denuncia nuevos desvíos por más de 100 mdp en Sedatu; suman 39 casos vs gestión Robles
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desvío de más de 110 millones de pesos del presupuesto de la Sedatu en 2017, durante la gestión de Rosario Robles al frente de esa dependencia. Los malos manejos ocurrieron a través de la firma de convenios bajo la modalidad de “La Estafa Maestra”.
Con los nuevos casos suman 39 las denuncias penales que la Auditoría ha promovido en contra de las administraciones de Robles en el sexenio pasado. De ellas 26 corresponden a su gestión al frente de Sedesol y 13 en su periodo en la Sedatu. El monto de recursos desviados ya superaría los 6 mil millones de pesos.
La exfuncionaria se encuentra presa de forma preventiva desde hace año y medio, luego de que la FGR la acusó de omisiones al no haber frenado la firma de convenios que dieron paso a los desvíos. El caso se ha atorado en los últimos tres meses debido a una negociación entre las partes que no ha logrado resolverse.
Un juez federal le ha ordenado ya en dos ocasiones a la FGR que atienda formalmente la petición de la defensa de buscar una salida alterna al proceso en curso. Con este acuerdo Robles busca, además, volverse testigo de la propia Fiscalía para frenar una orden de aprehensión girada en su contra por lavado y delincuencia organizada.
Este viernes 26 de febrero el juez ha convocado a una audiencia a las 10 de la mañana para que ambas partes le comuniquen los resultados de la posible negociación. De no haber acuerdo ordenará que se avance a la presentación de pruebas con las que el caso estaría llegando a la fase de juicio.
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Las nuevas denuncias
El 17 de febrero la ASF formalizó dos nuevas denuncias ante la FGR por el posible manejo irregular de recursos en la Sedatu en 2017. La Fiscalía inició las carpetas de investigación correspondientes en contra de quienes resulten responsables, las cuales serán remitidas a una unidad especial encargada de indagar los casos relacionados con “la Estafa Maestra”.
Una de las denuncias se sustenta en los resultados de la auditoría 1381-DS-GF correspondiente a la cuenta pública 2017. Los auditores concluyeron que hubo un posible desvío de 40 millones de pesos que la Sedatu entregó a la empresa estatal Televisora de Hermosillo SA de CV para supuesto servicios de campaña, imagen y publicidad.
Como es habitual en estos fraudes, el dinero se entregó sin licitación alguna, aprovechando una excepción que contempla la ley para convenir directamente servicios con organismos de carácter público. Se trata de adjudicaciones directas a través de la firma de convenios.
De esta forma se transfirieron desde Sedatu los 40 millones a Televisora de Hermosillo SA de cv, sin embargo, esta subcontrató ilegalmente a otras dos compañías para que realizaran el servicio, y les transfirió 18 millones 335 mil pesos. Los otros 23 millones no fueron ejercidos, ni tampoco regresados.
Las dos compañías subcontratadas NATNIT SA de CV y CITDOC SA de CV resultaron ser empresas simuladoras de operaciones o fantasma. Los auditores detectaron la transferencia del dinero público que recibieron a un grupo de 16 compañías y personas más.
Ni Televisora de Hermosillo SA de CV, ni alguna de las empresas que participaron en las triangulaciones realizaron los servicios convenidos, pero aun así el dinero fue transferido por la Sedatu.
La segunda denuncia fue resultado de la auditoría 415-DE correspondiente a la misma cuenta pública. Entre el cúmulo de irregularidades detectadas en esta revisión, los auditores identificaron el desvío de 81 millones 156 mil pesos que, como es habitual en este fraude, fue entregado sin licitación a la empresa pública Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA).
Violando la ley, COMISA no realizó los servicios, sino que transfirió el cien por ciento del recurso público a cuatro empresas Comercializadora y Publicidad Roben, S.A. de C.V.; Donetsk, S.A. de C.V.; MC Iniciativa Gráfica, S.A. de C.V. y Servicios Publicitarios Graicy, S.A. de C.V.
Los auditores acudieron a los domicilios fiscales de estas compañías para solicitar pruebas que acreditaran los servicios realizados, pero se encontraron con que las empresas no estaban. Además, la revisión de registros federales arrojó que ninguna de las empresas tenía empleados y que no reportaban ingresos pese a que claramente los tenían. Se presume que son compañías fachada.
Debido a que no hay comprobación de que los servicios efectivamente se hubieran realizado, la ASF presume en este caso que los 81 millones de pesos habría sido desviados con fines desconocidos.
Horas clave para Robles
Con independencia de las denuncias presentadas, la situación jurídica de Rosario Robles llega a un momento clave este viernes 26 de febrero. El juez Ganther Villar Ceballos ha convocado a una audiencia para definir si el único proceso penal en curso en contra de la exfuncionaria llega a juicio, o si se opta por una terminación anticipada.
La decisión es relevante porque un posible acuerdo podría significarle a Robles recuperar su libertad en breve, luego de permanecer más de un año y medio encarcelada de manera preventiva.
La FGR no ha manifestado hasta ahora interés en aceptar una salida anticipada. La dependencia ha insistido en que cuenta con elementos para que Robles sea sentenciada a más de 20 años de cárcel y que además se le ordene el pago de más de cinco mil millones de pesos.
La defensa, en cambio, ha propuesto renunciar ir a un juicio que consideran es ganable, a cambio de que su clienta se declare culpable este mismo viernes, pero se le imponga una pena mínima y sin reparación del daño.
El juez ha requerido en dos ocasiones a la FGR que atienda formalmente la petición de la defensa y designen a un funcionario de alto nivel para la posible negociación, situación que hasta ahora no ha ocurrido. La defensa envió este miércoles dos oficios dirigidos a los fiscales del caso en los que insiste de inicio a este proceso.
En este contexto se llevará a cabo la audiencia programada a las 10 de la mañana ante el juez de control del Reclusorio Sur. Por medidas sanitarias la sesión se llevará a cabo a través de videoconferencia.
