ASF detecta posibles desvíos y malos manejos por más de 100 mdp en FGR, CAPUFE y Policía Federal
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó malos manejos y posibles desvíos por más de cien millones de pesos en contratos y pagos realizados en el actual sexenio en Caminos y puentes Federales, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y en la Fiscalía General de la República (FGR).
En total, los auditores identificaron 23 casos de posible corrupción y fraude al erario en las referidas dependencias. Las anomalías van desde transferencias de recursos de partidas sin justificación alguna, hasta contratos firmados sin el sustento suficiente, e incluso la falta de pruebas de que los servicios se hubieran llevado a cabo.
En el caso específico de CAPUFE, la ASF alertó que la cifra de irregularidades es tal que se puede concluir que dicha dependencia violó la ley de forma sistemática al ejercer los recursos, y que las anomalías no son la excepción sino la regla.
En la Secretaría de Seguridad, las anomalías se identificaron en contratos firmados y pagados con un grupo de empresas pertenecientes al denominado “Grupo Kosmos”, el cual ha sido evidenciado previamente por acaparar los contratos de alimentos desde hace varios años, e incluso ha sido sancionado por distribuir comida en mal estado dentro de centros penitenciarios.
Mientras que, en el caso de la FGR, aun con el cambio de sexenio y de administración persisten los malos manejos dentro de la partida especial destinada a los gastos de seguridad nacional, que en el sexenio pasado fue aprovechada para desviar mas de mil millones de pesos aprovechando los bajos controles que hay sobre ella.
A continuación, se detallan los principales hallazgos reportados por los auditores. En todos los casos, las dependencias implicadas aun cuentan con un lapso para aclarar las anomalías o regresar el dinero. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable.
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CAPUFE: Un caos de malos manejos
Los resultados de la auditoria forense practicada por la ASF concluyen que a lo largo de 2019 imperaron la falta de controles, los malos manejos y arteras violaciones a la ley en la asignación de contratos desde Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
Tan solo en una muestra revisada, los auditores identificaron el posible desvío de poco más de 83 millones de pesos como resultado de 16 procedimientos irregulares.
El abanico de anomalías identificado en el informe de resultados es amplio. La más grave es la falta de documentación que justifique y acredite el destino de decenas de millones de pesos. Pero a ello se suma la falta de supervisión de las empresas contratadas para cumplir a tiempo con los servicios, lo que en la mayoría de los casos no ocurrió, así como inconsistencias en los pagos revisados.
Los auditores también detectaron que CAPUFE pagó compromisos adquiridos en 2018 con recursos ejercidos en 2019 sin ninguna justificación para ello; emitió fallos y adjudicó contratos sin que se cumplieran los requisitos plasmados en las convocatorias; no verificó las pólizas de seguro de los proveedores; celebró contratos extemporáneos; en algunos casos argumentó causas de fuerza mayor para saltarse licitaciones; entre otros.
Incluso, CAPUFE convocó a procesos de adjudicación sin siquiera contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda.
De la muestra revisada, la anomalía más grave en cuanto a monto fue un contrato por más de 25 millones de pesos con las empresas Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V para el análisis de flujos de comunicación en 88 sitios. De dicho proceso, la ASF no encontró un solo documento que prueba la fecha, lugar y forma en que ese servicio supuestamente se realizó.
“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada (…) se concluyó que CAPUFE no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a que no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria el destino y ejercicio de recursos públicos federales por los importes observados”, indicó la ASF.
Policía Federal: Cierre sin broche de oro
El 2019 fue el último año de operaciones de la Policía Federal, tras ser sustituida por la Guardia Nacional. Como ocurrió en la mayor parte de su existencia, y aun pese al cambio de gobierno y adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los malos manejos e irregularidades en sus gastos persistieron aun con el cambio de gobierno.
El informe de resultados de la auditoria practicada sobre las erogaciones de dicha corporación identifica por lo menos cuatro posibles fraudes con recursos del erario, que derivaron en que hoy no se conozca el destino de más de doce millones de pesos.
Las anomalías identificadas por los auditores involucran, entre otras, a las empresas Kol Tov. S,A. de C.V. y Productos Seres S.A. de C.V., ambas pertenecientes al denominado Corporativo Kosmos, el cual fue señalado en investigaciones periodísticas de acaparar los contratos de alimentos en el servicio púbico desde hace varios años. Entre esos contratos están los de alimentos a distintos penales que, en su momento, le valieron sanciones a este corporativo debido a la repartición de comida en mal estado.
El 20 de marzo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado que no se adjudicarían contratos a compañías con irregularidades como Corporativo Kosmos, sin embargo, lo reportado por la ASF ahora confirma que el dinero siguió fluyendo a dichas empresas.
Entre las nuevas anomalías detectadas destaca las relacionadas con un contrato por el servicio de hospedaje y alimentos con la empresa Kol Tov, por las cuales la Secretaría de Seguridad pagó mas de seis millones de pesos extra (de manera extraordinaria) sin que hubiera una justificación para ello. Esa misma situación se registró en otro contrato y por un monto de casi cinco millones y medio de pesos.
Los auditores también detectaron que en varios contratos las empresa Kol Tov y Surtipractic ofertaron precios unitarios más altos que los que pagó Policía Federal en otro procedimiento y, pese a ello, no se detectó la irregularidad y se pagaron los servicios.
FGR: el mismo hoyo negro
En los últimos años la ASF ha identificado y denunciado graves irregularidades en el manejo de una partida especial del presupuesto destinada a gastos de “seguridad pública y nacional”. Por su naturaleza, son fondos que pueden asignarse con mayor flexibilidad que el de otras partidas del gobierno y, en ocasiones, en secreto. Pero esto ha dado pie a posibles hechos de corrupción.
Un ejemplo de ello fue el posible desvío de más mil millones de pesos que estaban destinados para la adquisición de equipo de espionaje en la entonces PGR en 2013 y 2014. Por ese caso ya se giró una orden de aprehensión en contra de quien fuera jefe de la Agencia de investigación Criminal, Tomas Zerón, actualmente prófugo.
Ahora, pese al cambio de sexenio y la evolución de la PGR en la Fiscalía General, los auditores han identificado nuevamente irregularidades relacionadas con el mismo fondo.
El informe de resultados de la auditoría practicada a los contratos firmados por la FGR en 2019 revela que en cinco procedimientos de adjudicación cubiertos con dinero de la partida de seguridad pública y nacional no hubo estudios de mercado que permitieran garantizar que los montos eran los adecuados.
De hecho, en tres de esos procedimientos la asignación de recursos a dicha partida se solicitó cuando el dinero ya había sido retirado y ejercido.
“Además, la FGR no verificó que las empresas adjudicadas de 4 contratos acreditaran que contaban con la capacidad técnica y de recursos humanos, lo cual, al tratarse de servicios que implican confidencialidad y secrecía, se debió asegurar de que el prestador del servicio contara con el personal propio para otorgar los servicios”, indicaron los auditores.
Al profundizar la revisión, la ASF también identificó 974 millones de pesos no ejercidos pero que tampoco se devolvieron. En algunos casos, como el de servicio de vigilancia en 25 instalaciones de la fiscalía, no hay documentos que prueben que dicho servicio se llevó a cabo en las condiciones pactadas. De hecho, no hay ni constancia de que hubiera existido.
Las anomalías detectadas permitieron a la ASF identificar que hay poco más de diez millones de pesos cuyo destino debe aclarecer la Fiscalía, o de lo contrario, se podría dar pie a la presentación de nuevas denuncias penales.
