SFP inhabilita a Alfredo Castillo, extitular de Conade, por omisión en declaraciones patrimoniales
La Secretaría de Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, por omisión en sus declaraciones patrimoniales durante tres años.
A través de un comunicado, la secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que la sanción fue impuesta tras una verificación de la evolución patrimonial de servidores públicos, en la cual se detectaron las omisiones de Castillo ante la dependencia.
Las faltas fueron hechas de 2014 hasta 2016, y se omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, entre las cuales sumaban más de 18 millones 300 mil pesos; según evidenció la investigación hecha por la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial.
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“Este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”, señaló Sandoval Ballesteros.
A través del mismo comunicado, la dependencia destacó que la omisión significó una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, legislación vigente al momento del acto, la cual establecía la obligatoriedad de presentar con “oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”.
A quien también fue comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán (2014) se le respetó la presunción de inocencia y la autoridad administrativa le garantizó el derecho de audiencia.
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Su caso es parte de los 26 mil 64 expedientes de responsabilidad administrativa que Función Pública inició con la entrada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre los cuales se han resuelto 20 mil 222, manifestó la dependencia por medio del comunicado.
“La nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”, afirmó Irma Eréndira.
