María fue detenida sin pruebas, la torturaron y lleva 5 años presa sin sentencia
María de la Concepción Sibaja Ramírez acaba de pasar su sexto Año Nuevo separada de su familia, encarcelada por delitos que no le han probado y sin sentencia. El caso lleva tres años totalmente parado porque no se ha presentado el perito ni la supuesta víctima de tráfico de personas por la que se abrió la causa penal 131/2015, en manos del Juez Séptimo de Distrito en Oaxaca, y con la emergencia por la pandemia de COVID-19 se ve más lejano todavía que vaya a avanzar.
Pero está en la cárcel porque firmó una confesión. Sí, la firmó porque asegura que los elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que la detuvieron la torturaron física, sexual y psicológicamente durante horas, la manosearon desde que la aprehendieron y la amenazaron con hacerle daño a sus hijos. Eso último, sobre todo, la dobló a aceptar lo que fuera.
Sin embargo, el abogado de oficio que ha llevado su caso le dijo que mejor no denunciara la tortura, porque la aplicación del Protocolo de Estambul para comprobarla iba a atrasar más las cosas, y aunque lo ha manifestado por escrito, el juez no lo ha tomado en cuenta para investigar y descartar dicha confesión.
Su caso acaba de ser retomado para el documental “Cana”, sobre tortura a personas encarceladas, y por la organización Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP). En México el 64% de las personas que han sido detenidas sufrieron violencia física en ese proceso. Además, las mujeres o personas LGBTIQ+ son víctimas de tortura sexual por parte de los agentes del Estado hasta cuatro veces más que los hombres: 72% de quejas de derechos humanos de mujeres detenidas incluyen este tipo de actos.
A María se le corta la voz cuando recuerda las vejaciones que sufrió en su detención, en entrevista telefónica con Animal Político desde el penal femenil de Tanivet, a 35 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.
“Desde que me detuvieron me dijeron que yo me tenía que declarar confesa de eso… Al principio preguntaba por qué me habían detenido, con muchas groserías me dijeron que, pues que yo me dedicaba al tráfico de indocumentados con mi exesposo y con otras gentes, y que yo lo tenía que aceptar… si no, ellos iban a ir por mis hijos. Yo les dije que sí, que yo iba a decir lo que ellos me dijeran… pero que no les hicieran nada a mis hijos… que yo iba a decir lo que ellos me dijeran que yo dijera”, cuenta sollozando.
“Después empezaron a manosearme… De ahí nos llevaron un rato a la PGR de acá de Oaxaca, y nos llevaron a SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) por carretera. En el camino a México me llevaron sola, iban dos hombres, uno de cada lado de mí, atrás del coche, otros dos adelante, el que manejaba y otro. Y también me fueron manoseando. No lograron violarme porque yo iba menstruando. Y así me lo dijeron, que eso me había salvado porque a ellos les daba asco”.
Después se enteraría que por la misma causa penal habían detenido en esas fechas a otras nueve mujeres y que varias de ellas sí fueron violadas. Otra, dice, iba embarazada de ocho meses, así que le sacaron al bebé y la amenazaron con dejarlo en un albergue del DIF en lugar de con su familia para obligarla a firmar su confesión.
Cuando María se encontró en un calabozo en la Ciudad de México pensó que pronto se iba a acabar esa pesadilla porque ella no había hecho nada. Pero apenas empezaba.
De intentar migrar a ser acusada de traficante
Los delitos por los que lleva poco más de cinco años presa María son tráfico de personas y delincuencia organizada, por supuestamente pertenecer a una organización transnacional que cruzaba migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, y que fue desarticulada en una operación conjunta entre ese país, México, Guatemala y El Salvador.
Pero la línea del tiempo de los supuestos hechos ni siquiera tiene sentido para quienes analizan el caso. En 2012, María cruzó la frontera sin papeles, fue interceptada y deportada; el IJPP cree que ahí puede estar la clave, en que su nombre se haya quedado registrado y en los papeles que firmó sin siquiera entender, porque algunos eran en inglés.
Volvió a su natal Oaxaca, donde vivió tranquilamente tres años, hasta que en agosto de 2015 llegaron agentes federales a buscarla y se la llevaron detenida. Pero la causa penal fue por hechos supuestamente ocurridos en 2010, denunciados por un testigo protegido, del que por esa razón no hay más información, y con una mujer salvadoreña como supuesta víctima, que nunca se ha presentado a las audiencias. Sólo la agregaduría de la PGR en Estados Unidos fue la que proporcionó sus declaraciones.
“Parece que lo que hicieron fue fabricar imputaciones de migrantes que estuvieron detenidos contra otras u otros que también estuvieron detenidos, y convertir a unas en víctimas y a otras en victimarios”, explica la coordinadora de proyectos del IJPP, Araceli Olivos.
María dice que solo buscaban gente que detener. Que cuando a ella se la estaban llevando y su hermana trató de defenderla, escuchó a un agente preguntar si cargaba también con la hermana, pero que la jefa respondió que no porque ya eran muchas.
Con el tiempo se enteró de que hay una orden de aprehensión por el mismo asunto contra el mayor de sus tres hijos, de 28 años, y de que también fue detenido su exesposo, mientras que a su exsuegro lo dejaron ir solo porque tenía más de 90 años, pero le arraigaron las propiedades que tenía. De hecho, dice, fue la nueva pareja de su exesposo quien la señaló, cuando los agentes preguntaron quién más tenía relación con esa casa, a pesar de que llevaba más de 10 años separada.
Entre las otras nueve mujeres que fueron detenidas y trasladadas a la SEIDO en las mismas fechas que ella iban dos que sí tenían relación con su exesposo. Pero a las otras nunca las había visto en su vida, ni siquiera vivían en el mismo lugar, ya que unas son de Salina Cruz y otras del estado de Guerrero.
Entre estas últimas está Lucía Baltazar, una estudiante por la que ha habido un movimiento para pedir su inocencia, cuyo nombre incluso llegó a la lista de presos de conciencia que elaboró la senadora Nestora Salgado para que fueran beneficiados con la amnistía promovida por presidencia, pero que sigue sin aplicarse.
Tres penales y distintos jueces sin que se presenten más pruebas
Tras su confesión, María fue ingresada al penal federal femenil de Tepic, Nayarit, y mes y medio después, en un traslado masivo la pasaron a Morelos, al penal conocido como CPS número 16, donde estuvo casi tres años. Mientras tanto, cuenta, estuvo dos años sin auto de formal prisión, un año ni siquiera hubo juez asignado al caso, luego el asunto fue enviado a Torreón y regresado a la Ciudad de México. En el penal de Morelos, volvió a vivir humillaciones de carácter sexual.
“Denigran a uno tan horrible, lo desnudan a gritos, le hacen dar vueltas, hacer sentadillas desnuda para estarse burlando de nuestros cuerpos. Pero si al doctor le gusta el cuerpo de la persona, la hace volver a dar otra vuelta, a hacer sentadillas… ¡No sé por qué hacen eso, no sé qué ganan!”, se lamenta.
Araceli Olivos explica que la tortura sexual es muestra de que el sistema de justicia reproduce un esquema social machista y patriarcal.
“Sigue cosificando a las mujeres, ahora en un contexto de tortura, ejerciendo violencia contra ellas a partir de atentar en contra de su sexualidad, y poner siempre la sexualidad de las mujeres, pues eso, colocarles en una situación de vulnerabilidad constante. Entonces las mujeres no estamos seguras, obviamente, tampoco frente a agentes del Estado, que van a utilizar aquello que consideren que puede ser más demoledor para la persona a la que están torturando para que le sirva a sus propósitos”, señala.
El caso, finalmente, se trasladó a un juzgado de Salina Cruz, Oaxaca, aunque se ha mantenido en el mismo estatus: con la declaración escrita de una víctima que no se presentado nunca y la de un testigo protegido que, según Olivos, es una figura que por su opacidad se ha prestado a la fabricación de culpables.
La activista critica que cuando hay una queja de tortura, lo primero que tiene que hacer el juez o jueza es escuchar a la persona afectada y verificar si el relato es congruente con cómo ocurrió la detención, pedir certificación de si hubo lesiones, o incluso buscar si algún familiar fue testigo; pero muchas veces se escudan diciendo que entonces las fiscalías son quienes tienen que volver a investigar. Lo peor, es que en caso de que efectivamente haya tortura, las confesiones deberían ser desechadas y reponerse el proceso, pero esto no suele ocurrir.
María de la Concepción también consiguió, después de tres años presa en Morelos, que la trasladaran al penal de Tanivet, en su estado, que acoge menos de 200 presas del fuero común y federal, y donde por fin pudo ir a visitarla su familia, aunque su vida ya se ha desmoronado un poco: quien era su pareja dejó la relación, su madre está enferma y cada vez se le dificulta más ir a visitarla, tampoco puede ir su hijo mayor que tiene orden de aprehensión, y ella una vez más no estuvo en los festejos navideños ni en el cumpleaños 24 de la menor de sus hijas, que fue también en diciembre.
“Éramos una familia que cada momento lo festejábamos… Y pues ha sido duro… demasiado”, lamenta.
“Me dijo el licenciado que ahora está llevando mi caso (abogado particular), que qué pediría yo para ellos. Y le dije: lo único que pido es que ellos pasaran los mismos años que yo estoy pasando, para que vean lo que es perder momentos importantes en la vida de mi familia. Ni siquiera me gustaría que los manosearan, como ellos me manosearon a mí; solamente un poquito que ellos pasaran lo mismo que pasé”.
