Zebadúa debe 1,632 millones por La Estafa Maestra; se escondió 20 veces para no ser notificado
Emilio Zebadúa comenzó a esconderse de las autoridades desde meses antes de dejar su cargo en el sexenio pasado. El exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu recurrió a guardias de vigilancia, asesores, choferes, secretarias y hasta a su esposa para ocultarse de los notificadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en al menos una veintena de ocasiones.
¿El objetivo? Evitar que le notificaran su responsabilidad directa en múltiples desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del esquema de La Estafa Maestra, por lo cuales debe regresar 1,632 millones de pesos a la Tesorería del Gobierno federal.
Es dinero que Zebadúa tiene que entregar, independientemente de si la Fiscalía General de la República lo perdona en el ámbito penal con un criterio de oportunidad. Esto ya que se trata de procedimientos de sanción administrativa promovidos directamente por la Auditoría.
Dictámenes y citatorios oficiales, de los que Animal Político tiene copia, evidencian al menos una veintena de intentos que, entre marzo de 2018 y septiembre de 2019, llevaron a cabo notificadores de la ASF para citar a Zebadúa a audiencia y darle a conocer las sanciones. Lo buscaron en cuatro domicilios distintos, desde su oficina en Sedatu cuando aún era funcionario hasta su despacho particular en Polanco, y sus casas en Ciudad de México y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Por cada nuevo fraude que le comprobaban, el personal de la ASF hacía dos intentos para localizarlo. Primero acudían espontáneamente a verificar el domicilio y preguntar por Zebadúa; los empleados o quien atendiera decía que, en efecto, ahí vivía o trabajaba pero que por el momento “no se encontraba” o “había salido”. Entonces dejaban un oficio avisando al exfuncionario que volverían en una fecha y hora determinada para que estuviera presente.
Pero no había respuesta. Zebadúa “nunca se encontraba”. Y a veces, cuando los auditores volvían, se enfrentaban con la instrucción expresa del personal de no abrirles la puerta, de no recibirles ningún tipo de documento y menos firmarlo, e incluso de ni siquiera pasar un recado.
Así ocurrió, por ejemplo, el 12 de marzo de 2018, cuando el notificador de la ASF, César Hernández Sánchez, se presentó en la residencia del exoficial Mayor ubicado en la Carretera México-Toluca número 5265, de la colonia Rincón de las Lomas, alcaldía Cuajimalpa. La finalidad era citar a Zebadúa a audiencia para informarle que debía pagar 147 millones 715 mil pesos por una de las irregularidades detectadas en su gestión en Sedesol.
Hernández nunca pudo pasar de la caseta de vigilancia del fraccionamiento. En su cédula quedó asentado que el empleado de vigilancia –que no quiso identificarse– le pidió esperar y se comunicó vía interfón al interior de la casa. La que respondió fue la esposa de Zebadúa que dijo que mandaría un chofer por el documento. Sin embargo, minutos más tarde, la señora se volvió a comunicar para avisar que no se recogería nada y le pidió al guardia que tampoco lo hiciera.
El funcionario de la ASF dejó constancia de dicha situación y colocó un citatorio dirigido a Zebadúa en el que se le pedía expresamente estar al día siguiente a las 4 de la tarde para la notificación. El 13 de marzo Hernández acudió nuevamente a la hora señalada, pero el guardia le dijo que le habían dado la orden de no dejarlo pasar.
“El guardia manifestó que le dieron la instrucción de no permitir el acceso al fraccionamiento, ni firmar ni recibir documento alguno. En consecuencia, se niega a firmar la presente cédula de notificación por temor a perder su empleo. Y no proporcionó sus apellidos porque dijo que no quería tener problemas”, señaló en su constancia el visitador de la Auditoría.
Una situación prácticamente idéntica ocurrió una semana después en el mismo domicilio cuando se le quiso avisar a Zebadúa de otro desvío por el cual tenía que regresar 22 millones 462 mil pesos. “No quiero tener problemas”, dijo otra vez el guardia.
Zebadúa no estaba localizable ni en su trabajo. En al menos ocho ocasiones distintas en 2018 los notificadores de la Auditoría acudieron a la Oficialía Mayor de Sedatu ubicada en Paseo de la Reforma número 26 colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, para avisarle de los procedimientos. Nunca los recibió.
Una de ellas fue la del 12 de octubre, cuando la notificadora Miriam Castañeda González acudió a la Sedatu con motivo de una nueva sanción por 23 millones de pesos. Quien la recibió fue el coordinador de Asesores de la Oficialía Mayor, Juan Francisco Martínez, el cual aseguró que su jefe no estaba.
Al igual que en otros domicilios, Castañeda González notificó que volvería el 15 de octubre y pidió al coordinador de asesores de Zebadúa que le entregara el citatorio correspondiente, lo que este aceptó. Pero cuando llegó el día el exfuncionario tampoco estuvo localizable.
En la constancia, Castañeda González añade que la hicieron esperar por horas en la oficina antes de darle esa respuesta.
En septiembre de 2019, ya sin ser funcionario, la ASF también intentó ubicar dos veces a Emilio Zebadúa para notificarle de su responsabilidad en un nuevo proceso en el que debía reponer 62 millones 877 mil pesos. Esta vez la búsqueda fue en su despacho particular en calle Tennyson número 125 colonia Polanco. En ambas ocasiones sus empleadas indicaron que no estaba.
El cuarto sitio en el que la Auditoría también buscó sin éxito al exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu fue en otro domicilio particular ubicado en Prolongación 3A Poniente de la colonia Colinas del Sur, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La deuda de Zebadúa
De acuerdo con los pliegos de observaciones de la ASF, Emilio Zebadúa es administrativamente responsable de al menos una decena de malos manejos de recursos públicos durante su gestión como oficial Mayor de la entonces Secretaría de Desarrollo Social. La suma de esas irregularidades asciende a 1,632 millones 891 mil pesos que el exfuncionario debe reponer.
Las sanciones son resultado de auditorías forenses que se practicaron a lo largo del sexenio pasado, luego de que se detectara que la Sedesol al igual que otras dependencias desviaba recursos sistemáticamente a través de la firma de convenios con universidades y entes públicos por servicios que no se realizaban, y donde el dinero terminaba en empresas irregulares o fantasma. Es el esquema conocido como La Estafa Maestra.
En ese entramado el rol de Zebadúa es clave ya que era el responsable de la salida del dinero desde la Oficialía de Sedesol y posteriormente de la Sedatu. Legalmente era el apoderado de las cuentas oficiales.
Lo que los auditores concluyeron en sus investigaciones es que en algunas ocasiones la responsabilidad del exfuncionario era la falta de supervisión al autorizar pagos por servicios que estaban incompletos o de plano no se realizaron. Así sucedió en diversos convenios con cuatro universidades públicas del estado de México.
Pero en otros casos la ASF detectó una responsabilidad aún mayor del exfuncionario debido a que firmó directamente los convenios que permitieron la salida del dinero. Esto ocurrió en varias ocasiones con la Universidad Autónoma de Morelos cuyo rector, Alejandro Vera, está ahora prófugo de la justicia pues sobre él pesa una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con funcionarios federales, hasta ahora Zebadúa no ha regresado el dinero que se le ha reclamado y, en cambio, ha promovido algunas acciones legales como juicios de amparo para tratar de que no se le haga efectivo el cobro.
Se prevé que la millonaria cifra de dinero que el exfuncionario debe crezca todavía más ya que los procedimientos mencionados con anterioridad corresponden solo a los convenios irregulares firmados desde Sedesol. Sin embargo, se tienen identificadas irregularidades similares en su paso por Sedatu.
Animal Político requirió a la ASF una actualización del estatus de todos los procedimientos de responsabilidad resarcitoria promovidos en contra de Zebadúa en todo el sexenio pasado, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
Tarek, un mal antecedente
Como ya se sabe, Emilio Zebadúa rindió una declaración ministerial ante la FGR en la que confirmó el modus operandi de La Estafa Maestra y los desvíos en múltiples dependencias con el supuesto aval del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En el caso de Sedesol y Sedatu señaló diversos convenios (aunque ocultó otros) que sirvieron para el desvío de los recursos.
Dicha declaración se da en el contexto de una colaboración que Zebadúa busca con la FGR para que esta le de algún beneficio legal como, por ejemplo, un “criterio de oportunidad”, que le permita no ser imputado de algún delito a cambio de volverse testigo.
No obstante, y aun cuando recibiera dicho criterio, se trata de un proceso independiente al que la ASF integra por la vía administrativa en contra de Zebadúa. Eso significa que si el exfuncionario pierde las impugnaciones o los amparos que ha promovido, forzosamente debe reponer el dinero que se le está reclamando, de no hacerlo puede ser sujeto incluso de embargos.
Existe un antecedente de un caso similar: el del extesorero del estado de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá, quien recibió un criterio de oportunidad que le permitió no ser procesado por los múltiples desvíos de recursos que autorizó hacia empresas fantasma en aquella administración.
Con independencia de ello, la ASF promovió en contra de Tarek Abdalá 64 procedimientos de responsabilidad resarcitoria por un monto de 19 mil millones de pesos que debería de reponer. En ocho de esos procedimientos, que equivalen a 208 millones de pesos, el extesorero ya perdió en definitiva todas las impugnaciones.
No obstante, hasta el día de hoy Tarek Abdalá no ha regresado un solo peso a la Tesorería federal.
