La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México pidió que no haya impunidad en el caso por la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal, desaparecido en 2013 a manos de marinos. Los responsables de la desaparición forzosa fueron sentenciados a 22 años de cárcel y marzo de este año. Sin embargo, según reveló Animal Político, un juez revocó la sentencia debido a que los uniformados fueron condenados por un tipo penal que había sido derogado en el momento de formular la acusación final.
A través de una serie de tuits, la oficina de la ONU puso de relieve el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los jueces federales “en la aplicación e interpretación de la normatividad nacional sobre desaparición forzada para asegurar que en este caso no haya impunidad y se logre verdad y justicia para Armando y su familia”.
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Además, resaltó “la importancia de que las investigaciones y sentencias de desaparición forzada en México cumplan estándares internacionales, incluyendo la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y los Principios Rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”.
Enfatiza el papel fundamental de la @FGRMexico y de los jueces federales en la aplicación e interpretación de la normatividad nacional sobre desaparición forzada para asegurar que en este caso no haya impunidad y se logre verdad y justicia para Armando y su familia
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) December 3, 2020
También subrayó “la relevancia de que haya rendición de cuentas por la desaparición forzada de Armando Humberto y de que el Estado realice todos los esfuerzos para asegurar el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos que hubieren cometido miembros de las Fuerzas Armadas”.
Por último, “reiteró su plena disposición para brindar la asistencia y cooperación técnicas que precise el Estado mexicano para cumplimiento sus obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada”.
El capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, y los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón fueron condenados en marzo por la desaparición forzosa de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida en 2013 en Nuevo León. La sentencia fue considerada histórica por organizaciones de derechos humanos que acompañaron a la familia de la víctima. Se trataba de la primera vez en la que integrantes de la Armada eran condenados por este delito.
La satisfacción de la familia de la víctima y las organizaciones de Derechos Humanos se vio truncada ante la nueva resolución, que da la razón a un recurso presentado por los integrantes de la Marina. En esta, el juez recuerda que todos ellos debían ser juzgados según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada en 2017, y no por los tipos aparecidos en el Código Penal Federal, que habían quedado derogados por la norma anterior. Por eso ordena repetir el procedimiento desde el momento en el que se formuló la acusación final.
Los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2013 en el poblado de Colombia, Nuevo León. Según dicta la sentencia revocada, Armando Humberto Del Bosque Villarreal fue detenido por elementos de la Marina tras denunciar previamente a un vecino había irrumpido en su domicilio con un arma de fuego.
Esta persona resultó ser un supuesto “informante” de la Armada y liberado poco después, mientras que los uniformados capturaron a Del Bosque Villarreal. Su padre fue testigo de cómo los marinos lo detenían, lo bajaban de su auto y lo metían en una camioneta de la Semar. Fue a buscarlo, pero le dijeron que estaba siendo objeto de una investigación y que luego le darían informes. Más tarde negaron tener en su poder al hijo y dejaron de dar información.
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Los restos de Armando Humberto aparecieron dos meses más tarde, el jueves 3 octubre, en el interior del rancho Santa Cecilia, muy cerca de la Base de Operaciones de la Semar, con un disparo de gracia en la cabeza. La investigación por homicidio todavía está pendiente de ser trasladada ante el juez.
Los cinco marinos acusados (un sexto ya no está en la causa porque falleció) están actualmente en la prisión militar en el Campo Militar Número 1-A. Si en diez días después de la notificación de la sentencia la FGR no presenta una nueva acusación podrían salir en libertad.