INE investiga a Delfina Gómez por retener salarios ilegalmente para beneficio de su grupo político
El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abierta la investigación sobre la retención del 10% de salario a 435 empleados de Texcoco durante la administración de Delfina Gómez como presidenta municipal. Entre las más recientes pruebas recabadas en noviembre pasado están las declaraciones de extrabajadores donde aseguran haber sido obligados a entregar parte de su sueldo bajo la amenaza de ser despedidos.
De acuerdo con la investigación del INE, las retenciones de salario cada quincena durante tres años sumaron 12 millones 44 mil pesos que terminaron en la bolsa del Grupo de Acción Política (GAP), la organización a la que Delfina Gómez ha pertenecido y liderada por el actual senador de Morena, Higinio Martínez Miranda.
Entre los involucrados en el esquema de retención también estaría Horacio Duarte, actual Administrador General de Aduanas, y quien ocupaba el cargo de secretario municipal, y Alberto Martínez Miranda, entonces tesorero del municipio y hermano de Higinio Martínez, de acuerdo con documentos de la investigación obtenidos por Animal Político.
Dicha información forma parte de la queja INE-Q-COF-UTF-44/2017/EDOMEX iniciada por la Unidad Técnica de Fiscalización del el INE ante la denuncia interpuesta por el PAN en 2017, durante la campaña por la gubernatura al Estado de México, y en la que acusó la retención de salario de trabajadores para uso electoral.
Higinio Martínez, un político con fuerte influencia en Texcoco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, dos veces presidente municipal en Texcoco y que ha respaldado la carrera política de Delfina Gómez, entonces era diputado local, pero asegura que las aportaciones siempre fueron de manera voluntaria y nunca hubo nada ilegal.
“No han podido perseguirnos en nada porque es dinero que no era de la administración, no era dinero público, sino era dinero del funcionario que libremente decidía entregar a cuenta de algunos beneficios y por eso no hay fraude, ni robo ni mal manejo de dinero”, dice en entrevista con Animal Político.
Explica que la aportación de una parte del salario para algunos funcionarios –sin incluir a sindicalizados, policías y de base– era parte de un estatuto del PRD, partido que había mantenido el gobierno de Texcoco. Luego, en 2013, al asumir como presidenta municipal, Delfina Gómez, decidió mantener esa práctica y donar parte de su salario para ayudas a los necesitados, y otros funcionarios más decidieron hacerlo también.
Según Martínez Miranda, con esos recursos ayudaban a personas con discapacidad, para comprar medicinas o ayudar a quien tuviera alguna otra necesidad en el municipio, pero rechaza que dichos recursos terminaran en el Grupo de Acción Política, puesto que éste ni siquiera existe. “El GAP es un mito, no existe, no existió ni legal ni políticamente como tal. Sólo es una referencia entre equipos opositores dentro del partido”, afirma.
“Nos amenazaron”
Tanto en la investigación del INE como extrabajadores que aceptaron hablar sin que su nombre fuera publicado por temor a represalias del grupo político de Texcoco, sostienen que se veían obligados a entregar el 10% de su salario por la amenaza de ser despedido o “no ser tomado en cuenta” para futuros ascensos o beneficios laborales.
En los tres años de ‘diezmo’ la forma de comprobar la entrega cambió, junto con su recibo de nómina les era entregado un “talón”, o un oficio o una lista donde firmaban la cantidad entregada. El dinero era recabado por María Victoria Anaya Campos, entonces secretaria privada de la presidenta municipal, y pareja de Jesús Duarte Olivares, hermano de Horacio Duarte.
Según el INE, Anaya Campos habría recaudado 11.9 millones de pesos, entre febrero de 2013 y marzo de 2015; mientras que Sara Rosas Rosas, jefa de departamento de Recursos Humanos, recaudó 1.8 millones de pesos de abril a junio de 2015.
En 2013 la suma recaudada fue de 4 millones 374 mil pesos; el año siguiente, cuando Morena logró el registro como partido político obtuvieron 5 millones 496 mil pesos y en 2015, durante la campaña de Delfina Gómez por una diputación federal, recabaron 2 millones 574 mil pesos.
Como parte de la integración de más pruebas, la Unidad Técnica de Fiscalización obtuvo testimonios de exempleados del municipio en el que solicitaron el “apoyo para obtener datos relevantes que lleven a tener certeza sobre los recursos recaudados así como su destino y finalidad”.
De ello derivaron actas circunstanciadas de los cuestionarios aplicados a los exfuncionarios y que fueron entregados a este medio por personas que pidieron anonimato, y la autenticidad de dichos documentos fueron corroborado por más fuentes.
En la pregunta sobre si el personal fue obligado o hubo algún tipo de presión o amenaza para entregar parte de su salario, exfuncionarios respondieron que “les argumentaban que si no aceptaba los descuentos, los despedirían de su trabajo”.
Además, sabían que esas aportaciones “fueron destinados para el grupo de acción política, para Higinio Martínez y para la campaña”. Cada quincena, acompañando la entrega, debían firmar un oficio donde “supuestamente estaban de acuerdo”, se asienta en el cuestionario aplicado a exempleados.
Como parte de la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Ayuntamiento de Texcoco les entregó nómina y “solicitudes de descuentos voluntarios a favor del GAP”, aunque sin datos de la vigencia de aportación y sin copia de la identificación de las personas.
En el documento, el funcionario debía poner su nombre y número de empleado, y se lee “vengo a solicitar por mi propio derecho de manera voluntaria se me realice el descuento del 10% de mi sueldo para ser entregado al Grupo de Acción Política que deberá ser entregado a la C. María Victoria Campos Anaya, por así convenir a mis intereses”.
Higinio Martínez asumió la presidencia municipal después de Delfina Gómez y en su administración, asegura, ya no hubo estas aportaciones porque Morena ya estaba registrado y “el partido puso una cuota de aportación”.
