La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un nuevo probable desvío de más de 67 millones en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) ejecutado en plena campaña electoral de 2018. La salida del dinero fue justificada mediante un contrato presuntamente apócrifo y con firmas falsificadas para luego ser enviado una red de empresas irregulares y fantasma.
El pago fue autorizado, según la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 27 de abril de 2018 a través de un oficio supuestamente firmado por el entonces Director de Comunicación Social de la referida dependencia, en favor de una empresa con razón social Diario la Verdad. S.A. de C.V.
“Lo anterior resulta injustificado, en virtud de que no se observó la validación de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría por los servicios prestados, ni la dependencia proporcionó los entregables que debió generar la persona moral Diario la Verdad, S.A. de C.V., a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato SEDATU-CS-20-2018” indica la auditoría.
De acuerdo con la indagatoria de la Auditoría y la actual administración de Sedatu, todo el procedimiento fue simulado para justificar la salida de recursos del erario los cuales presuntamente terminaron en compañías ligadas a fraudes como el de La Estafa Maestra.
Por ello el 31 de octubre la ASF presentó formalmente la denuncia penal ante la FGR. Tras unas semanas de análisis el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que ya inició la carpeta de investigación correspondiente.
Se prevé que en las siguientes semanas se cite a declarar a los exfuncionarios involucrados en esta contratación y no se descarta, como hipótesis de investigación, que las firmas de varios de ellos pudieran haber sido falsificadas para autorizar la salida exprés de recursos desde la Oficialía Mayor que dirigía Emilio Zebadúa, en la administración de Rosario Robles.
El propio Zebadúa ya rindió una declaración hace unos meses en la que reconoció haber participado en la autorización de pagos irregulares, y sostuvo que por supuestas instrucciones de Hacienda se desviaron recursos de Sedesol y Sedatu para financiar campañas de imagen y electorales.
De acuerdo a lo señalado en otras denuncias, Zebadúa es el funcionario que presuntamente habría falsificado las firmas de sus colegas para justificar que saliera el dinero.
La verdad… que no fue tal
El 28 de marzo de 2018 la Sedatu firmó el contrato CS-20-.2018 con la empresa Diario La Verdad S.A. de C.V. para la contratación del “Servicio Integral para el Análisis de las Campañas y Estrategias de Comunicación Social de la Secretaría” por el cual, en abril de ese mismo año, se pagaron a la empresa 67 millones 490 mil pesos.
Para verificar las condiciones en que se pagó ese dinero y el sustento para haberlo hecho por la vía de la adjudicación directa, la ASF solicitó en 2019 a la nueva administración de Sedatu la información relacionada con este procedimiento. Pero la respuesta de la dependencia fue que no había prácticamente nada.
“No existe documentación justificativa ni comprobatoria que acredite que había la suficiencia presupuestal para ello. Tampoco información que ampare la investigación de mercado efectuada por la unidad responsable, la requisición de los servicios señalados, o en su caso el dictamen de procedencia a la excepción de la licitación pública (…). En virtud de lo anterior se considera que el procedimiento y ejecución del gasto relacionado con el pago Diario la Verdad es irregular y /o apócrifo”, señala el informe.
De lo que sí hay constancia es de la factura generada por la empresa y de la transferencia realizada. Por este motivo los auditores buscaron a Diario La Verdad para solicitarle información que justifique qué servicio realizó y las condiciones del mismo.
La respuesta de la empresa fue enviar, de manera extemporánea, información incompleta e inconsistente. Por ejemplo, mandó una copia del contrato CS-20-.2018 firmado con Sedatu y el cual debería ser el mismo que encontró la dependencia en sus archivos. Sin embargo, resulta que las firmas eran distintas.
De hecho, denuncian los auditores, existen claras diferencias en las rúbricas que se pretende atribuir al director de comunicación social, al subdirector de información, y a otros funcionarios de la entonces Sedatu que presuntamente intervinieron en la contratación. Las mismas anomalías también se presentan en el anexo de dicho contrato.
Pero además de las irregularidades en los documentos, la ASF señaló que la empresa contratada no probó contar con ninguna infraestructura que le permitiera ejecutar los servicios por los que fue “contratada”. La información que se le requirió tampoco lo comprueba. Lo único que mostró fue un supuesto oficio de entrega-recepción donde las firmas de los funcionarios de la Sedatu también parecen ser falsas.
“En la visita domiciliaria realizada a la persona moral Diario la Verdad, S.A. de C.V., se observó que éste no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para ejecutar los trabajos contratados por la Sedatu, lo anterior en virtud de que no tiene un domicilio propio, ni personal a su cargo, así como tampoco infraestructura tecnológica”, indica el informe.
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La telaraña del desvío
Lo que sí hizo Diario La Verdad S.A. de C.V. fue dividir y transferir, de forma totalmente injustificada, los recursos que recibió de la Sedatu a múltiples empresas más, algunas de las cuales tienen el perfil de compañías fachada o fantasma.
Inicialmente los auditores identificaron que el dinero fue enviado a las cuentas de compañías como Dem Distribuidora de equipo y Maquinara SA de CV, Negocioinvr SA de CV, Mikkerts Master Brands SA de CV, Dinamo RS SA de CV, CCG Consultores Comerciales Grana SA de CV, Pronalsa Promotora Nacional SA de CV, entre otros.
Cada una de esas empresas, a su vez, transfirieron el dinero a otras compañías o a personas físicas en múltiples transacciones realizadas entre abril y mayo de 2018. Un común denominador de las empresas involucradas es que no estaban dadas de alta ante el IMSS y varias no reportan pago de impuestos pese a que hay constancia de que recibieron dinero.
Y hay casos como el de la referida Dinamo RS SA de CV que a través de varios movimientos entre el 5 y 7 de mayo de 2018 dispersó el dinero a otra compañía con razón social Tramper y Sol SA de CV, la cual aparece en los listados del SAT de empresas que facturan operaciones simuladas. Es decir compañías fantasma.
También se identificó que varias de las empresas implicadas no se encuentran en sus direcciones fiscales.
En esta telaraña de múltiples triangulaciones, la Auditoría identificó que hay compañías que también están implicadas en otras irregularidades identificadas en la auditoría forense 209-DS, entre los que figuran convenios con universidades bajo el esquema de La Estafa Maestra.
Se trata de un cúmulo de malos manejos que supera los 1 mil 142 millones de pesos según el informe de resultados de la referida auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2018.
Autoridades federales consultadas por Animal Político indican que en la mayoría de estos casos el dinero fue transferido en un último paso a personas físicas o dispersado a través de empresas de valores. La salida de este dinero del erario coincide en temporalidad con el proceso electoral federal 2017- 2018.
Cabe recordar que el periodo de la campaña presidencial fue del 30 de marzo de ese año al 27 de junio de 2018, aunque la fase de precampaña arrancó desde diciembre de 2017. La jornada de votaciones se llevó a cabo el 1 de julio de 2018.
El pasado 24 de marzo el periodista Mario Maldonado publicó en su columna en el diario El Universal que Diario La Verdad S.A. de C.V., (la empresa ahora denunciada en el referido fraude) pertenece a un empresario tabasqueño de nombre Carlos Canabal Ruiz, quien antes fue alcalde interino de Cancún (Benito Juárez), en Quintana Roo.
Aplazan otro mes audiencia clave de Robles
Por otro lado, un juez federal decidió aplazar un mes más la audiencia intermedia del caso abierto por omisiones en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, quien está presa desde hace casi año y medio en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Originalmente y a petición de la defensa, la audiencia se había diferido del 8 de diciembre al 15 de enero de 2021. No obstante, autoridades judiciales indicaron que el juez hizo un nuevo ajuste por temas administrativos y de restricciones sanitarias, por lo que la nueva fecha se programó para el 15 de febrero.
Los abogados de Robles pidieron este plazo para trabajar un esquema de colaboración con la FGR en la que buscan dos cosas: obtener un criterio de oportunidad que frene la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, y negociar una salida alterna en el proceso ya iniciado por las supuestas omisiones.
La referida salida alterna consistiría en que la exfuncionaria federa se declare culpable a cambio de que se le imponga una pena reducida que le permita recuperar su libertad. A su vez tendría que declarar y comprobar que los presuntos desvíos en su gestión fueron resultado de órdenes superiores.
Hasta ahora, de acuerdo con fuentes federales, las negociaciones continúan en desarrollo sin que se haya alcanzado, todavía, algún acuerdo entre las partes.
