La Estafa Maestra en Diconsa: FGR investiga desvío de 400 mdp
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una indagatoria formal por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos en la empresa pública Diconsa, perteneciente a la extinta Sedesol, a través de la firma de convenios con universidades públicas bajo el esquema conocido como La Estafa Maestra.
Dichos convenios y los pagos fueron pactados a finales de 2016 y principios de 2017, en la época en que Luis Miranda Nava encabezaba la Sedesol. Las firmas y una parte de las transferencias se realizaron en meses previos a la elección del Estado de México, a la que según declaraciones en poder de la FGR se habrían desviado recursos con dicho esquema fraudulento.
La apertura de esta nueva carpeta de investigación ocurre luego de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó el 31 de octubre una denuncia formal ante la FGR, en la que concluye que desde Diconsa se operó un fraude al erario que oscila entre los 380 y los 412 millones de pesos por servicios contratados que presume fueron simulados.
El dinero, según la denuncia de los auditores, fue triangulado y dispersado utilizando un fideicomiso y diversas empresas para ocultar su origen. El destino final de los recursos es el objetivo de la indagatoria de la Fiscalía. De acuerdo con funcionarios federales a cargo del caso, se presumen delitos que van del peculado hasta lavado de dinero.
La denuncia de la ASF tiene su origen en los resultados de la auditoría forense número 275-DS correspondiente a la Cuenta Púbica 2017, que se practicó a Diconsa para revisar, específicamente, los convenios por diversos servicios que dicha empresa estatal concedió a universidades aprovechando una excepción que contempla la ley para adjudicarlos sin licitación. Se trata de convenios que, como los auditores señalan en el informe, se utilizaron más de 7 años para “el desvío de recursos públicos”.
En el caso específico de Diconsa (empresa que operaba la venta de insumos a población de bajos recursos) la ASF identificó la firma, el 30 de diciembre de 2016 y el 31 de enero de 2017, de tres anexos a convenios generales con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSC), dos instituciones públicas que ya han sido identificadas previamente en los esquemas fraudulentos con otras dependencias.
Por la firma de dichos anexos a los convenios, Diconsa pagó 412 millones 624 mil pesos. Lo adquirido consistía en distintos servicios de consultoría y apoyo en soluciones tecnológicas para sistemas informáticos. Pero, como es el común denominador en estos esquemas fraudulentos, se identificaron anomalías serias que ponen en duda que dichos servicios se hayan cumplido como estaba contemplado.
“Se constató que (las universidades) no contaban con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometieron, aun cuando manifestaron que sí contaban con dichas capacidades, por lo que no participaron en la ejecución de los mismos, y la totalidad de los servicios (100%) fueron realizados a través de terceros”, indicó la auditoría.
Simulación de principio a fin
En su investigación, los auditores encontraron irregularidades desde el arranque en la suscripción de estos convenios. De entrada, no había el sustento legal suficiente para justificar la contratación de terceros (y por ende destinar recursos para ello) para la supuestas consultorías y soluciones informáticas.
Después de eso vino lo más grave: la simulación de los estudios de mercado. Diconsa sostuvo que decidió contratar a las referidas universidades tras argumentar que habían ofrecido mejores tarifas sobre otros planteles a los que también se les solicitaron presupuestos, entre ellos el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán y la Universidad Politécnica de Chiapas.
Pero cuando los auditores contactaron a dichos planteles estos negaron haber participado en alguna cotización, e incluso que se les hubiera solicitado. Esa sola situación ya invalidaba todo el procedimiento pues no hay certeza de que los precios convenidos fueran los más adecuados en el mercado.
En el caso del convenio asignado a la Universidad Autónoma del Estado de México por un monto de 325 millones de pesos, los auditores identificaron que el convenio se pactó a través de un fondo universitario denominado Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica.
Sin embargo, al revisar la cronología de los hechos, los auditores descubrieron que dicho fondo fue disuelto meses antes por el comité rector de la Universidad y, por lo tanto, no podía haber suscrito ese convenio y menos desarrollado los servicios.
Al seguir con la revisión, la ASF identificó el común denominador en el esquema de fraudes de La Estafa Maestra: que ni la UAEM ni el ITSC realizaron servicio alguno. En cambio, transfirieron una parte de los recursos (la otra parte la retuvieron injustificadamente) a una serie de empresas que son las que, supuestamente, realizaron los servicios.
La UAEM subcontrató para ello a dos compañías. Una de ellas denominada Personal Som Kan S.A. de C.V. que no fue localizada en su domicilio fiscal por los auditores y no registra ningún empleado ante el IMSS, por lo que se presume que podría ser empresa fantasma.
La otra compañía es IT Solucionamos y Administramos S.A. de C.V. que sí respondió y entregó documentos de las consultorías supuestamente realizadas, pero sin aportar algún elemento sólido que diera validez o soporte a lo señalado en los oficios.
Por otro lado, el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan delegó los servicios de los dos convenios adjudicados a la empresa Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información SA, sin siquiera haber formalizado con ella algún acto jurídico como un contrato o convenio.
La justificación del ITSC es que tenía un acuerdo con la empresa y que era su “unidad estratégica” para la realización de diversos servicios. Sin embargo, la ASF consideró que esto no justificaba el hecho pues en realidad se trata de una compañía que nada tiene que ver con el Instituto. Además, la empresa no entregó a la ASF información que ampare que los servicios se llevaron a cabo.
Pese a todas esas irregularidades Diconsa pagó en su totalidad los servicios mediante diversas transferencias a los planteles y los dio por buenos.
Cuando la ASF se presentó a Diconsa a verificar que, por ejemplo, uno de los equipos que se había reportado como solución tecnológica existiera, se encontraron que sí estaba inventariado, pero estaba valuado en un peso. Es decir, se trataba de un registro simulado.
¿Y el dinero?
Ni las universidades ni las empresas subcontratadas o que supuestamente realizaron el servicio se quedaron con el dinero. Lo que los auditores detectaron es que luego de recibir las transferencias, dichas compañías dispersaron los recursos a diversas empresas sin ningún tipo de justificación.
En el caso de los convenios con el ITSC, se detectó que se constituyó un Fideicomiso al cual se le asignaron los recursos, y mediante este se fue transfiriendo el dinero hacia distintas compañías.
El destino final de los recursos y en que se habrían utilizado es un tema que tocará a la FGR esclarecer, así como identificar y proceder en contra de los funcionarios que resulten responsables.
De acuerdo con funcionarios federales, una de las líneas de investigación apunta a que el dinero pudo utilizarse en procesos electorales.
En una declaración con la que busca obtener un beneficio legal Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu, confirmó que con el esquema de La Estafa Maestra se desviaron recursos de múltiples dependencias, y que los mismos se habrían utilizado para elecciones como la del Estado de México.
Los abogados de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, quien también busca colaborar con las autoridades, confirmaron que dicho proceso electoral fue uno de los objetivos de los recursos desviados.
En el caso específico de los convenios de Diconsa, la ASF identificó que los convenios, los pagos y el grueso de las transferencias se llevaron a cabo en los seis meses previos al referido proceso electoral mexiquense.
Estafa en ascenso
Con el caso detectado y confirmado Diconsa, la ASF ya suma más de 30 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (antes PGR) por esquemas fraudulentos bajo la modalidad de La Estafa Maestra.
Hasta ahora, la mayor parte de las denuncias se ha concentrado en Sedesol y Sedatu, principalmente durante las administraciones de Rosario Robles. No obstante, también se identificó en algunos casos la firma de convenios y pagos durante la gestión de José Antonio Meade en Sedesol, y ahora con Luis Nava (quien sucedió a Meade en el cargo) a través de Diconsa (adscrita a Sedesol).
De igual forma la ASF ha presentado denuncias por esquemas similares en contra de la extinta Sagarpa y de varios entes públicos. Animal Político documentó, en su momento, que este esquema se repitió en una decena de dependencias federales, mientras que Zebadúa declaró ante la Fiscalía que fue un esquema continuo en el sexenio pasado avalado por la Secretaría de Hacienda.
No obstante, a nivel de secretarios de Estado, la FGR solo ha procedido penalmente en contra de Rosario Robles, pese a que hay constancia de que el mismo fenómeno se replicó en múltiples dependencias gubernamentales.
