Hasta el momento, 186 elementos federales del Instituto Nacional de Migración (INM) se han contagiado de COVID-19.
La mayor cantidad de contagios entre agentes migratorios se registró en la delegación del INM en Baja California, con 23 casos. Le siguen las delegaciones de Tamaulipas y Ciudad de México, con 22 casos en cada una; y la Dirección General de Administración, con otros 20.
Las delegaciones del INM en Coahuila, con 12 contagios, y la de Sinaloa, con 11, son otras de las que más contagios registraron, según documentos a los que Animal Político tuvo acceso por transparencia.
Todos estos casos nuevos se añaden a los dados a conocer por este medio en una nota el pasado 30 de noviembre, en la que se documentó que, a pesar de que públicamente el Instituto ha negado que tuviera contagios en sus centros de detención, al corte del mes de octubre iban al menos 52 migrantes detenidos que dieron positivo a COVID-19.
En total, entre personas extranjeras y elementos del INM, suman de manera oficial 238 positivos de COVID que el Instituto no ha reportado a la ciudadanía ni en comunicados, ni a través de sus redes sociales, ni en respuesta a las múltiples peticiones que organizaciones defensoras de derechos humanos le han hecho desde que arrancó la pandemia.
La última petición pública fue el pasado 9 de diciembre por medio del escrito ‘México: Urge transparencia y protección de la población migrante durante COVID-19’, en el que organizaciones como Amnistía Internacional, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), y Sin Fronteras, instaron al INM una vez más a que transparente los datos de contagios, pruebas realizadas y medidas tomadas para la detección de población migrante con COVID-19 dentro de las estaciones migratorias.
Pero, hasta ahora, el INM sigue sin darles respuesta.
Además de cuestionar al Instituto por el número de migrantes y de elementos contagiados, este medio también preguntó por transparencia el número de personas fallecidas como consecuencia de la COVID-19 y que estaban bajo la custodia del INM.
Es decir, se cuestionó sobre migrantes que fallecieron estando bajo responsabilidad del INM, independientemente de si murieron en el centro de detención, o en un hospital o centro clínico, tras recibir atención sanitaria.
Sin embargo, la instancia federal, a través de su Dirección de Estaciones Migratorias, hizo caso omiso a esta precisión, y se limitó a responder que en sus estaciones no tienen constancia de muerte alguna por el virus. Obviando, por ejemplo, casos como el de un migrante salvadoreño de 22 años que falleció el pasado 22 de abril en un hospital de la Ciudad de México, tras entregarse a la autoridad migratoria en Tijuana y ser trasladado a Iztapalapa para su posterior expulsión.
Precisamente, por este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al INM. En el escrito, la Comisión responsabilizó al personal de la estación migratoria de Iztapalapa de no brindar una atención médica adecuada a esta persona migrante, y de no identificar de manera oportuna un cuadro sospechoso de COVID. Además, acusó al INM de no haber canalizado a tiempo al agraviado a un hospital, donde murió.
También se preguntó vía transparencia a la Secretaría de Salud Federal sobre casos COVID de personas extranjeras detenidas en centros del INM. La dependencia federal respondió con la base de datos de la Dirección General de Epidemiología que está actualizada al 16 de diciembre, y en la que consta que suman 1 mil 819 extranjeros contagiados, según pruebas de laboratorio.
Sin embargo, en su respuesta, la Secretaría de Salud especificó que los datos fueron tomados en unidades médicas, por lo que tampoco precisó cuántos de los migrantes contagiados pasaron por una estación migratoria, y cuántos son migrantes con permiso de residencia en México.
Hasta ahora, lo único que se sabe con certeza es que el INM tan solo ha aplicado 78 pruebas PCR a migrantes detenidos en sus estaciones, de los cuales 52 dieron positivo, casi el 72%, tal y como reveló este medio el 30 de noviembre.
Entre abril y septiembre, según la Unidad de Política Migratoria, fueron detenidos 40 mil 362 migrantes y, de ellos, 16 mil 365 fueron deportados. Todos ellos pasaron por un arresto y una reclusión al interior de la estación migratoria. Sin embargo, Salud solo realizó 78 pruebas, de las que la mayoría resultaron positivas. Es decir, que miles de foráneos, en su mayoría centroamericanos, fueron devueltos a sus países tras permanecer encerrados en espacios cerrados y sin condiciones higiénicas y sin comprobar si podían haberse contagiado.
El pasado 15 de octubre diversas organizaciones defensoras de derechos humanos publicaron un informe en el que denunciaron que los migrantes detenidos en centros del INM enfrentan hacinamiento y malas condiciones de higiene. Por ejemplo, se señaló que el suministro de jabón y agua es “muy limitado” y que en las estaciones el reparto de cubrebocas a las personas detenidas es escaso.
Sobre el reparto de insumos sanitarios en la pandemia, Animal Político preguntó al Instituto cuántos cubrebocas ha entregado a la población migrante bajo su custodia. A lo que la institución respondió por transparencia que entre marzo y octubre, el dato más actualizado que tienen relativo a la pandemia, entregaron un total de 73 mil 736 cubrebocas.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con datos oficiales de la Unidad de Política Migratoria en ese mismo periodo de tiempo fueron ingresados en centros de detención un total de 48 mil 790 migrantes, esto supone que el INM, en lo que va de pandemia, ha repartido una media de 1.5 cubrebocas por persona detenida bajo su custodia.
Por ejemplo, entre los diez centros de detención que tiene el INM en Chiapas, la principal puerta de entrada de personas indocumentadas procedentes de Centroamérica y también de deportación de México, el Instituto reportó que lleva entregados 15 mil 568 cubrebocas en pandemia; es decir, entre marzo y octubre. Y en ese mismo periodo de tiempo ha detenido a 13 mil 566 migrantes en la entidad. Es decir, repartió un cubrebocas por persona detenida.
En Oaxaca, el INM detuvo en el mismo periodo de pandemia a 1 mil 458 personas, a los que le repartió 1 mil 574 cubrebocas. También a uno por migrante.
En Tabasco, también en la frontera sur, detuvo a 3 mil 810 migrantes, a los que le entregó 3 mil 060 cubrebocas. También, a uno por detenido.
En la frontera norte, en Tamaulipas, el INM detuvo a 12 mil 099 migrantes, a los que le dio 15 mil 724 cubrebocas. A 1.3 por persona.
Mientras que en la Ciudad de México, 403 migrantes fueron detenidos y puestos en centros migratorios. En este punto, el INM reporta que repartió 5 mil 392 cubrebocas en la estación de Las Agujas de Iztapalapa. Aquí sí el promedio aumenta notablemente: a 13.3 por persona.
Por otra parte, también llama la atención que en estaciones migratorias como la de Chihuahua, el INM no ha repartido ni un solo cubrebocas. Tampoco en la estación de Tenosique, en Tabasco. Ni en centros provisionales de detención como El Ceibo, también en Tabasco, o en el de Nogales, Sonora, o en el de Tuxpan, en Veracruz.
Animal Político mandó un cuestionario al INM preguntándole el porqué no repartió cubrebocas en algunas estaciones y estancias provisionales de detención. Pero al momento del cierre de esta nota no había ofrecido ninguna explicación.
La política de México hacia los migrantes durante la pandemia ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y la CNDH. Desde el cierre de fronteras decretado a finales de marzo el gobierno tuvo que lidiar con dos tipos de problemática al norte y al sur. En la frontera con EU comenzó a aplicarse el Título 42, que permite a las autoridades norteamericanas devolver a México a cualquier persona que esté cruzando irregularmente sin darle opción a pedir asilo. En el sur, la clausura de las fronteras centroamericanas dificultó la expulsión de los detenidos.
De este modo, el INM se hizo cargo tanto de las personas a las que arrestaba como a los que eran devueltos desde EU. Al mismo tiempo, las protestas en los centros de detención se incrementaron, hasta el punto en el que un motín registrado en Tenosique, Tabasco, el 30 de marzo, se saldó con un solicitante de asilo guatemalteco muerto. Recientemente la CNDH emitió una recomendación en la que señala a la institución que dirige Francisco Garduño como responsable.
A partir de aquel momento cambió la política y el INM decidió vaciar sus centros de detención. Para finales de abril apenas quedaban 106 extranjeros encerrados. Para ello, otorgó permisos temporales e incluso llegó a dejar abandonados en la frontera con Guatemala a migrantes a los que se instó a cruzar por su propio pie.
Sin embargo, a pesar de que la pandemia nunca bajó en México, progresivamente el INM volvió a llenar sus estaciones migratorias. Como ocurrió desde el inicio, los centros de detención fueron focos de contagio en los que no se respetaron las medidas de higiene y tampoco se realizaron pruebas para conocer el alcance de los contagios.