Proyecto de Ley de Ciencia de Conacyt propone que Consejo de Estado tome decisiones y deja fuera a científicos
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador un anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que, entre otras cosas, propone adelgazar la máxima autoridad en la materia para que ahora sea un Consejo de Estado, formado únicamente por dependencias del Poder Ejecutivo y que deja como invitados con voz pero sin voto a representantes de la comunidad científica.
Este Consejo de Estado para la Investigación Humanística y Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación sustituirá al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Se integrará por el presidente del país, la dirección de Conacyt, las Secretarías de Estado y representantes de los estados por regiones; mientras que deja fuera a otros que incluía antes, como la Academia Mexicana de Ciencias, los Centros Públicos de Investigación (CPI), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el sector productivo y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que ahora desaparece.
La nueva Ley, que sustituirá a la que está vigente desde 2002, tendría que haber estado lista este año, tras modificaciones al artículo 3 constitucional, pero el periodo ordinario de sesiones terminó el martes sin que hubiera una iniciativa formal, lo que generó la preocupación de que aprobara alguna propuesta en fast track. Pero finalmente Conacyt anunció que su propuesta de iniciativa pasará primero por foros de consulta para ser ajustada y hasta después se enviará al Congreso.
La incertidumbre empezó a principios del año pasado, cuando la senadora de Morena por Tlaxcala Ana Lilia Rivera presentó una iniciativa, pero recibió críticas porque ni siquiera pertenece a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Luego, a finales de noviembre pasado, se filtraron páginas de un borrador de Conacyt, lo que alertó a varios científicos, como la red ProCiencia, que la semana pasada había publicado un comunicado reclamando que no se estaba permitiendo la participación de la comunidad científica.
Este miércoles en conferencia de prensa, la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, rechazó las críticas y presumió que se realizaron 287 conversatorios y mesas de diálogo entre 2019 y 2020, se recibieron 277 propuestas y respondieron 164 cuestionarios a través de una plataforma web habilitada para ello, y que en total opinaron 35 mil 698 miembros de la comunidad científica.
Aunque el texto final del anteproyecto no se ha publicado oficialmente; solo se distribuyó entre científicos que lo han compartido.
La funcionaria subrayó que aunque ahora se harán foros de consulta, la iniciativa está en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que será quien la presente ante las Cámaras para iniciar el proceso legislativo.
Dirección centralizada y sin foro consultivo autónomo
El presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), Alonso Huerta, subrayó en entrevista que la importancia en el cambio de legislación es que pasa de ser una Ley Federal a una Ley General, es decir, que no solo regirá a órganos federales, sino que después cada estado deberá ajustar su marco legal en concordancia con lo que se apruebe.
De primer momento, le parece que el anteproyecto tiene una visión muy centralista. La Rednacecyt fue una de las organizaciones que había presentado una propuesta íntegra de texto para convertirse en nueva Ley; su presidente consideró que sí fueron retomados puntos planteados por la red, pero deseó que en los debates se pueda ampliar la inclusión de actores en el sistema de gobernanza del sector.
“Tampoco es que forzosamente queramos la redacción de la propuesta de la Rednacecyt, pero sí nos gustaría discutir el tema en estos espacios que se abren, con la finalidad de que quede un esquema más plural, más balanceado y equilibrado entre los diferentes actores, porque ahorita sí se acusa una presencia más importante de instancias del gobierno federal respecto a otros actores, lo que de alguna manera puede significar que las decisiones estén concentradas y no debidamente distribuidas como lo requiere un sistema de esta naturaleza”, comentó.
Uno de los miembros de ProCiencia, Juan Esteban Martínez, investigador del Instituto de Ecología (Inecol), también consideró que la nueva Ley debe implicar la participación de los tres niveles de gobierno y de todos los involucrados con el desarrollo de la ciencia en México.
En su opinión, la propuesta presentada deja pasar la oportunidad de ser un buen marco jurídico y se queda encajonada en el modelo actual, donde las decisiones siguen recayendo en la junta de gobierno del Conacyt.
Las consultas del texto que se harán a partir de ahora estarán a cargo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo cual llamó la atención porque el actual gobierno prácticamente lo desmanteló, creó un Foro paralelo, y el anteproyecto de Ley lo desaparece definitivamente.
La propuesta ya no considera su existencia, pero sí habla de un “órgano consultivo”, con opiniones no vinculantes y miembros que sean voluntarios, sin remuneración. El Foro, como fue creado en 2002, era una Asociación Civil que aunque no pagaba a sus directivos, sí recibía presupuesto de Conacyt para personal operativo y organización de actividades.
Julia Tagüeña, investigadora de la UNAM que fue coordinadora del Foro hasta el año pasado, opinó que una diferencia clave en el planteamiento de este nuevo órgano es que no será autónomo, porque va a estar supeditado al Conacyt.
“Aunque dice que va a tener decisiones autónomas, es evidente que ningún órgano que depende directamente de ti puedes decir que tiene una opinión autónoma. Yo sé que hubo muchas propuesta que se metieron a Conacyt pidiendo que se creara un órgano consultivo, no el mismo, uno nuevo, pero que volviera a ser autónomo, y no creo que la nueva Ley lo contemple, y eso es una de las cosas que se deben comentar en estos foros en enero. Queremos que haya una voz independiente ¿sí o no?”, señaló.
La experta consideró que de cualquier manera es una buena noticia que se vayan a realizar los foros y que será muy importante que ahora sí se pueda debatir sobre un texto concreto, ya que hasta ahora habían sido discusiones en abstracto.
Los científicos consultados coincidieron en que no es grave que se haya incumplido con el plazo para renovar la Ley, si es para garantizar un proceso de debate amplio sobre una propuesta concreta de redacción que ahora ya todos conocen y de la cual pueden opinar.
A continuación el anteproyecto.
