Electrochoques, violaciones y golpes: la realidad en hospitales de salud mental en México
Mientras otros países como Argentina y Perú han transitado a modelos de atención a la salud mental más comunitarios y humanizados, en México todavía prima un sistema “maniconial”, en el que hay instituciones donde aún se usan los electrochoques, los internos entran contra su voluntad, hay violaciones sexuales, golpes y demás tipos de abuso.
Así lo muestra el informe de la organización civil Documenta, titulado “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”.
En el documento se señala, por ejemplo, que la respuesta institucional en el país frente a los problemas de salud mental ha tenido como eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación.
“Diversos países de la región han transitado por profundas reformas en salud mental impulsadas por el reconocimiento de que el modelo centrado en la atención psiquiátrica hospitalaria no ha cumplido su misión y, peor aún, ha generado espacios de violaciones de derechos”, dice el documento.
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Y agrega, “seguimos anclados en el pasado, con un marco normativo que limita el ejercicio de los derechos de las personas usuarias y con políticas públicas que destinan más del 80% del gasto en salud mental a los hospitales psiquiátricos de alta especialidad”.
A modo de resumen, dentro de las irregularidades más comunes en el respeto al derecho al consentimiento informado están:
El suministro de tratamientos médicos en contra de la voluntad de las personas o sin que se les explique el tipo de medicamentos, para qué sirven y los riesgos asociados.
Existencia de formatos incompletos e inadecuados de consentimiento informado para la aplicación de tratamientos con consecuencias graves, como la Terapia Electroconvulsiva y Castración Química (TEC), un tratamiento que sigue generando hasta la fecha una gran controversia en los ámbitos clínico y social.
Aunque muchos países la siguen empleando, las garantías que debe cumplir son cada vez más estrictas; por ejemplo, destaca que sea obligatorio recabar el consentimiento de la persona, el monitoreo electroencefálico y la aplicación modificada con el uso de anestesia y relajantes musculares. En cualquier caso, siempre que la TEC sea aplicada involuntariamente y de forma no modificada se estará ante un caso de tortura.
La Comisión Nacional de Salud Mental (Consame) documentó, en todas las 10 visitas que realizó a los hospitales psiquiátricos, diversas irregularidades, como expedientes desactualizados y sin rubros dedicados al consentimiento o la falta de notas para aplicar sujeciones o aislamiento. Estas irregularidades se detectaron, incluso, en la aplicación de la TEC.
Por ejemplo, hospitales que contaban con documentos de consentimiento en los que no se especificaban todos los efectos adversos a la TEC; casos en los que se aplicaba sin justificación médica o se solicitaba que el familiar firmara tanto el procedimiento como la aplicación de anestesias.
En 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) documentó que en el 20.51% de los hospitales visitados se producían internamientos involuntarios en los que una vez restablecida la persona no se le pedía el consentimiento para permanecer internada. En varios hospitales los expedientes carecían de historia clínica, de hojas para brindar el consentimiento o no contenían indicaciones del médico psiquiatra para internar a los usuarios.
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En cuando a privación ilegal de la libertad hay narraciones en las que los afectados describen que los que parecían paramédicos entraron a los dormitorios de sus casas para sedarlos, amarrarlos y llevarlos en contra de su voluntad a un centro de salud mental, con el permiso de la madre y la orden de internamiento de un psiquiatra que el afectado no conocía y solo firmaba con sus iniciales.
Respecto a otro tipo de violaciones a los derechos humanos, en México es común que las personas internadas vean restringida no solamente su libertad personal, sino también la capacidad para tomar decisiones relacionadas con aspectos esenciales de su vida diaria; por ejemplo: realizar actividades, manejo de horarios, posibilidad de contactar con el mundo exterior, disfrutar de espacios, ropa y objetos propios y tener un mínimo de privacidad.
En el informe se presenta el caso de un niño de doce años de edad, que en 2014 estaba en el Hospital Psiquiátrico Dr. Víctor M. Concha Vázquez, en Orizaba, Veracruz, sin tener posibilidad de asistir a la escuela, ni acceso a la educación. La mayor parte del tiempo la pasaba en un cuarto, vigilado por personal de seguridad.
El niño no convivía con ninguna otra persona de su edad, no tenía acceso a medios de información ni a alguna opción de esparcimiento. “Estaba privado de cualquier oportunidad de desarrollo y acceso a una vida digna”.
También es común que las personas no puedan tener espacios, ropa o artículos propios ni privacidad al momento de realizar sus actividades íntimas.
El MNPT concluyó que del total de los centros psiquiátricos que visitó en 2018: el 66.66% presentaba deficiencias en el mantenimiento e higiene de las instalaciones; 10.25 % hacinamiento; 25.64% deficiencias relacionadas con el vestido, el calzado y la ropa de cama de las personas usuarias.
Estos hallazgos complementan los obtenidos por el Consame, cuyos informes también registran la insuficiencia de alimentos o que las personas duermen en el suelo y están descalzas, entre otras irregularidades.
Debido a las condiciones en los hospitales, las personas con condiciones graves de salud mental tienen una mortalidad exacerbada —entre dos y tres veces mayor que la de la población en general— que se traduce en una esperanza de vida que puede llegar a ser 30 años inferior a la media nacional.
Un alto porcentaje de las causas de muerte se relaciona con enfermedades físicas —como infecciones bacterianas y víricas—, cardiovasculares, musculoesqueléticas, respiratorias, nutricionales y metabólicas, por mencionar algunas.
Las deficiencias en la atención a las enfermedades, especialmente en los hospitales psiquiátricos, chocan con el propósito de los últimos programas nacionales de crear estructuras que brinden servicios de atención integrales.
Más del 80% de los hospitales psiquiátricos en 2018 presentaba deficiencias en programas preventivos, equipo médico y abasto de medicamentos no psiquiátricos. Algunos ejemplos son las áreas de urgencias sin tomas de oxígeno, aire comprimido, ni aspiración funcionales para la atención crítica; la inexistencia de áreas de urgencia y servicios de electroencefalografía, rayos X u odontología; unidades sin farmacia y la falta de programas de vacunación y prevención de enfermedades.
La relación entre violencia sexual y salud mental es estrecha y bidireccional, alerta también el informe de Documenta. Las mujeres con alguna condición de salud mental institucionalizadas involuntariamente son especialmente vulnerables a los abusos sexuales.
“En México, la desprotección que sufre la población institucionalizada ha creado un desequilibrio de poder entre el personal y la población interna, una de las expresiones más documentadas son los actos de violencia sexual acompañados de amenazas, intimidación y humillaciones”.
Existen cuatro informes especiales que documentan la violencia sexual u omisión de las autoridades para prevenirla. La CNDH también informó de un caso en Hidalgo en donde una usuaria fue víctima del delito de violación equiparada agravada por parte de un servidor público.
En otras quejas en contra de hospitales se denunció que el trato humillante llevó a una persona a aventarse de un tercer piso y a una mujer a intentar acabar con su vida por las condiciones en las que vivían. También existen varias quejas que narran suicidios consumados y dos recomendaciones que señalan a las autoridades penitenciarias como responsables de los suicidios por omisas en la vigilancia y seguridad de las personas ubicadas en los pabellones psiquiátricos.
Desde algunos años, en México se ha intentando transitar hacia un modelo de atención a la salud mental de carácter más comunitario: el Modelo Miguel Hidalgo. El Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018 señala que busca privilegiar sistemáticamente la asistencia en centros de salud no especializados “[…] recurriendo a una red de servicios comunitarios” y trabajando con programas de rehabilitación psicosocial siempre pensando en la reinserción del usuario a su comunidad.
Este modelo pretendía crear nuevas estructuras de atención, con servicios conforme al respeto a los derechos humanos de los usuarios para que éstos recibieran una atención integral. Entre 2006 y 2012 se establecieron villas de transición hospitalaria en seis estados del país con la finalidad de contribuir al desarrollo integral e inclusión plena de las personas usuarias.
Estas escasas experiencias no han traído cambios sustanciales. Ni siquiera existe información pública y rigurosa sobre cómo operan, afirma el estudio de la ONG.
Invitado a participar en la presentación del informe de Documenta, Juan Manuel Quijada, director de Servicios Psiquiátricos de la Secretaría de Salud, aseguró en su intervención, que en sus cuatro años en el Instituto Nacional de Psiquiatría jamás vi estos tratos.
“Estuve lejos de ver alguna atrocidad. En el Fray Bernardino no veo sujeciones forzadas ni internamientos. Esto no quiere decir que no tengas oídos y ojos hacia lo que está sucediendo y sigue sucediendo en algunas instituciones. Estamos en una situación transicional hacia un modelo preventivo y comunitario y en el que el último de los eventos que suceda sea la hospitalización”, comentó.
El funcionario recalcó que, “estamos ante una tercera gran reforma (en el modelo de atención a la salud mental) y lo estamos haciendo mediante el diálogo, pero también con el apoyo de la ciencia y las mejores prácticas”.
Como parte de su informe, Documenta incluye una serie de recomendaciones, entre estas:
- Elaborar un plan nacional multisectorial de salud mental comunitaria.
- Conformar y asegurar el funcionamiento de un órgano rector que supervise la transformación del sistema y se encargue de dictar la política pública en materia de salud mental y adicciones.
- La transformación del sistema de salud mental requiere el incremento y la redistribución del financiamiento de operación e inversión, especialmente en la prestación de los servicios de primer nivel, ya que actualmente se destina a la salud mental únicamente el 2% del presupuesto asignado a la salud en general, y de ese 2%, el 80% se invierte en la atención hospitalaria.
- Diseñar e implementar un plan de desinstitucionalización con procesos, protocolos y metas claras, así como objetivos de corto y mediano plazo destinados a integrar a la comunidad a las personas que se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos, villas de transición u otras estructuras monovalentes.
- Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios tanto residenciales como ambulatorios.
- Solicitar la asistencia técnica de la OMS, particularmente del programa Quality Rights, para iniciar un proceso de transformación en la prestación de servicios de salud mental, así como de capacitación de las y los profesionistas de salud mental y las personas usuarias con base en los derechos humanos.
Además, Ángel Salvador, integrante de Documenta, advirtió que la Secretaría de Salud debe tomar las riendas de los centros privados para el tratamiento de adicciones, ni el 10% están registradas, dijo, y se presentan diversas violaciones a los derechos humanos.
