En los ocho meses que ha durado el confinamiento por la pandemia de COVID-19, la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos ha dado acompañamiento y atención a 34 mil 716 personas, de las que 12 mil han sido remotas, por vía telefónica o redes sociales. Esta cifra significa un 51% más solicitudes de ayuda y orientación que en los mismos meses de 2019.
La organización ha registrado que el 71% de los agresores son la pareja de la mujer y el 11%, su expareja; mientras que otro 16% es algún otro hombre de su familia, como padre, padrastro, tío, hermano, etcétera.
“Asimismo, el 13% de los hombres agresores cuenta con antecedentes penales (narcotráfico, trata, secuestro, robo y violencia familiar), el 9% con vínculos militares o políticos 9% y el 17% usan armas blancas o de fuego, datos que reflejan que las violencias son sistémicas y estructurales”, señaló en un comunicado este viernes.
Una tercera parte de todas las personas que han buscado a la Red, 11 mil 413, lo hizo tan solo en los últimos dos meses, desde agosto. La mayoría sí son servicios que se dan de forma presencial, 7 mil 535, principalmente a través de dos mecanismos que tiene la red: los refugios como tal, donde subió 26% comparado con el año pasado la cantidad de ingresos de mujeres y sus hijos para protegerse de una situación de violencia inminente, o los Centros de Atención Externa, donde el incremento fue de 35% en apoyos jurídicos, psicológicos u otras orientaciones.
Además, durante todos los meses de cuarentena han sido rescatadas 37 mujeres, es decir, que en plena contingencia tuvieron que huir de sus casas por el riesgo de feminicidio. Nueve de ellas ocurrieron entre agosto y octubre.
En estos dos meses la Red ha contado con un nuevo financiamiento gracias a un convenio firmado con la Unión Europea, además del financiamiento que recibe ya desde hace cuatro años de la organización Hispanics In Philantrhropy (HIP)
En octubre, se aprobaron 10 proyectos que tendrán un presupuesto de 1 millón 150 mil pesos para promover, en su mayoría, la inserción laboral y autonomía económica de mujeres sobrevivientes de violencias, disminuir el impacto económico de la pandemia y promover derechos sexuales y reproductivos. Las entidades con estos proyectos son Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Una novedad es que se han instalado tres “Casas de Emergencia” que están en etapa de equipamiento en Colima capital, Piedras Negras, Coahuila, y Cuernavaca, Morelos, municipios que tienen declarada Alerta de Violencia de Género. Estas casas son un espacio previo a la entrada a un refugio, donde las mujeres puedan llegar huyendo pero pasar unos días para garantizar también que no hay riesgo de contagio de COVID-19 a las que ya están albergadas.
También hay tres nuevas “Casas de Transición” en Tapachula, Chiapas; Yautepec, Morelos; y Aguascalientes capital, la cual ya está operando completamente. Estos espacios son posteriores a cuando una mujer está en el refugio bajo total protección, para que pueda empezar a retomar su vida y lograr su autonomía fuera del contexto de violencia.