Libran 11 órdenes de captura por La Estafa Maestra; detienen a dos personas
Como parte de las investigaciones por los desvíos de recursos registrados en la Sedesol y Sedatu bajo el esquema de La Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en total 11 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios federales, un exrector, y supuestos accionistas de empresas fantasma, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Entre esas órdenes están dos ya conocidas: una en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, la cual no se ha ejecutado pese a que la funcionaria está presa desde hace un año por cargos de omisiones; y la otra en contra de Simón Pedro de León Mojarro, quien fungiera como coordinador de delegaciones estatales de Sedesol, y quién se encuentra prófugo.
Hay otras dos órdenes de aprehensión que ya se cumplimentaron. Los detenidos son Luis Antonio “N”, presunto accionista de una de las empresas fachada a la que se habrían transferido recursos presuntamente desviados, y María de la Luz “N”, exdirectora General Adjunta de Integración de Padrones de Sedesol.
Luis Antonio fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, Estado de México, mientras que María de la luz fue ingresada al Centro Federal de Readaptación Social número 16 Femenil en el estado de Morelos. En los próximos días se definirá su situación jurídica.
Entre las otras personas que cuentan con una orden de aprehensión por cumplimentar, de acuerdo con lo informado por autoridades federales, está el exrector de la Universidad de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y quien hace unos meses fue vinculado a proceso por el delito de peculado, en un caso que lleva la fiscalía de ese estado.
Las 11 órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR como parte de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 que tiene en integración.
Dicha carpeta se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada en agosto de 2019, y se ha complementado con la revisión de al menos uno de los convenios que la Sedesol firmó el sexenio pasado, y que forman parte del esquema descrito en La Estafa Maestra.
Pese a que en la denuncia de la UIF se identificó a Emilio Zebadúa, el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, y a sus hermanos con gastos no acordes a sus ingresos por más de 200 millones de pesos, ninguna de las 11 órdenes de aprehensión obtenidas por la SEIDO es en contra de alguno de ellos.
Lo anterior obedece a que Zebadúa ha iniciado una negociación con la FGR para volverse un testigo colaborador a cambio de no ser procesado. Animal Político detalló que Zebadúa es uno de los cinco exfuncionarios que han testificado ante la Fiscalía en el caso por delincuencia organizada que está en integración.
La hipótesis que la SEIDO presentó ante el juez para obtener los referidos mandamientos judiciales es que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) participaron en un esquema de presuntos desvíos de recursos públicos en colusión con universidades y organismos estatales. Todo ello aprovechando que para estos casos la Ley de Adquisiciones permitía exceptuar una licitación.
Dichos recursos fueron transferidos luego por las universidades hacia empresas factureras con la finalidad de ir ocultando su origen. En su denuncia, la UIF identificó incluso salidas de dinero en un mismo día desde las mencionadas secretarías a otras cuentas bancarias que, a su vez, lo transfirieron a varias más. Se trata de movimientos inusuales que permiten presumir un esquema de desvío de recursos y lavado de dinero.
Para la unidad que encabeza Santiago Nieto, el rol de Zebadúa es central pues era el Oficial Mayor de las dependencias, el apoderado legal de las cuentas oficiales, y responsable de las áreas de adquisiciones. Ello además de los movimientos inexplicables de recursos identificados en su entorno personal. En el caso de Robles, se le responsabiliza por ser la titular de las dependencias de donde salió el dinero.
Cabe recordar que Zebadúa logró retrasar cualquier acción legal en su contra durante más de un año gracias a la promoción de diversos amparos que dieron pie a suspensiones provisionales. Luego de perder dichos recursos se acercó con la Fiscalía para buscar un esquema de colaboración. Actualmente, el exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu cuenta con otra suspensión, pero para que sus bienes no sean confiscados.
