Mexicanos desconfían de servicios de salud públicos, prefieren los privados aunque no pueden pagarlos
Cuidar a Cleotilde, una mujer de 87 años que pasa la mayor parte del tiempo acostada en una camilla, representa una inversión fuerte para su familia. Pese a que cuenta con seguridad social, sus hijos prefieren rentar equipo médico para que se atienda en casa, con doctores particulares.
Desde hace aproximadamente tres años, entre sus nueve hijos han gastado más de cien mil pesos en la atención médica de la mujer, que vive con problemas de salud relacionados con dolores crónicos que afectan sus nervios y con heridas que aparecen en su cuerpo a causa de que ha perdido movilidad en la parte inferior del cuerpo.
Su familia decidió que es preferible pagar servicios particulares, principalmente porque a Cleotilde le da desconfianza que la lleven a atenderse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependencia de la que es derechohabiente.
De acuerdo con su hija Guadalupe, cuando aparecen los fuertes dolores o se enferma del estómago o la garganta, la mayoría de las veces recurren a un médico con consultorio propio en la misma colonia del pueblo de Xochimilco donde viven. Para atender las heridas que le salen en el cuerpo debido a la poca movilidad que tiene, deben buscar médicos especialistas, que son más caros.
Ahora, con la pandemia de COVID, para no exponer a Cleotilde, la familia paga para que los médicos acudan a su domicilio para las revisiones, por lo que los honorarios se incrementan a 300 pesos por una consulta general, y hasta mil 500 pesos cuando se trata de la visita del especialista, más los medicamentos que deben suministrarle.
“Llevamos más de 100 mil pesos invertidos, pero tuvimos que recurrir a los servicios particulares porque el hecho de decirle a mi mamá que la íbamos a llevar al Seguro le daba pánico, por la experiencia que vivió con su esposo, que se atendió en sus últimos años en servicios públicos, pero ya enfermo no pasó mucho tiempo internado cuando falleció”, cuenta Guadalupe.
Para la mayoría de las familias en México resulta difícil cubrir los gastos de atención a la salud en servicios particulares, aunque en caso de enfermar dicen preferir ser atendidos en servicios de paga, más aún en un momento de contingencia sanitaria como la pandemia de COVID.
Según la *Encuesta de Acceso a la Salud y Estado de Derecho en el marco del COVID-19 del World Justice Project, el 70.7% de las personas en México señalan que sería muy difícil o algo difícil cubrir los gastos de un médico u hospital privado. En el caso de los consultorios adyacentes a farmacia, otra modalidad de estos servicios de paga, solo el 34.7% consideró que tendría dificultades para pagarlo.
A estas dificultades se suma que la pandemia de COVID-19 y los cambios sociales resultado de la misma han impactado de manera desigual en la vida de las personas, principalmente en el ámbito de la salud.
De acuerdo con World Justice Project, la crisis de salud pública se suma a los retos existentes en materia de Estado de Derecho en México, que debería contribuir a la erradicación de las causas estructurales que subyacen en las prácticas discriminatorias y desigualdad en los servicios públicos. Algo que actualmente no sucede.
En el caso de la familia de Cleotilde, pese a las dificultades que representa pagar tanto, Guadalupe dice que la inversión en la salud de su madre vale la pena, porque en casa tiene “los cuidados que en el Seguro Social no le van a dar”.
El negocio de la salud
Hace 10 años, en 2010, una reforma gubernamental derivó en el establecimiento masivo de consultorios adyacentes a farmacias, luego de que se volviera obligatoria la presentación de una receta médica para poder comprar antibióticos.
Laura Flamand, coordinadora de la Red Desigualdades del Colegio de México, explica que este “modelo de negocio” brinda aproximadamente 6 millones de consultas al mes en todo el país, mientras el IMSS, subsistema que cuenta con más derechohabientes, mensualmente da 8 millones.
“Son de bajo costo, están ubicados de manera muy cercana a los domicilios en localidades urbanas y son de acceso inmediato. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, realizada por el INEGI, los consultorios adyacentes fueron los mejor calificados en cuanto a proximidad geográfica y tiempo en que tardan en atenderte”, señala la investigadora.
Mientras en los servicios públicos las citas a los pacientes se dan con una periodicidad de entre un mes y hasta seis meses, el tiempo de espera para ser atendido en un consultorio de farmacia es de menos de 25 minutos.
Sin embargo, estos establecimientos tienen algunos problemas: “Para empezar hay un conflicto de interés muy fuerte, porque el médico en ese consultorio adyacente quiere que la persona compre medicamentos en la farmacia”.
“Si vas a un consultorio adyacente, el 67% de las veces te recetan tres medicamentos”.
Además, de acuerdo con un artículo del doctor Miguel Ángel Lezana Fernández, publicado en la Revista de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha encontrado que el 52% de estos consultorios no da aviso de enfermedades contagiosas obligatorias al Sistema de Salud federal. En el 32% de los casos, el responsable sanitario ni siquiera cuenta con título de médico.
En ellos, las consultas suelen tener un costo de entre 30 y 70 pesos, aunque en algunos negocios la aportación a los honorarios de la o el médico es voluntaria.
Flamand explica que ello se debe a que “contratan a los médicos en condiciones terribles. La fundación Best, que es la que cuenta con más consultorios adyacentes a farmacia, les da los locales mediante un arreglo de comodato. Les prestan los espacios a cambio de que paguen los insumos que ocupan, como jeringas o gasas, y están obligados a dar una prescripción excesiva de medicamentos”.
En el caso de los consultorios adyacentes a farmacia propiedad de los médicos, estos cuentan con mejores condiciones para el titular del negocio y sus pacientes, pero en general, señala la investigadora, la infraestructura de estos es de baja calidad.
Mercedes López, quien tiene un consultorio adyacente a farmacia propio en Tulyehualco, Xochimilco, cuenta que a partir del inicio de la pandemia de COVID la gente dejó de acudir a atenderse por miedo a contagiarse de coronavirus, lo que ha mermado su economía, que de por sí se vio afectada porque ahora debe comprar productos para desinfectar el local y para protegerse.
“Se ha incrementado el gasto porque se tiene que desinfectar todo. Para revisar a un paciente a veces se tiene que hacer cambio de guantes hasta tres veces, y tengo que comprar aerosoles desinfectantes, además de mis cubrebocas”, señala en entrevista con el medio.
Por ahora sobrevive de las consultas que aún con la pandemia le requieren los vecinos de Tulyehualco, aunque por el temor que les provoca contagiarse de COVID en el consultorio, cada vez es más común que le pidan acudir a sus domicilios. Entre sus pacientes, dice Mercedes, ha tenido algunos con síntomas de coronavirus.
En la encuesta realizada por World Justice Project (WJP), el 34.7% de las personas señalaron que, en caso de presentar síntomas de COVID sería mucho o algo probable que acudan a atenderse en un consultorio adyacente a farmacia. El 64.7% dijo que elegiría acudir a un hospital privado.
Acerca de la percepción que tienen los mexicanos de los centros de salud y hospitales públicos para atender COVID, solo el 44.7% dijo que tiene mucho o algo de confianza en sus servicios.
En el caso de los hospitales privados, el 68% de los encuestados señaló tener mucho o algo de confianza en la atención que brindan a pacientes con coronavirus.
Los médicos de farmacia recibieron solo el 31.3% de las personas dijo que les tendía confianza, y el 28.8% indicó que confiaría en atenderse con remedios caseros u homeopatía.
Las desigualdades del sistema
Si bien el acceso a la salud en condiciones de igualdad para todas y todos los mexicanos es una obligación del Estado mexicano, la pandemia ha complicado el cumplimiento de este derecho, establecido en el artículo 4 de la Constitución.
Según la Ley General de Salud, esto implicaría el bienestar físico y mental, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, y el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
Sin embargo, el acceso a la salud, en la realidad, se ve atravesado por diversas desigualdades.
Las más acentuadas de las desigualdades, de acuerdo con Laura Flamand, son las territoriales y de subsistemas, además de la debilidad misma del Sistema de Salud.
Es decir, que no goza de la misma atención en salud una persona afiliada al IMSS, que la que alguien que es derechohabiente del ISSSTE, de la Secretaría de la Defensa Nacional, o Pemex. Tampoco cuenta con las mismas atenciones una persona que no cuenta con seguridad social y debe atenderse en los servicios públicos de cada entidad federativa, ni se accede por igual a este derecho en los diferentes estados.
En este sistema desigual, la doctora Flamand explica que los más vulnerables son las personas que no cuentan con seguridad social, que son 6 de cada 10 en el país.
“Son personas más vulnerables, no solo por su nivel de ingreso, sino porque en general tienen situaciones laborales menos estables y menos seguras. No solo son vendedores ambulantes, hay personas que sus empresas los tienen sin honorarios, y a pesar de que pagan impuestos no gozan del mismo acceso a la salud”.
Y es que se destina 39% más del gasto público en salud para las personas que cuentan con seguridad social, en comparación con quienes no tienen.
“Es grave que bajo la Constitución, de acuerdo al artículo 4º, todas las personas en México tenemos garantizado el derecho a la protección social en salud, pero el gasto público entre subsistemas no respeta ese derecho”, señala Flamand.
La repartición desigual de los recursos públicos se refleja en los recursos materiales con los que cuentan, como camillas, personal médico general y especialistas. Los servicios de las personas con seguridad social cuentan con mayor inversión.
A estas diferencias se suma la desigualdad entre entidades federativas. Tan solo en el tema de la mortalidad infantil, una niña o niño que nace en estados con altas tasas de pobreza, como Veracruz, Puebla o Chiapas tiene el doble de probabilidad de morir antes de cumplir un año, en comparación con los estados con una tasa menor, como Baja California Sur, Coahuila y Aguascalientes, de acuerdo con información sobre Defunciones registradas por entidad federativa del INEGI.
“En México, en general, quien nace en condición de vulnerabilidad o desventaja muere en esta condición. Las oportunidades de movilidad social son muy escasas, y el simple hecho azaroso de dónde naces, en qué tipo de familia y los servicios públicos a tu disposición determinan mucho de la calidad de vida y de salud que se tiene”, explica la investigadora.
Esto tiene que ver con las características de los sistemas de salud en cada estado, principalmente aquellos que atienden a las personas sin seguridad social.
En los 32 estados hay un subsistema de salud que atiende a personas sin seguridad social, y estos cuentan con diferentes necesidades y cantidad de personas por atender.
Por ejemplo, en Tabasco, Puebla, Oaxaca y Guerrero 7 de cada 10 personas se atienden en servicios de salud del estado, debido a que no cuentan con seguridad social de instituciones federales. En el caso de Coahuila y Nuevo León, estos solo atienden 3 de cada 10, según datos de los Indicadores de carencia social por entidad federativa del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
“El peor escenario es el de alguien que no tiene seguridad social, que vive en un estado vulnerable con pocas oportunidades de desarrollo, donde hay además un sistema de salud débil. Peor aún, si vive en una comunidad aislada donde en ocasiones ni siquiera hay médico o centro de salud. Ahí se ve claramente el entrecruzamiento y la acumulación de las desigualdades”.
Estas desigualdades, alerta Laura Flamand, podrían incrementarse con la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), al que solo se encuentran adheridos 26 de las 32 entidades federativas, además de que el presupuesto que recibirá en 2021 para operar será menor al del año anterior, aún con el contexto de la pandemia.
Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, Nuevo León y Jalisco son los estados que rechazaron sumarse.
“La demanda para el INSABI es muy grande, porque con menos recursos tendrá que atender a más personas, pues se incrementará la población sin seguridad social, y con este panorama no parece que se vayan a abatir las desigualdades”, concluye.
