Madre acusa que Fiscalía de Durango no indaga presunto abuso sexual contra sus hijas

Mónica ya había notado comportamientos raros en sus hijas de 5 y 4 años. Hace exactamente un año se separó del que era su marido, que la forzó a firmar un acuerdo de custodia compartida tras llevarse a las niñas, por lo que incluso fue declarado culpable ante la justicia del delito de sustracción de menores. Hasta que en abril pasado, ya en plena cuarentena por COVID-19 en la que pasaban días enteros con su papá en casa de los abuelos, la terapeuta que las veía tras el divorcio le dijo que tenían síntomas de ser víctimas de violencia sexual infantil.

Ella acudió a denunciar presunto abuso sexual “contra quien resulte responsable”, todavía incrédula de que pudiera estar ocurriendo dentro de la propia familia. Aunque estadísticas oficiales apuntan a que así ocurre en el 60% de casos.

Pero en los siguientes meses, las declaraciones de las niñas y un peritaje externo han apuntado a dos personas de riesgo: su papá y su abuelo. Ambos, identificados como Mauricio “N”, son empresarios conocidos en Durango, razón por la que Mónica sospecha que las autoridades han obstaculizado las investigaciones del caso.

Tras esa primera denuncia, la psicóloga adscrita al Ministerio Público le dijo que sí estaba ocurriendo algo, pero las niñas todavía no lo verbalizaban claramente por ser tan pequeñas, así que las redirigió al DIF. Pero ahí, aunque primero le dieron buenas esperanzas, según Mónica todo cambió cuando supieron quién era la familia, y decidieron hacer solo cuatro sesiones de terapia de las que se fue peor que cuando llegó.

Después de las cuatro sesiones, además de decirle que no lograron que las niñas comunicaran más y que quizá solo extrañaban a su papá y por eso le sugerían reconciliarse con él, le explicaron que el DIF ni siquiera hacía peritajes, así que su análisis de cualquier manera no hubiera tenido valor legal.

“Y que al llevarlas yo ahí con ella yo las estaba revictimizando y las estaba vulnerando, que nunca debí de haberlas llevado con ella. Yo le respondo que estoy siguiendo los protocolos que me indicaron, yo acudí al Centro de Justicia para la Defensa del Menor, me indicaron esto y estoy haciendo lo conducente, si ustedes creen que es vulnerar a mis hijas, que es revictimizarlas, pues no las hubiera recibido, se hubieran negado”, recuerda.

Mónica cuenta que no erá la primera vez que sentía una actuación tendenciosa del DIF.

El 28 de noviembre de 2019, un día antes de que su entonces marido desapareciera de la casa con las niñas, el abuelo paterno presentó ante ese organismo una queja contra ella por omisión de cuidados y dijo que las pequeñas llevaban cuatro meses viviendo con él y su abuela. Y cuando el personal fue a verificarlo, reportó que los abuelos dijeron que las pequeñas estaban en una actividad extraescolar y por eso no las podían entrevistar en ese momento.

Denuncia por violación y medidas de protección

Después de que el informe de psicología del DIF fue descartado y el del Ministerio Público se perdió, los abogados de Mónica sugirieron hacer un peritaje con expertos de fuera del estado, para evitar cualquier posible conflicto de interés. Ese fue el que determinó que las sospechas de abuso recaían en el papá y el abuelo de las niñas.

La mamá recibió el resultado justo cuando estaban pasando las vacaciones de verano en casa de la familia paterna. Cuando regresaron con ella notó signos físicos extraños, así que las llevó directamente a la Fiscalía para una valoración médica. Por las medidas sanitarias ante la pandemia, le dijeron que no tenían médicos y tenía que ir a otro lado, al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, y esperar hasta el día siguiente.

El resultado fue duro: una de las niñas tenía signos de penetración y se ordenó hacerle exámenes de sangre para descartar enfermedades de transmisión sexual.

Con ese dictamen, se interpuso una nueva denuncia el 11 de agosto, esta vez por violación sexual y directamente contra Mauricio “N”, el papá, como probable responsable.

Pero nuevamente hubo irregularidades, cuenta Mónica. Al tomarle la declaración a la niña, el Ministerio Público se negó a hacer una grabación de lo que dijera, como estipula el protocolo de protección infantil, por lo que su madre insistió en estar presente y ella sí grabó. Al revisar la transcripción, había omitido partes en las que la niña decía que su papá la tocaba. Reclamó y primero el MP le contestó que no había dicho eso, pero como había otra persona de Derechos Humanos, le dio la razón en que sí había sido lo que declaró la niña. Aun así, la intimidó con que escribiría todo, incluyendo una mención que le dijo que la perjudicaría a ella, pero Mónica respondió que pusiera absolutamente todo y dentro de contexto.

Además de la denuncia penal, solicitó al juzgado familiar que le diera la custodia provisional para no volver a dejar que sus hijas se fueran con el papá, y pidió medidas cautelares. Se las concedieron, pero Mauricio ya ni siquiera fue a buscarlas cuando le hubiera correspondido.

“Para mí fue muy doloroso, porque yo esperaba, la verdad, que él se presentara y que me la hiciera de emoción, o sea, yo todavía en mi inocencia yo quería que no fuera cierto, ¡que al menos no fuera él! Que se presentara y me dijera: bueno, alguien le está haciendo algo a mis hijas pero no soy yo, te pasaste, vamos a dar con el responsable. Pero cuando no se presenta, para mí es como si me hubiera gritado: sí soy yo”, lamenta.

A donde sí fue él ese día fue al juzgado de lo familiar que llevó su proceso de divorcio para pedir la patria potestad de las niñas y medidas de protección en contra de la madre, acusándola de sufrir trastorno límite de la personalidad y de que podría ser ella quien agreda a las menores con tal de culparlo a él.

Su petición fue rechazada, pero Mónica asegura que siguen las muestras de favorecerlo. En primer lugar, porque aún con la prueba médica de lo sufrido por su hija, no se ha judicializado la carpeta de investigación en casi tres meses. Además, hasta apenas la semana pasada, a ella no le habían permitido el acceso a dicha carpeta ni remitido copias al juzgado familiar para que la tome en cuenta en la revisión de la custodia de las menores, para lo cual tenían una audiencia el pasado 28 de octubre que tuvo que posponerse por esa omisión.

Días antes de eso, según Mónica, el papá de sus hijas violó la orden de restricción, estuvo merodeando por su casa en un vehículo y se arrancó para huir en cuanto ella lo vio, y al ir a reportarlo, primero no le querían tomar la queja por no tener pruebas visuales, hasta que les dijo que el policía asignado a su seguridad fue quien le indicó que lo hiciera.

Esta semana vencen los 90 días de vigencia de las medidas de protección que tienen la mujer y las dos niñas, así que no sabe qué va a pasar si no se judicializa la investigación por violación sexual.

Animal Político pidió a la Fiscalía una postura sobre el caso, pero contestó que como es un tema muy sensible y está en curso la investigación, no se daría información al respecto.

Mientras tanto, lo único que consuela a Mónica es ver a sus hijas volver a la normalidad, sin insomnios ni malos humores, sin morderse las uñas o llorar, y que ya ni siquiera lo extrañan o preguntan por él.