‘Fueron los marinos’: FGR investiga a grupo de élite de la Marina por desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo

Erika Arredondo, de 42 años, no puede olvidar los tres días en los que pasó preguntando si tenían a su hijo al interior del cuartel de la Secretaría de Marina (Semar) en la avenida Leona Vicario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Todo comenzó el 19 de febrero de 2018. Fue cuando recibió el aviso de que Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, había sido embestido por un vehículo de la Armada de México mientras transitaba en un coche con otra persona.

Ella, que se encontraba en Houston, Texas, Estados Unidos, cruzó inmediatamente a México para ver qué había ocurrido. Llamó a la puerta del cuartel, buscó en hospitales y comandancias de policía, pero nada. Ni una sola pista más allá de lo que le dijeron los testigos del choque: “se lo llevaron los marinos”.

“Me pudo haber escuchado que yo estaba ahí. Porque duré días afuera de ese cuartel. Los marinos lo negaban, pero ahora dicen que sí estuvo ahí. Eso hace más grande mi coraje, más grande mi dolor, porque estuve cerquita de él y no pude sacarlo”, dice Arredondo en entrevista con Animal Político.

No es la única en esta situación.

Julio César es uno de los 47 desaparecidos entre enero y junio de 2018 en Nuevo Laredo que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a través de 34 carpetas abiertas. Para familiares como Erika Arredondo la respuesta sobre qué ocurrió con las víctimas es clara: “fueron los marinos”.

Al frente de aquel operativo se encontraban dos mandos: el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la unidad de operaciones especiales de la Semar en el momento de los hechos, y Alfredo Reyes Mondragón, capitán de fragata al frente de la Base de Operaciones de Marina en Nuevo Laredo hasta junio de ese año. El primero es conocido porque se le atribuyó estar detrás de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, líder del cartel de Sinaloa.

Un juez de Reynosa, Tamaulipas, ha encontrado indicios que vinculan a nueve de los subordinados de Ortega Siu y Reyes Mondragón con la desaparición forzosa del hijo de Erika Arredondo. Se trata de la primera de las 34 carpetas que pasa a ser judicializada.

Se trata del mayor caso de desapariciones forzosas registrado en México desde los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que se busca desde septiembre de 2014. En este caso los delitos no se registraron el mismo día, sino que tuvieron lugar en un lapso de tiempo de seis meses, aunque se consideran parte de los mismos hechos. En muchos de los casos hay testigos e incluso videos que señalan a los marinos como presuntos responsables. Es decir, hay sólidos indicios de la participación de funcionarios del Estado en estos crímenes.

Según la FGR, 25 víctimas les siguen buscando, otras tres fueron encontradas con vida mientras que 19 fueron halladas muertas, la mayoría abandonadas en parajes de Nuevo Laredo, Coahuila y Nuevo León. Entre estas últimas se incluyen menores de edad como José Eugenio Hernández Romero, de 14 años y cuyo cuerpo apareció semienterrado en la carretera hacia Piedras Negras el 28 de abril o Heidi Méndez Echeverría, de 17 años y que fue encontrada muerta junto a su esposo, Jesús Roberto Ramos Martínez, el 6 de mayo de 2018.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y un Juez Federal Mexicano, en uno de los casos que ya fue judicializado, han dicho que existen suficientes pruebas para sostener lo que las familias de los muertos y desaparecidos han dicho en diferentes instancias: que sus allegados fueron secuestrados por elementos de la Semar, que se los llevaros en diversas situaciones. Algunos fueron capturados en su propia casa; otros, tras registrarse una persecución o un choque vehicular y, algunos, cuando caminaban por la calle.

La FGR explicó a Animal Político que baraja dos líneas de investigación iniciales por los 22 asesinatos extrajudiciales y las 25 desapariciones forzadas, que se encuentran en 34 carpetas de investigación: la primera, que los marinos secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas; la segunda, que fueron criminales disfrazados como marinos los que secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas.

El único caso llevado a un Juez Federal confirma ahora que los implicados son elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, lo que apuntala la versión de las víctimas, que sostienen que se trata de una estrategia sistemática por parte de las fuerzas federales.

La Semar declinó ofrecer información sobre este caso pendiente de resolución judicial. Sin embargo, a pregunta de Animal Político insistió en que “colabora y brinda toda la información solicitada por esas autoridades, para el desarrollo de todos los casos en que personal naval se ve sujeto a investigación”.

El marino al que se atribuye la recaptura del Chapo

Testimonios y documentos oficiales recabados por Animal Político apuntan a dos figuras clave en los operativos donde se presume que este cuerpo élite de la Marina desapareció y asesinó a estas 47 personas. El almirante Marco Antonio Ortega Siu y Alfredo Reyes Mondragón, quien estuvo al frente de la Base de Operaciones de Marina en Nuevo Laredo hasta junio de ese año, cuando la Semar ordenó acuartelar a 257 elementos en Ciudad de México. Este retorno de los oficiales, según reconoció la propia Semar en aquel momento, se produjo obligado por las denuncias públicas que ya los señalaba como responsables de la ola de desapariciones.

Ambos personajes son señalados en la recomendación 36VG/2020 de la CNDH como las cabezas de estos operativos junto a elementos de la Semar y responsables políticos y policíacos del estado de Tamaulipas y del municipio de Nuevo Laredo. Este documento fue publicado en julio y en él se hace responsable a la Marina de 27 desapariciones forzosas. De ellas, 12 de las víctimas fueron encontradas sin vida. En la recomendación, la institución que lidera Rosario Piedra Ibarra se comprometió a acudir a los tribunales para denunciar tanto a los marinos como a autoridades de Tamaulipas y elementos de la FGR. Tres meses después de hacer público el documento esta denuncia no se ha llevado a cabo, según una respuesta de acceso a la información solicitada por Animal Político.

Los documentos y testimonios revelan que estos dos oficiales son dos de los principales responsables de los hechos. El primero, por ser el jefe de la unidad que presuntamente cometió las desapariciones y que ya tiene a nueve integrantes imputados. Al segundo se le vincula directamente como perpetrador, ya que diversos testigos lo ubican en el lugar en el que algunas víctimas fueron vistas por última vez.

El almirante Marco Antonio Ortega Siu es un mando muy relevante en la Semar, pues es comandante del Cuartel General del Centro y jefe de la unidad de Fuerzas Especiales en el momento en el que se perpetraron los hechos. A Siu se le atribuyen los operativos de recaptura contra Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe del cartel de Sinaloa y actualmente condenado en EUA a cadena perpetua, así como  otras operaciones relevantes de captura de capos y operadores de cárteles de la droga importantes.

Su relevancia fue tal que apareció en la terna de posibles sucesores que el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz le entregó al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar a la Semar en su gobierno.

La nueva administración, sin embargo, no lo tomó en cuenta y en el camino pasó al retiro. En Puebla el gobernador Miguel Barbosa lo había anunciado como su secretario de Seguridad Pública en junio de 2019, pero las indagatorias de la CNDH y de otras organizaciones civiles –incluso de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para México– acerca de las desapariciones forzadas en Tamaulipas frenaron su llegada.

Barbosa se vio obligado a rectificar y anunciar el nombramiento de otro marino, el Vicealmirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez. El argumento de Barbosa fue que la Semar requería aún de los servicios del almirante Ortega Siu. La institución, sin embargo, no quiso dar detalles a Animal Político sobre cuál es el destino actual del almirante.

En el caso de Reyes Mondragón el rol de este marino es más operativo y se le ubica directamente en los lugares en los que se perpetraron varias desapariciones. Por ejemplo, según documentó la CNDH en su recomendación 36VG/2020, él estaba al frente de un patrullaje que tuvo lugar entre la noche del 17 de febrero de 2018 y la madrugada del 18, tras el cual desaparecieron dos personas: Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loaiza, de 17 años.

De acuerdo con los testimonios recabados por la CNDH, las dos víctimas transitaban en un vehículo en la colonia Infonavit Fundadores de Nuevo Laredo pasada la medianoche cuando fueron perseguidos y terminaron chocando contra otro coche. Cuando estaban malheridos los marinos los capturaron y no se ha vuelto a saber nada de ellos.

“La comisión tiene por cierto que Alférez Hernández y Ballesteros Loaiza fueron detenidos en forma arbitraria por la Semar, posterior al accidente vehicular antes descrito. Asimismo, a partir de un testigo, es posible presumir una persecución por parte de personal naval al Vehículo 1 (en el que transitaban las víctimas) que colisionó contra el Vehículo 2, dado que habrían sido alcanzados por personal naval, sustraídos del interior del Vehículo 1 y detenidos en forma arbitraria para ser llevados a bordo de sus camionetas con rumbo desconocido”, dice la recomendación.

En estos hechos, Reyes Mondragón está identificado como uno de los marinos que participan en el patrullaje (junto con otro oficial y al menos 14 elementos más). También se le señala por ofrecer versiones contradictorias acerca de qué ocurrió aquella noche, incluso entregando documentación en la que deliberadamente se omite el accidente.

Este no es el único caso en el que este comandante aparece vinculado a las desapariciones. Según el relato de los hechos de la CNDH, también estaba al frente de un patrullaje que tuvo lugar entre el 26 y el 27 de marzo, que coincide con el momento en el que Daniel Trejo, de 41 años, y Gabriel Gaspar Vázquez, de 33 son capturados en un domicilio de Nuevo Laredo.

Jessica Molina, esposa de Trejo, se encontraba en la vivienda en el momento en el que los marinos irrumpieron en su interior. Ella, que estaba convaleciente de una operación, fue testigo de cómo uniformados entraron en la casa y golpearon durante al menos media hora a su esposo y a un amigo de este que llegó de Oaxaca buscando empleo. Le preguntaban que dónde guardaba las armas y por un apodo que jamás había escuchado. Luego se lo llevaron y no ha vuelto a saber nada de él.

“Solo espero que se detengan a los culpables, al menos a los mandos. Yo podría identificar al mando que nos interrogó para poderlo señalar abiertamente. Aunque se haya cubierto el rostro, lo repito y se lo digo en la cara, yo lo puedo reconocer, su voz la tengo taladrada en mi mente”, dijo, en entrevista con Animal Político.

En su momento, Molina presentó como prueba un video en el que se ve a marinos uniformados desplegarse frente a su casa y llevarse a su esposo. Ante estas pruebas,  la CNDH llegó a afirmar que “de las evidencias descritas se deduce la participación en los hechos de Reyes Mondragón, “un oficial…” y 13 elementos de la Semar”.

A pesar de su responsabilidad en el despliegue que se extendió entre diciembre de 2017 y junio de 2018, no hay constancia de que Ortega Siu o Reyes Mondragón hayan sido citados a declarar por la FGR. Al día de hoy, el oficial de mayor rango señalado por autoridades judiciales es Salvador Gerónimo Ramírez, quien fue interrogado por el Ministerio Público como testigo en la desaparición de Julio César Viramontes Arredondo y a quien el juez ya ha imputado. Este marino también aparece entre los oficiales a los que la CNDH señala como autores de desaparición forzosa.

Siete meses de operativo en Nuevo Laredo

Las presuntas desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales tuvieron lugar en un lapso concreto de tiempo en el que hubo un despliegue especial de la Armada en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y que comenzó el 11 de diciembre de 2017. En las tres bases con las que contaba la Semar en Nuevo Laredo fueron desplegados 257 efectivos, según datos proporcionados a la CNDH.

Animal Político preguntó a la Marina cuál era el propósito de aquel despliegue y esta respondió que “todos los despliegues operativos que la institución realiza son en coordinación con los tres órdenes de gobierno, sobre todo cuando son en calidad de Apoyo a la Seguridad Pública”.

En su recomendación, la CNDH identifica como “Orden de operaciones 1” y que se establece “para localizar, fijar, capturar a miembros de la delincuencia organizada (…) y coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno en el restablecimiento del Estado de Derecho”, según dijo la Semar a la CNDH.  De acuerdo al oficio 458/2019, el propósito era “proporcionar apoyo en materia de seguridad al gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el despliegue de personal militar con la finalidad de auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública”.

Se da la circunstancia de que este despliegue tuvo lugar cinco meses después de un encuentro celebrado a finales de julio en la Ciudad de México en el que participaron el almirante Ortega Siu, el entonces secretario de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón, y el actual jefe de gobierno del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Según informó en su momento el gobierno del estado, esta reunión era para fortalecer la presencia de la Armada en la Playa de Matamoros, Tamaulipas.

Desde el 11 de diciembre, 257 marinos fueron desplegados en Nuevo Laredo y no se retiraron hasta junio 2018, cuando fueron acuartelados ante la presión existente por las acusaciones sobre los desmanes presuntamente cometidos por sus unidades.

El destacamento estaba compuesto por 3 Capitanes, 24 Oficiales y 230 Clases y Marinería que estuvieron desplegados en tres bases. Con la retirada, dos de las bases pasaron a la Secretaría de la Defensa (Sedena) mientras que otra resultó completamente destruida tras un incendio provocado.

Según dijo la institución, todos sus integrantes fueron investigados por las desapariciones forzadas, aunque dos años después no se ha hecho público resultado alguno.

Los pocos avances que se han registrado fueron provocados por las familias, que durante todo este tiempo recabaron pruebas y tocaron la puerta de distintas instituciones para pedir apoyo.

En mayo de 2018 la oficina de la ONU para los Derechos Humanos habló de “fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad”. Organizaciones como Amnistía Internacional también mostraron su preocupación y dieron validez al testimonio de las familias de las víctimas. El 5 de diciembre de 2018, los afectados pudieron tomar la palabra dentro del 170 Período de sesiones de la CIDH. Allí recibieron el apoyo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien afirmó que actuarían contra los responsables, fuesen estos particulares o parte del Estado.

Nada de esto ha ocurrido.

Más de dos años después de la última de las desapariciones siguen sin ser encontradas 22 personas y nadie ha respondido por los crímenes. El señalamiento a la unidad de élite marca un punto de inflexión pero abre muchos interrogantes: quién era el mando último, si se trató de una reacción sobre el terreno o un operativo premeditado, hasta dónde llega la cadena de mando dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto o cuál es el papel que juegan los marinos señalados en la actual administración.