El 83% de denuncias por ‘Ley Olimpia’ sigue en trámite y solo ha habido 4 condenas
Una chica fue a denunciar ante el Ministerio Público que estaba siendo acosada e incluso recibió amenazas de muerte por Twitter. Le preguntaron dónde estaba cuando eso ocurrió y la respuesta fue que en su casa. ¿Entonces la amenazaron en su casa? No; en Twitter. Pero eso no es un espacio físico, así que no supieron procesar su denuncia, a pesar de que recientemente se habían aprobado las reformas que castigan la violencia digital contra las mujeres, conocidas como Ley Olimpia.
Este es uno de los casos que documentó la organización social Luchadoras en su informe Justicia en Trámite, el Limbo de las Investigaciones sobre Violencia Digital en México, que se publica este lunes y recapitula los avances y obstáculos que ha enfrentado esta legislación, que a la fecha ya está aprobada en 28 estados.
Mediante solicitudes de información a Fiscalías y Poderes Judiciales locales, encontraron que en los últimos tres años y hasta febrero pasado se abrieron 2 mil 143 carpetas de investigación por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en 18 estados.
La gran mayoría, 83%, sigue en trámite, mientras que 17% se solucionó con métodos alternativos sin llegar a un juicio —como suspensión condicional del proceso, acuerdo reparatorio o juicio oral abreviado—, y en dos ocasiones la víctima “otorgó el perdón”, a pesar de que los estándares internacionales desaconsejan esto en casos de violencia de género.
Solo en 24 casos las carpetas de investigación avanzaron a que se iniciaran causas penales, en siete estados, y en febrero solo había cuatro que terminaron en sentencia condenatoria (aunque en los últimos meses se han reportado en medios de comunicación otras dos condenas).
Tres de esas sentencias fueron en Tamaulipas, por el delito de “pornografía de menores e incapaces”, en modalidad digital, y otra en Chihuahua, por un delito que en ese estado se denominó “sexting” (aunque no se refiere al acto de compartir mensajes sexuales voluntariamente, sino a cuando éstos son obtenidos y difundidos a terceros sin el consentimiento de la persona).
Una de las integrantes de Luchadoras que realizó el estudio, Anaiz Zamora, explica en entrevista con Animal Político que no hay un único tipo penal ni funciona igual en todas las entidades del país porque aunque popularmente se denominó “Ley Olimpia”, se trata de reformas a leyes, códigos penales y delitos ya existentes pero para que se considere que también pueden cometerse en el mundo virtual, y el daño impacta en el mundo real.
“No es como el feminicidio, para ejemplificar, que se creó un tipo penal nuevo y ya, sino que más bien en cada estado ya sea que se hayan hecho adiciones a un delito ya existente, o se haya reformado algo que ya abarcaba cierto delito. Por ejemplo, la integridad sexual, y ahí en ese delito se adicionó la difusión de imágenes íntimas. Entonces es distinto lo que cada estado modificó a raíz de la Ley Olimpia”, señala.
Pero justo que sean modificaciones y no haya criterios homologados ha generado que las autoridades a veces no sepan ni por dónde empezar a investigar y cómo proceder, lo que ha provocado que tantas carpetas estén sin avanzar, agrega. Por ello, consideran que debería crearse un marco general para que no cada estado haga lo que entienda con estos delitos.
“Un estándar que pueda contemplar cómo se tiene que investigar, por ejemplo, o dónde se tendrían que poner las cargas de la prueba. Como un estándar sí más amplio, que no solo sea la modificación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino: ¿cómo lo investigamos?, ¿cuáles son las vías de reparación del daño? A eso nos referimos”, detalla.
Otro caso que documentaron fue el de una mujer que cayó en una especie de estafa como cuando le piden a alguien dinero argumentando que es para ayudar a un familiar: accedió a tomar fotos de sus senos para una supuesta campaña de prevención del cáncer de mama, pero después se dio cuenta de que no había tal campaña y no supo ni dónde terminaron sus fotos.
Pero las autoridades no le ofrecieron opciones para investigar y resolver lo que le había ocurrido. Se quedaron en que de cierto modo, ella sí había dado su consentimiento porque tomó y mandó sus propias fotos, y no dieron entrada a la denuncia.
Zamora considera que todavía falta mucho por mejorar y precisar en la aplicación de la Ley Olimpia y que lo más importante es escuchar a las víctimas, cómo enfrentan en su vida esa violencia que ocurre en internet y que antes se trataba como si no fuera real, y cómo quieren obtener justicia y garantías de que no se va a seguir repitiendo.
