El COVID afectó el bolsillo de Francisco y de Caro. A él lo dejó sin trabajo y viviendo de sus ahorros, a ella con un 40% menos de sus ingresos, deudas con el banco y hasta sin línea de celular.
Ambos forman parte del 52.4% de las personas a las que la pandemia dejó en problemas financieros, según la *Encuesta de Acceso a la Salud y Estado de Derecho en el marco del COVID-19 del World Justice Project.
Según estos resultados los más afectados económicamente por la pandemia de COVID fueron las personas de 26 a 45 años. En este grupo de edad, al que pertenecen Caro y Francisco, el 55.3% tuvieron problemas económicos, según el WJP y un 30.7% debieron buscar otro trabajo.
En ese poco más de 30% se encuentra Francisco, quien inició el 2020 con un nuevo trabajo en una agencia de marketing dedicada a la organización de eventos, activaciones y convenciones para promocionar productos. Pero ahora busca un nuevo empleo pues su empresa no pudo resistir la afectación económica por el COVID.
Al inicio de la pandemia, en marzo dejaron la oficina y trabajaron desde casa. Para junio la empresa revisó qué gastos podrían ahorrarse. Ahí empezaron los recortes de personal: de su equipo quedaron cuatro personas. Las marcas comenzaron a cancelar contratos.
Eso complicó la situación, por lo que la empresa comenzó a pagarle un salario menor.
“A los que nos quedamos nos pidieron que redujéramos nuestro ingreso durante algún tiempo para que la empresa siguiera funcionando. La baja de ingresos si era considerable con el 25% y así continuó hasta septiembre que dejé de trabajar ahí”, cuenta Francisco a Animal Político.
Según la encuesta del WJP, el 62.2% de los encuestados que fueron afectados por la pandemia continuaron con su sueldo completo.
“Cuando las personas quedan desempleadas se agotan otras fuentes de riqueza las personas tienen que consumir sus activos”, explica Mariana Campos de México Evalúa.
La empresa liquidó a Francisco en septiembre conforme a la ley – según su salario original – además cuenta con ahorros que, dice, le permitirán vivir tranquilo 3 o 4 meses.
“Hubo liquidación eso me permitió tener un poco más de ahorros, con los que ya contaba anteriormente, entonces me da cierto colchón para emprender la búsqueda (de trabajo). Me gustaría encontrar trabajo lo antes posible porque eso me ayudaría a mantener este dinero como un ahorro y que no sea algo que me pueda gastar y que termine mermando los ahorros que tenía”.
Daniel Urias, especialista en finanzas personales y fundador de Cooltura Financiera señala que ante la afectación que produjo la pandemia a sus finanzas “muchos tuvieron que actuar de manera reactiva y han sido los menos que tenían un fondo de ahorro para cubrir emergencias”.
Idealmente, “el fondo de ahorro debe ser igual a 6 meses de gastos básicos indispensables que debo hacer”.
Ahora Francisco es parte del 3.7% que la pandemia dejó sin empleo y del 26.7% que debe buscar un trabajo nuevo, según la encuesta del World Justice Project.
“No tener una ocupación de pronto es abrumador, el no saber qué es lo que tengo que hacer hoy porque es algo que viví durante una parte de la pandemia, como no caían proyectos estaba esperando a que hubiera un proyecto y de pronto tenía que cambiar mi ritmo a cuando no tenía algo que hacer”, añade Francisco.
En los primeros cinco meses de contingencia, (desde marzo cuando inició la Jornada de Sana Distancia y hasta junio y julio cuando se dio la reapertura de algunos sectores) se perdieron en México un millón 117 mil 584 empleos formales, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con el ensayo “The Twin Crises of Public Health and the Rule of Law”, publicado por World Justice Project, en un país donde hay estado de derecho el gobierno debe contar con “instituciones eficaces, transparentes y responsables que puedan defender la libertad, garantizar la seguridad pública, incluida la salud pública, y facilitar la prosperidad”.
Pero a decir de Mariana Campos, de México Evalúa, la ayuda que ha dado el gobierno a los ciudadanos para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia ha sido insuficiente.
Hasta septiembre, el gobierno federal otorgó 29 mil 795.5 millones de pesos repartidos en 1 millón 191,822 créditos a ciudadanos para enfrentar la crisis por el COVID.
“Si bien los créditos son importantes no es todo lo que se da en otros países, lo que se dan son políticas fiscales, por ejemplo, para prevenir el desempleo y cuando este ocurre apoyar con un seguro de desempleo nacional, porque el seguro de desempleo en la Ciudad de México es muy limitado y está pendiente el resto del país”, señala Campos.
Pero incluso un seguro de desempleo sería insuficiente, pues no alcanza a toda la población afectada.
La organización Nosotrxs impulsa la creación de un ingreso vital de emergencia temporal para los momentos de crisis como el que ha dejado la pandemia. Esta protección proveniente del gobierno sería la base de un estado de Derecho y debería estar señalado en la Constitución Mexicana como un derecho para todos.
Proponen que las personas que han perdido su empleo, como Francisco tengan un ingreso mensual de 3,700 pesos por tres meses, para asegurar que tendrán acceso a la canasta básica alimentaria, que cuesta 1,615 pesos por persona, además de que podrán pagar servicios básicos.
Actualmente la propuesta está detenida en el Senado, donde se dio su discusión meses atrás.
Caro es mesera en un restaurante en Lomas de Chapultepec. Su sueldo base es el mínimo (123.22 pesos al día, unos 3,696 pesos al mes) pero gracias a las propinas ganaba más del doble al mes.
Era suficiente para mantener a sus dos hijos de 14 y 17 años y sus gastos: comida, transporte, ropa, diversión y pagar su tarjeta de crédito y plan de telefonía celular.
Pero por la pandemia el restaurante cerró en los primeros meses – entonces solo recibió su sueldo base – y cuando volvieron las propinas que llegaban eran muy pocas. Caro fue parte del 74.5% que conservó su empleo pese a la pandemia pero también del 31.1% solo recibieron una parte de su salario, según la encuesta del World Justice Project.
“Pues vaya que sí tuve una severa afectación, además del adeudo que generé con quien me financió durante ese periodo, dejé de pagar mi plan, lo que me llevó a perder mi línea telefónica y un mal dato en buró, lo mismo que con mi tarjeta que tuve que dejar de pagar”, cuenta Caro a Animal Político.
“La enseñanza de esa pandemia es: elegir muy bien las deudas. Muchos llegaron con deudas de tarjeta de crédito por consumo de vacaciones y no fueron emergencias, la usaron como consumo cotidiano, eso genera desbalance”, explica Daniel Urías.
Esto le ocurrió a Caro. “Utilicé de más mi tarjeta porque antes de la pandemia podía pagar las mensualidades sin problema, pero después se me acumularon los pagos además de intereses, llegué a sobregirarme hasta por 8,000 pesos de los cuales solo he podido cubrir la mitad que no representa ni el pago mínimo. Mi tarjeta de débito también generó comisiones por saldo inferior, más de 1,000 pesos que tengo que cubrir para poder usarla”, explica.
Pese a que pidió ayuda a su banco para no pagar nada durante cuatro meses sin penalizaciones no ha podido ponerse al corriente y sus ingresos siguen mermados. “La clientela aún es poca y eso nos deja pocas propinas, que era de donde salía la mayor cantidad de mi sueldo”.
Si bien mantener condiciones para la creación de empleo es un reto y una obligación del Estado mexicano, la pandemia ha complicado el cumplimiento de este derecho, establecido en el artículo 123 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.
De acuerdo con la organización Nosotrxs, el gobierno debe replantear el concepto de estado de derecho para todas las personas, protegiendo particularmente a aquellas con afectaciones económicas derivadas de la pandemia; tal y como lo establece la Meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
El estado “se obliga a tomar las medidas apropiadas y realizar las acciones necesarias para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo productivo, así como protección contra el desempleo”, explica Jaime Araiza Hernández de Nosotrxs.
Agrega que “la ausencia de políticas públicas para proteger al empleo resulta violatorios de los derechos humanos y del bloque constitucional”.
El World Justice Project señala que además de resolver la crisis de salud pública que generó la pandemia, el gobierno mexicano debe impulsar “soluciones de gobernanza y del fortalecimiento del Estado de Derecho pues esto “contribuye a la erradicación de las causas estructurales que subyacen en las prácticas discriminatorias, desigualdad, y precariedad de trato desde la institucionalidad pública a las personas”.
Francisco vivirá de su liquidación y ahorros hasta que encuentre un nuevo empleo, mientras que Caro continúa recortando sus gastos para comenzar a ahorrar un poco para pagar sus deudas.
Urias da algunos consejos para ambos: organizar el presupuesto, en ingresos, pagos y gastos fijos. Lo importante es optimizar los gastos y cubrir las necesidades básicas. Esta revisión se debe hacer por lo menos una vez al mes.
También recomienda no depender de una sola fuente de ingresos. “En cuanto haya estabilidad busca una fuente o dos de ingreso, porque si una vela se apaga que la otra quede encendida”.
Campos recuerda que aún hay incertidumbre y que puede “tomar muchos muchos años regresar a los niveles (de crecimiento) anteriores” a la pandemia.
“Nada quita que en noviembre o en febrero del próximo año, si todavía no tenemos la vacuna, no haya que hacer otro confinamiento y otro paro de actividades económicas como el que hicimos en abril”, agrega.