Senado aprueba en lo general y lo particular la reforma judicial de AMLO
La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la Suprema Corte se aprobó este viernes en lo general y lo particular en el pleno del Senado.
El dictamen de reforma constitucional se aprobó con 83 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones.
Más tarde se discutieron las reservas del dictamen y la iniciativa fue avalada en lo particular con 71 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones.
Ahora la reforma pasará para su discusión a la Cámara de Diputados.
✅ Con 83 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen de reforma constitucional en relación al Poder Judicial.
— Senado de México (@senadomexicano) November 28, 2020
En tribuna, el panista Damián Zepeda sostuvo que la reforma atenta contra la división de poderes y denunció que hubo presión para que se apruebe la reforma, a través de llamadas de ministros, cabilderos y gobernadores.
Durante la discusión, el senador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se busca conformar un sistema de justicia más cercano a la sociedad, aunque admitió que no está satisfecho con la reforma, aseguró que hay avances para el desarrollo y la modernización del Poder Judicial; negó que se atente contra la división de poderes.
Emilio Álvarez Icaza se refirió en contra del dictamen de reforma. Señala que como está planteada actualmente, “parece un pago de favores con el fin de asegurar una subordinación entre poderes públicos”.
Destacó la incorporación del tema de paridad en el dictamen, sin embargo, no considera que se resuelvan los principales temas en materia de impartición de justicia.
En su intervención, Juan Manuel Zepeda Hernández, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que el proyecto planteado como un cambio en la impartición de justicia, no es más que una mentira, y apunta a una posible concentración de poderes en la resolución de controversias, por conducto de las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura.
En comisiones Morena logró la mayoría simple para que se aprobara con 13 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones.
El proyecto de reformas es impulsado por el propio Poder Judicial. En total, se plantean cambios a siete artículos constitucionales, 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107, y la expedición de dos nuevas leyes federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y una Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Entre los cambios presentados el jueves por la noche, los senadores de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda acordaron: consolidar la carrera judicial para que se acceda mediante concurso de oposición a todas las categorías.
Se limite la discrecionalidad de nombramientos que pueden hacer los jueces y magistrados; se refuerza las facultades institucionales del combate a la corrupción y el nepotismo.
Propone cambiar la denominación del Instituto de la Judicatura Federal por el de Escuela de Formación Judicial, cuyo objeto sería implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del PJF y sus órganos auxiliares.
Esta escuela sería la encargada de realizar los concursos de oposición para acceder a los cargos.
También mejorar la profesionalización de los defensores de oficio con la creación del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
🔴 Conferencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, senador @RicardoMonrealA, del 27 de noviembre de 2020 https://t.co/kUAV67ukxu
— Senado de México (@senadomexicano) November 27, 2020
Este punto causó desacuerdo entre Morena y la oposición. Pues éstos buscan que esta institución sea autónoma, sin embargo Monreal señaló que no lo aceptarán, pues debe quedarse como parte del Poder Judicial.
Los legisladores también acordaron la transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación con lo que dicen, habría mayor certeza en sus resoluciones.
La reforma propone cambios al artículo 105 constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no analice cuestiones de legalidad, sino que se concentre en analizar violaciones directas a la Constitución y Tratados Internacionales de los que México sea parte.
