Coordinación, cambios culturales y ataques financieros: Así se redujo la violencia del narco en La Laguna
La Laguna pasó de ser uno de los territorios más violentos de México a reducir los homicidios notablemente en un contexto de incremento de la violencia. Entre 2006 y 2014 la zona fue el escenario de una guerra entre el cartel de Sinaloa y Los Zetas. La brutalidad de estos últimos fue el detonante que los convirtió en el objetivo número uno de las autoridades. Descabezar a este grupo criminal se convirtió en el objetivo principal de una estrategia con múltiples factores que tuvo éxito en bajar el número de asesinatos. Una política pública centrada en socavar las bases económicas y culturales de los narcos, una coordinación policial que fue más allá de las barreras administrativas y la presión y vigilancia de la sociedad civil organizada son algunos de los ingredientes que explican los logros.
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La investigación “Reconquistando La Laguna”, desarrollada por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán con la colaboración de Javier Garza, y publicada por el Colmex, analiza aquellos años de violencia y cómo los incentivos compartidos por diferentes actores lograron reducir la violencia. De los mil 060 homicidios perpetrados en 2012 (con una tasa de 95 asesinatos por cada 100 mil habitantes) a los 139 que se registraron en 2018 (con una tasa de 12 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional que estuvo en 29 por cada 100 mil). Para los autores, esta es “la experiencia más exitosa en la construcción de la paz en México” y un modelo que podría inspirar a otros gobiernos. El trabajo sigue la línea de otras obras como “El yugo Zeta” o “En el desamparo”, en el que los autores analizan la violencia perpetrada por Los Zetas en el norte de México.
“La masacre de San Fernando fue la gota que colmó el vaso y provocó un cambio de estrategia”, explica Jacobo Dayán. La brutalidad de aquel crimen lleva una estrategia en la que el primer objetivo será acabar con Los Zetas. Y ahí se alinean los intereses del gobierno federal, gobiernos estatales y locales, Estados Unidos e, incluso, los del cartel de Sinaloa, que tenía el interés de hacerse con el control de la plaza.
“Hubo una confluencia de intereses y de lecturas. Se decidió descabezar al cartel que más violencia estaba perpetrando”, explica Sergio Aguayo. El investigador destaca que el objetivo del trabajo es mostrar que la sociedad civil tiene un papel que jugar al hacer frente al crimen organizado.
Más de 3 mil asesinatos
Entre 2007 y 2014 La Laguna fue un campo de batalla. Su ubicación geográfica convierte a la región en un punto estratégico que conecta el Pacífico con la frontera noreste. Por eso era un objetivo deseado para los diferentes carteles. Históricamente fue un territorio controlado por el cartel de Juárez. Pero con el inicio del siglo XXI, dos grupos entraron en disputa. Por un lado, el cartel de Sinaloa, en aquel momento liderado por Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. Por el otro, Los Zetas, un grupo de antiguos militares que operó como brazo armado del cartel del Golfo hasta que se convirtieron en una estructura independiente y que se expanden desde Tamaulipas. El caso de este último grupo criminal es relevante porque su irrupción implica un cambio respecto a modelos anteriores: su uso de la violencia es más brutal y sofisticado y, además, diversifica sus mercados criminales y no se limita al narcotráfico.
Para contextualizar la violencia: entre 2008 y 2014 se registraron al menos 3 mil 941 homicidios en La Laguna, así como 463 desaparecidos. Entre los hechos que marcarán un punto de inflexión está la balacera en las afueras del estadio Corona, en Torreón, donde miles de personas seguían un partido de fútbol cuando comenzaron los disparos en el exterior. “Lo que había sucedido decenas de veces, entonces resonó porque era afuera de un estadio que estaba lleno y las balas penetraron al interior”, explica Javier Garza.
Para llegar a ese escenario, la investigación relata cómo Los Zetas llegan a La Laguna entre los años 2003 y 2004. Su estrategia: reclutar policías y mandos militares mediante la extorsión. “Tenían un método bien simple: dinero e intimidación, plata o plomo”, explica la investigación. Esta infiltración policial tuvo sus características propias. Por ejemplo, Los Zetas mandaban en el penal de Torreón, Coahuila, mientras que el cartel de Sinaloa hacía lo propio en el de Gómez Palacio, Durango.
La penetración de este grupo delictivo se observa en hechos como las cartas remitidas a los empresarios de Coahuila en 2007 en los que amenaza a quien tenga negocios ilícitos al margen de su organización. Durante este periodo, la estrategia criminal es de “violencia pedagógica”. “Mataban a algún integrante del gremio respectivo para infundir miedo y exigir obediencia”, dice la investigación, que señala que el grupo criminal “diseñó una estrategia para aterrorizar a toda la población”.
Coordinación policial y sociedad civil
En este contexto de extrema violencia se registran los movimientos de reacción que dan lugar a lo que los investigadores consideran “reconquista”. En un primer momento, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, atribuye el éxito al Mando Especial, “una original estructura de la cual depende la Policía Metropolitana y la Unidad Metropolitana Antisecuestros”. Sin embargo, a juicio de los investigadores, a esta explicación “le falta realzar el papel que desempeñaron algunos actores de la sociedad civil”.
El primer ámbito analizado de esta estrategia es el político. Con la llegada al gobierno de Coahuila de Rubén Moreira en 2011 “desaparece la pasividad”, dice el estudio. “Los Zetas fueron contenidos, descabezados y fragmentados”, asegura. Una de las primeras líneas de trabajo fue la limpieza de las corporaciones policíacas. Eventos como la huelga de policías de Torreón y el posterior desmantelamiento de todo el cuerpo permite desarrollar nuevos cuerpos más profesionalizados, con mayores controles de confianza.
Además, se desarrolla una estrategia que busca atacar las bases económicas y culturales del narco. Entre las medidas aplicadas: se erradican las máquinas tragamonedas, se evita la venta de alcohol ilegal, se clausuran los casinos porque pagaban derecho de piso. Se prohíben las peleas de gallos y las carreras de caballos, se cierran las table dance, se clausuran los yonkes, se instalan bloqueadores en las prisiones y se auditan las gasolineras, que eran una fuente de financiación y lavado de dinero de Los Zetas. En el ámbito cultural, se destruyeron los altares a la Santa Muerte, se frenó la difusión de narcocorridos en la radio, se alentó la cultura de la denuncia y se desarrollaron estrategias de promoción de empleo y deporte.
El punto de quiebre llega el octubre de 2012, con la muerte de un sobrino de los Zetas 40 y 42. A los tres días se registra un enfrentamiento en Progreso (Coahuila) en el que muere Heriberto Lazcano, el Z3, máximo líder del grupo criminal en aquel entonces (aunque otras fuentes aseguran que sigue con vida).
Planes de los empresarios
El papel de los empresarios es fundamental en la recuperación del espacio de La Laguna, según la investigación. Hartos de ser blancos de secuestros, entre 2008 y 2009 comienzan a movilizarse buscando seguridad. Ante el acoso del crimen organizado, los empresarios han reaccionado de diversas formas. En un extremo están quienes se organizan en grupos armados, como guardias blancas o autodefensas. En el otro, quienes buscan soluciones pacíficas e institucionales. La Laguna está en este segundo grupo, según destaca el informe.
Uno de los obstáculos que encuentran a la hora de plantear sus reivindicaciones es la división administrativa. La Laguna está ubicada en dos estados, siete municipios, dos regiones militares y dos zonas militares.
A pesar de ello, los empresarios lanzaron tres grandes proyectos: una policía metropolitana, un grupo antisecuestros metropolitano y una asociación civil que con datos proporcionados por la administración.
La Fuerza Metropolitana es un cuerpo con mando militar y policías de Coahuila, Durango y federales. “Funcionó porque resuelve problemas asociados con el conflicto creado por las diferentes competencias”, explica la investigación.
“Los actores someten sus egos al bien mayor. Esto es extraordinario. El ejercito acepta que va a ceder la operatividad, que la policía metropolitana tendrá autonomía”, explica Sergio Aguayo. En su opinión, aunque existe un mando militar no se puede hablar de una militarización de la seguridad pública ya que los operativos están a cargo de policías.
“El mando especial no son soldados, sino un general a cargo de una coordinación en la que participan soldados, policías municipales, estatales, y de una manera en la que ya no tienen que detenerse por tema de fronteras”, añade Javier Garza.
Como parte de la reacción de la sociedad civil aparece el trabajo de los colectivos. Grupos como Fuundec y Grupo Vida tendrán un papel fundamental a la hora de presionar a las instituciones.
En la estrategia federal tuvo un papel muy relevante el Centro de Fusión de Inteligencia y Operatividad ubicado en Monterrey. En realidad, la idea era establecer seis oficinas como esta a lo largo de toda la república. Sin embargo, solo es instalaron dos: una en la capital y esta de Monterrey, dedicada a combatir a Los Zetas. Lo explica en el documento Guillermo Valdés, ex director del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen). “El objetivo no era deshacer la organización. La estrategia era ir de abajo hacia arriba, agarrando als estacas, reduciendo las capacidades de violencia y operación de la organización, deteniendo de preferencia a los contadores que tenían computadoras con mucha información sobre la red de protección sobre los líderes de plaza y sobre los líderes regionales”, dice.
Como punto negativo, el informe reconoce que en esta “reconquista” también “hubo excesos gubernamentales que organizaciones de derechos humanos catalogaron como crimen contra la humanidad”.
Aunque la estrategia logró disminuir los asesinatos en La Laguna en un contexto en el que la violencia en México está en auge, también hay asuntos pendientes. Jacobo Dayán enumera la impunidad, la ausencia de investigación de la protección política y el rastro del dinero. “¿Dónde quedaron los fondos de Los Zetas?”, se pregunta.
El actual modelo sigue funcionando hasta el punto de que la Guardia Nacional no llegó para suplantarlo, sino que se acomodó. Cabe preguntarse si una estrategia local como esta puede expandirse a toda la República. “No hay una estrategia nacional para los retos que impone el crimen organizado”, dice Aguayo. El despliegue a lo largo de todo el país del Cartel Jalisco Nueva Generación, una estructura que los investigadores equiparan con Los Zetas por su violencia y modelo organizativo, es un reto que afrontan las autoridades. Para Javier Garza, la enseñanza de La Laguna es la colaboración por encima de divisiones políticas.
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