Más allá de Tlatlaya y Ayotzinapa: el historial militar que dejó el General Cienfuegos
El 17 de abril de 2016, el General Salvador Cienfuegos pronunció una disculpa que parecía histórica. Ante 30 mil efectivos congregados en la plaza Damián Carmona del Campo Militar número 1, el entonces secretario de la Defensa Nacional entonó la contrición por el video aparecido meses atrás en el que soldados torturaban a una mujer con una bolsa en la cabeza.
“Estos sucesos repugnantes, aunque aislados, dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio que dignamente hemos ganado en más de 100 años de lealtad”, dijo el militar, que ya cargaba a sus espaldas con las consecuencias de dos de los hechos más luctuosos del sexenio pasado: la masacre de Tlatlaya, en junio de 2014, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de ese año.
Mientras aquella disculpa tenía lugar, Cienfuegos era ya parte activa del cartel de los Beltrán Leyva, según las autoridades de Estados Unidos. Protegido con el alias de “el padrino”, los investigadores creen que era una pieza clave en el tránsito de estupefacientes al norte y el lavado de dinero, además de operar para perjudicar a grupos rivales.
Estas son las acusaciones formuladas en la corte de Nueva York. Sin embargo, aquí en México están registradas diversas vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por militares durante todo su mandato. En su momento, las actuaciones fueron defendidas como parte de la denominada “guerra al narcotráfico” iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. Sin pensamos que Cienfuegos, el máximo responsable de los soldados que mueren y matan, estaba a sueldo de una de las estructuras que decía combatir, la perspectiva es diferente.
Lo que no cambian son las cifras. En los seis años con Enrique Peña Nieto como presidente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 83 recomendaciones por vulneraciones graves a los derechos humanos (asesinato, tortura, desaparición forzosa) a las diferentes autoridades.
De ellas, la Sedena dirigida por Cienfuegos recibió 21, con 149 víctimas. Sacar al Ejército a las calles a realizar labores policiales tuvo estas consecuencias. Que 7 Regiones militares, 12 Zonas Militares, 14 batallones de infantería, 1 compañía de infantería no encuadrada, 1 Regimiento de Caballería Motorizada, 1 Batallón de Fusileros Paracaidistas y 3 Batallones de Policía Militar se vieron involucrados en desapariciones forzosas, asesinatos o torturas.
Además, se hizo uso de por lo menos 7 instalaciones militares para torturar y retener personas, de las que tres correspondían a la Sedena en Zacatecas, Nuevo León y Durango.
Estos datos fueron obtenidos por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a partir de resultados preliminares de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network. Con ella, la organización hizo público recientemente el informe “Entre la brutalidad y la impunidad” en el que analiza las violaciones a los derechos humanos perpetradas por servidores públicos entre 2006 y 2018.
En los seis años que Cienfuegos estuvo al frente de los uniformados, los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa fueron los que más impactaron a la sociedad mexicana.
En el primero, 22 personas fueron tiroteadas por los soldados en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Previamente se había producido un enfrentamiento con civiles armados pero, a pesar de que estos se rindieron, los uniformados acabaron con su vida. El general defendió la versión ofrecida por sus hombres y negó que se tratara de ejecuciones extrajudiciales.
En el segundo, 43 estudiantes desaparecieron en Iguala la noche del 26 al 27 septiembre y sus familiares, seis años después, siguen exigiendo que militares sean detenidos por su participación en los hechos.
“No voy a permitir que interroguen a mis soldados”, dijo el militar un año después de los hechos.
En la recomendación emitida por la CNDH sobre el caso Iguala se hace mención especial a la actitud mantenida por el uniformado, a quien se señala por manifestaciones públicas que podrían constituir “una vulneración del derecho a la verdad”.
En una entrevista con Excelsior, Cienfuegos insiste en su versión de que el 27 batallón de la Sedena no estuvo presente en las calles de Iguala cuando se perpetró la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, la CNDH constata que sí hubo presencia militar en la zona, aunque no llega a afirmar que esto les vincule con las vulneraciones a los derechos humanos. Sí asegura la recomendación que la insistencia del militar en desvincular a su tropa de los acontecimientos “provocó confusión en quienes están interesados en conocer la actuación del Ejército en los sucesos de los hechos de Iguala”.
Aunque estos fueron los hechos más luctuosos con los que se recordará la gestión de Cienfuegos, otras recomendaciones de la CNDH sirven para recoger otras prácticas presentes entre los militares durante su gestión.
Otros hechos
Por ejemplo, hechos ocurridos en febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerreo, cuando tres personas fueron capturadas en su domicilio por elementos de la Sedena y la Policía Federal, conducidos a un cuartel militar y a una casa en construcción y torturados.
Una de las víctimas fue “golpeada, asfixiada, le dieron toques y le patearon el vientre”, según el relato de la recomendación 004/2017.
En agosto de 2013, elementos de la Policía Comunitaria de Guerrero, fueron detenidos, torturados y procesados, acusados de secuestro. Elementos del Batallón de Infantería 22, adscrito a Sedena, detuvieron a una persona y, posteriormente, procedieron al cateo de las casas de Justicia de El Paraíso y Tlatlauquitepec.
En estas acciones detuvieron a 16 elementos de la policía comunitaria y a un maestro que portaba una camiseta de la policía comunitaria sin pertenecer a esta. Según el relato de la CDNH, recogido en la recomendación 009/2016, los detenidos fueron maltratados durante el trayecto hacia la PJG de Acapulco. Una vez en dichas instalaciones continuaron los malos tratos y torturas, esposándolos a un poste, golpeándoles diferentes partes del cuerpo, asfixiándolos con una bolsa de plástico y amenazándolos, con la intención de obtener una confesión auto incriminatoria.
En enero de 2014, en Apatzingán, Michoacán, un hombre acusado de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada recibió un balazo en el hombro y, tras ser atrapado por elementos de la Sedena, fue interrogado y torturado sin permitirle que pudiese ser atendido hasta horas después, según se recoge en la recomendación 079/2018 de la CNDH.
Estos son solo algunos ejemplos. Las recomendaciones registradas por la CMDPDH ubican desapariciones forzadas, asesinatos o torturas en estados como Guerrero, San Luis Potosí o Tamaulipas. Cuando estaba al frente del Ejército, Cienfuegos fue cuestionado por estas violaciones a los derechos humanos. Su respuesta: que era necesario un marco jurídico para poder actuar.
En ese contexto fue aprobada la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por los jueces cuando el sexenio de Peña Nieto enfilaba su recta final.
Según registra la propia página web de la Sedena, entre diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, la CNDH notificó al estamento militar 3 mil 196 quejas. En 2013 fueron 836; en 2014, 570; en 2015, 565; en 2016, 464; en 2017, 340 y en 2018 un total de 347. Lo que la página de Sedena no registra es por qué se emitieron estas quejas. En realidad, el número de quejas registrado durante la etapa de Peña Nieto es sensiblemente inferior a las que se contabilizaron durante la etapa de Felipe Calderón, con años como 2009 en el que la Sedena recibió mil 644 quejas por parte de la CNDH.
Ahora que Cienfuegos está procesado por sus vínculos con un cartel, regresar a algunas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares que estaban bajo su mando y que formaban parte de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, recobra un nuevo significado. También el papel jugado por los militares, presentados por diversas autoridades como símbolo de incorruptibilidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aquellos uniformados que sean vinculados a las actividades del general serán inmediatamente suspendidos. Sin embargo, desde la sociedad civil exigen al mandatario el mismo trato para otros uniformados que cometieron delitos o a los que se vinculó con asesinatos, desapariciones o secuestros. Es el caso de una lista de 62 uniformados vinculados a violaciones a los derechos humanos que la CMDPDH entregó a las oficinas de Presidencia a comienzos del mandato de López Obrador. Al día de hoy, según denunció su expresidente, José Guevara, no hay información sobre que ninguno de ellos haya sido investigado.
