ONG gana primer amparo contra acuerdo de AMLO para el uso de militares en tareas de seguridad
La asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ganó el primer amparo contra el acuerdo presidencial con el que se pretendió regular el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
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Un juez de distrito les concedió el amparo tras confirmar que dicho ordenamiento “no cumple con el objetivo de acotar la participación de los militares en tareas policiales, por lo tanto viola la Constitución y los fallos de la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, informó MUCD en un comunicado.
De acuerdo con la asociación, el recurso fue promovido “con el objetivo de prevenir más abusos contra la población y lograr una mejor regulación del actuar de las Fuerzas Armadas”, mismo que fue apoyado por el juez “debido a que consideró que el ejecutivo no justificó adecuadamente su uso en tareas policiales ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar”.
El juez consideró que argumentar que la Guardia Nacional se encuentra en construcción no es una justificación suficiente para usar indiscriminadamente a militares y marinos en seguridad pública.
“Dado que su uso se extenderá por 5 años y podrá incluir a todo el país, el juez determinó que el acuerdo falla en cumplir con los requisitos de temporalidad y delimitación geográfica que marca la Constitución. Finalmente, advierte que al ordenar la “coordinación” entre civiles y militares se viola el requisito de subordinación a las fuerzas civiles que ordena también el texto constitucional”, señaló MUCD.
México ha sido condenado al menos en seis ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas por el Ejército en el ejercicio de tareas de seguridad pública.
Por ello, MUCD se pronunció contra la aprobación de la reforma constitucional de Guardia Nacional, que no solo creó una corporación civil que en los hechos ha sido poblada y conducida por militares, y también habilitó la posibilidad de que el presidente utilice a la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública hasta 2024.
