Justicia, reparación y búsqueda de desaparecidos: tareas pendientes en La Laguna

Silvia Ortiz lleva 16 años buscando a su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz “Fanny”. Esta desapareció en Torreón, Coahuila, el 5 de noviembre de 2004. Tenía 16 años. En todo este tiempo se han publicado diversas versiones sobre qué ocurrió con la menor. Incluso se llegó a asegurar que un integrante de los Zetas la capturó para entregársela a Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, entonces líder del grupo criminal. Tras 16 años buscando, las autoridades no han dado una explicación a Ortiz. Nadie está detenido, no sabe qué ocurrió con su hija. Desde 2013, la mujer fundó Grupo Vida, uno de los primeros colectivos de Coahuila dedicados a la búsqueda de desaparecidos.

“Hablar de la falta de justicia es hablar de 16 años de impunidad, 16 años que desapareció mi hija y que no sucede nada”, explica Ortiz.

Este caso es símbolo de una de las asignaturas pendientes en La Laguna: los altos índices de impunidad. En su investigación “Reconquistando La Laguna”, los investigadores Jacobo Dayán, Sergio Aguayo y Javier Garza analizan las estrategias adoptadas por autoridades y sociedad civil para lograr un descenso en los homicidios de este territorio, ubicado entre los estados de Coahuila y Durango y que entre 2008 y 2014 fue escenario de una guerra abierta entre el cartel de Sinaloa y los Zetas. El documento pone en valor que los asesinatos se redujeron de forma considerable. Sin embargo, quedaron tareas pendientes y la impunidad es una de ellas.

“Continúa la impunidad al haberse dejado intactas las redes de sustento económico y protección política y existen pendientes tan importantes como la verdad, la justicia, la reparación y la búsqueda de desaparecidos”, señala la investigación.

“Muy pocos homicidios fueron resueltos y eso muestra el tema de impunidad: los que hicieron ya no lo pagaron. Lo más probable es que ellos fueran luego asesinados”, dice Javier Garza, uno de los participantes en la investigación. Según explica, la falta de investigación se explicaba por dos motivos: las amenazas de los grupos del crimen organizado, que habían infiltrado corporaciones policiales, y la ausencia de recursos.

“Las víctimas fueron los únicos que centraron su esfuerzo en el tema de la justicia. El resto no lo hizo así. Esto lleva a que los avances fuesen en términos policiales, pero, por ejemplo, no hubiese una preocupación por la reforma a fondo de las fiscalías. Cuando se habla de la reconquista queda pendiente la impunidad, que sigue siendo del 95%”, dice Jacobo Dayán, otro de los investigadores. Entre los asuntos pendientes: abordar la protección política que recibieron los Zetas (solo se hizo con los mandos más bajos) o seguir el rastro de su dinero.

Resulta difícil saber cuántas personas desaparecieron durante la época de la guerra en La Laguna. Según explican los investigadores, el gobierno de Coahuila abrió sus expedientes, pero no así el de Durango. Esto provoca que los datos estén sesgados. Por ejemplo, “de las 2 mil 151 personas desaparecidas en Coahuila según datos del Cenapi, el 25.56% son de Torreón. Es simplemente imposible que en Torreón estén registradas 550 desapariciones entre 2006 y 2017 y solo 21 en Gómez Palacio y Lerdo”, dice el documento.

La Laguna es un área metropolitana configurada por cuatro municipios: Torreón y Matamoros en Coahuila y Gómez Palacio y Lerdo en Durango. Parece poco probable que exista una diferencia tan abismal en el número de desaparecidos si todas las localidades se encontraron en medio de la guerra entre el cartel de Sinaloa y los Zetas.

Las familias comienzan a articularse a partir de 2009. Resultan claves dos colectivos: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y Grupo Vida, el primero que se crea en La Laguna. Ambos grupos surgen en Coahuila, mientras que en Durango hasta 2019 no comienza a trabajar allí Grupo Vida. “Estos colectivos de víctimas estuvieron, con empresarios y medios, en la primera línea de resistencia frente a los criminales”, dice la investigación.

La importancia de los colectivos

La búsqueda de desaparecidos y el hallazgo de fosas clandestinas es uno de los logros de estas familias. En 2015, con el inicio de los trabajos de Grupo Vida, comienzan a descubrirse los lugares de inhumación clandestina y zonas de exterminio. En mayo de 2019, Grupo Vida ya tenía registrados 24 sitios positivos a restos óseos y en 13 de ellos continuaban trabajando. “Como las búsquedas no fructificaban, emularon a los padres de los normalistas de Ayotzinapa y se fueron al campo a buscar, ellos mismos, los restos de desaparecidos”, dicen los investigadores.

“Desde que nos unimos los familiares comienzan a tener la sensación de las autoridades escuchan, hacen caso, ponen atención, cuando antes nos decían que nos fuéramos”, dice Ortiz. La mujer recuerda los inicios de aquellas búsquedas. “Teníamos que arrastrarlos (a las autoridades) para que trabajaran con el debido proceso, que no nos asustaran, ya que se ponían a disparar”, explica.

“El Ejido Patrocinio es la zona de exterminio más grande en la región (66 hectáreas); ahí han localizado decenas de miles de pequeños fragmentos óseos”, explica la investigación. Ortiz, que participó en el hallazgo, recuerda que ni siquiera aparecía en ninguna investigación hasta que los colectivos comenzaron a señalarlo.

El informe recoge los testimonios de personas que vivieron en las inmediaciones de aquel campo de exterminio. “En el Ejido Patrocinio se veía mucho movimiento a todas horas del día, pero era más por las horas de la noche. Entraban muchas camionetas y carros de reciente modelo con los vidrios polarizados y gente armada. Se rumoraba que ahí se movían los malos, es decir, los integrantes del cartel de los Zetas para realizar sus fechorías. En ocasiones se escuchaban disparos pero, debido al miedo y a que se vivía mucha inseguridad, no se atrevían a denunciar. En esos años del 2008, 2009, 2010 y 2011 muchos [vecinos] tuvieron que abandonar sus casas por el temor a recibir algún tipo de amenaza”, recoge la investigación.

“El proceso de búsqueda e identificación observable en los expedientes es caótico y sin protocolo ni orden claro. Incluso la fiscalía de Coahuila reconoce que inhumaron 520 cadáveres de fosas comunes sin que se les tomara muestra de adn. 87 Grupo Vida considera que a 800 cuerpos no se les tomaron muestras y exige su exhumación para ser identificados”, dice la investigación. Esta es una de las tareas pendientes para la consolidación de la paz: la identificación de los cuerpos y que las familias puedan tener acceso a la verdad y la justicia.

Lo explica Silvia Ortiz: “Se devolvió la vida a los pobladores y gracias al trabajo de las familias se marcó la diferencia. Sin embargo, todavía tenemos que estar batallando. Hemos sacado muchísimos restos, pero no se han entregado, porque tienen incapacidad para generar perfiles genéticos”.

“Probablemente muchos de nuestros desaparecidos estén dentro de estos restos que han sido localizados. Pero viene el problema. Hay muchos restos y no hay manera de identificar”, explica la mujer.

Uno de los proyectos desarrollados por en Coahuila y que trasciende a La Laguna es el Centro de Identificación Humana, establecido en Saltillo. Se trata de una infraestructura financiada por el gobierno estatal con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que recientemente contrató a 18 forenses que está siendo capacitado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Este equipo tiene una gran experiencia ya que participa en las exhumaciones de víctimas de la guerra civil y el genocidio ixil que tuvo lugar en el país centroamericano entre 1960 y 1996.

A pesar de avances de este tipo, los investigadores todavía esperan más. “Ni a nivel federal ni en los estados hay voluntad política para implementar mecanismos extraordinarios de verdad y justicia para atacar la impunidad y atender a las víctimas”, asegura el informe.