Ejidatarios denuncian engaño de despacho contratado por Fonatur para firmar preexpropiación por Tren Maya
Sin saber bien qué firmaban, ni haber visto un avalúo ni negociado el precio, sin conocer el alcance de la afectación real y sin la asesoría y el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, comisariados ejidales de Campeche firmaron contratos de ocupación previa a la expropiación, presuntamente presionados por una empresa a la que Fonatur le encargó las gestiones de los derechos de vía para el Tren Maya.
El 12 de mayo de 2020, José García Góngora, presidente del comisariado del ejido Cinco de Febrero, en el municipio de Champotón en Campeche, llegó junto con Manuel González Juárez y Fermín Gómez Feliciano, secretario y tesorero del ejido hasta la sede del gobierno federal en ese estado para cobrar un cheque.
Pensaron que era el pago de los derechos de vía que su ejido no había recibido antes como compensación por el paso sobre sus tierras del Ferrocarril del Sureste, lo que ahora es el tramo 2 del Tren Maya. Los tres salieron del palacio federal con un cheque por 2 millones 283 mil pesos, como pago por 26 hectáreas.
Pero no fue por los derechos de vía que el gobierno federal les adeudaba. Fue la indemnización por la ocupación previa de sus tierra en tanto se concreta el proceso de expropiación para el Tren Maya.
Así quedó asentado en un contrato que representantes de Fonatur y del despacho Barrientos y Asociados les hicieron firmar. García Góngora asegura que no supieron lo que firmaron.
“No nos dejaron leer el contrato con calma. Nos dijeron aquí está el cheque, fírmele y después les vamos a dar las copias. Nos las dieron meses después, a finales de agosto, y ya fue ahí cuando supimos que firmamos un contrato de ocupación previa con miras a la expropiación y que aunque nosotros esperábamos dos pagos, uno por los derechos de vía ya existentes y otro de indemnización por la nueva ocupación y las afectaciones, no nos iban a dar más que esa cantidad”, explica el comisario de Cinco de Febrero.
El derecho de vía es un pago que se le hace en este caso a los ejidos como compensación por el paso de una vía de transporte por sus tierras, pero los terrenos no se expropian aunque en realidad los pobladores no los pueden usar.
La ocupación previa es la compensación por el uso de terrenos mientras se hace y concluye el proceso de expropiación, que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Animal Político solicitó varias veces una entrevista a Fonatur para hablar de los procedimientos de preexpropiación en Champotón, Campeche, por el Tren Maya y para saber por qué se contrató a Barrientos y Asociados y si el despacho seguirá al frente de estos procesos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ningún respuesta sobre la entrevista.
Fonatur solo envió una breve tarjeta informativa a este portal en la que consignó: “El proceso de liberación de derecho de vía se mantiene en la zona de Champotón sin cambios. Existen diversas tensiones debido al esclarecimiento del trazo definitivo y los procesos anexos de indemnización por uso de vía.
Este proceso es complejo y requiere de diversas etapas de negociación con la población impactada por la rectificación de la vía y las empresas constructoras. Fonatur está vigilante de la situación y ruega a la población local paciencia. Todos los procesos serán hechos en estricto apego a la ley y con el beneficio último de la población local”.
Para fines prácticos, explica Naayeli Ramírez-Espinosa, abogada e integrante de la Red de Litigio Estratégico de la Península de Yucatán, derecho de vía y expropiación tienen el mismo efecto. “El punto es que el comisariado y los ejidatarios esperaban dos pagos”.
Algo muy similar describe Armando Pech, presidente del comisariado ejidal de Miguel Colorado. Él también refiere que llegó hasta lo que conocen como el Palacio Federal, donde están las oficinas de representación de Bienestar, Fonatur y el resto de las dependencias. También a él lo hicieron ir allá ese 12 de mayo, junto con el secretario y el tesorero del ejido, a cobrar un cheque. También firmó un contrato que no entendió bien a bien que era.
“Como citaron a representantes de varios ejidos del municipio por donde pasa la vía del tren, de unos ocho o diez ejidos, nos dijeron aquí está el cheque por los derechos de vía y firmen pronto porque no nos podemos tardar mucho por la pandemia. No pudimos leer bien y nomás firmamos”, cuenta Pech.
Al comisario de Miguel Colorado tardaron mucho más en darle las copias del documento que había suscrito, hasta mediados de septiembre, cuando por fin las pudo tener y leyó con calma, se dio cuenta que era un contrato de ocupación previa a la expropiación.
Ramírez-Espinosa señala que además de ese engaño para darles un solo monto hubo varias irregularidades graves en los procesos para la firma de los contratos.
La principal es que el despacho contratado por Fonatur, Barrientos y Asociados, solicitó a los comisariados ejidales convocar a una asamblea, en noviembre de 2019, para que en esta los ejidatarios les cedieran el poder para hacer, en su representación, las gestiones para el pago de los derechos de vía y la indemnización.
Esto, explica la abogada, es contrario a la Ley Agraria, en la que se establece que la asamblea es la autoridad máxima y por lo tanto ese tipo de procedimientos se deben hacer en asamblea. Es ahí donde se deben aprobar los convenios, los montos, las afectaciones, y con la presencia de la Procuraduría Agraria que fue la gran ausente.
En el contrato de ocupación previa que firmaron los comisariados ejidales de Cinco de Febrero y Miguel Colorado, del municipio de Champotón, y del que Animal Político tiene copia, está asentado que el trámite y firma del documento se hizo en presencia de un representante de esta procuraduría, que debe fungir en estos casos como asesor, apoyo y defensas de los ejidos.
En el documento dice que las partes “acordaron celebrar el presente acto ante la presencia de la Procuraduría Agraria, por conducto de la maestra Dulce Dolores Pali Casanova, en su carácter de representante estatal de esa institución en el estado de Campeche”.
Pero Pali Casanova no estuvo ese día acompañando a los comisariados en el palacio federal de Campeche. Su firma, de hecho, no aparece en el contrato.
Luis Hernández Palacios, titular de la Procuraduría Agraria, confirma que no hubo acompañamiento por parte de esta institución en los procesos para la ocupación previa de tierras en los ejidos de Cinco de Febrero y Miguel Colorado, como tampoco la hubo en al menos otros cinco en Campeche, de lo que ellos tienen documentado.
El procurador asegura que no estuvieron porque Fonatur no les avisó. Hernández Palacios ataja que aunque se ha dicho que sí los invitaron pero no acudieron porque no estaban trabajando en campo por la pandemia, eso es falso.
“No estuvimos porque no nos invitaron”, sostiene Hernández Palacios. Y no los invitaron a pesar de que debieron, por Ley, y de que había un acuerdo firmado al respecto.
El 16 de abril, la Procuraduría Agraria y Fonatur firmaron un convenio de colaboración en el que se destaca que ellos asesorarán a los núcleos agrarios en los diversos actos jurídicos que se realicen para el proyecto del Tren Maya, entre estos los de ocupación superficial o derecho de vía.
Hernández Palacios afirma que en otros casos se han coordinado con la dirección jurídica de Fonatur, a cargo de Alejandro Varela Arellano (quien sí estuvo en la firma de los contratos con Cinco de Febrero y Miguel Colorado como lo atestigua su firma al calce), y esos procesos para actualizar los derechos de vía han resultado bien.
Pero, dice el procurador, “tenemos información de que Fonatur tiene contratado a un despacho para que lleve estos convenios, que es la empresa Barrientos y Asociados, y aunque es mandataria de Fonatur no ha sentido la obligatoriedad de cumplir con el convenio que corresponde”.
BYA Barrientos y Asociados es un despacho especializado en ofrecer servicios para tenencia de la tierra y liberación de derechos de vía.
El 14 de agosto de 2019, Fonatur firmó con ellos un contrato por un monto máximo de 62 millones 408 mil pesos. Después se hizo un convenio modificatorio, el 16 de diciembre de 2019, para ampliar su vigencia hasta el 31 de marzo de 2020. Y luego otro, para alargarlo hasta el 30 de septiembre de 2020.
El contrato y sus convenios señalan que se deben ejecutar diversos actos técnico-jurídico- administrativos que garanticen la correcta adquisición del derecho de vía, para evitar problemas de índole social, legal y político, que podrían repercutir en el actuar del gobierno federal.
Por tal motivo, se requieren los servicios complementarios de apoyo consistentes en el estudio previo denominado: “Trabajos técnico – jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la construcción del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya”, mediante el cual el Prestador de Servicios brinde el apoyo en todo el proceso desde la revisión de la situación actual de cada predio”.
El pago será exigible conforme a las superficies de terreno liberadas por metro cuadrado.
Más irregularidades en el precio de su tierra
Además de que no supieron qué firmaron, los comisarios se quejan de que no hubo un acuerdo para establecer el precio que les pagaron por metro cuadrado previo a la expropiación. Tampoco vieron un avalúo por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
“Después de que la asamblea otorga al comisariado ejidal el poder para hacer estas gestiones, nosotros le entregamos a Fonatur, en una reunión en Felipe Carrillo Puerto para la consulta indígena, más o menos una semana después de la asamblea, una lista de peticiones y entre esta iba la de recibir 10 pesos de indemnización por metro cuadrado. Nunca tuvimos un avalúo del Indaabin. Nosotros buscamos, preguntamos y decidimos eso”, cuenta García Góngora.
El comisario asegura que un representante de Barrientos y Asociados fue a buscarlo después a su casa y le aseguró que les pagarían los 10 pesos solicitados.
“Ya nunca tuvimos reuniones con ellos, menos con Fonatur, en una asamblea. Venían así a buscarme a mi casa los del despacho este”.
En los contratos que firmaron los comisarios no aparece el desglose de cantidad por metro cuadrado, solo una cantidad total por número de hectáreas.
“Con la cantidad del cheque hicimos la división por hectárea y por metro cuadrado y nos da que nos los pagaron a 8.60 el metro, eso no es lo que pidió la asamblea”, denuncia García Góngora.
Además, agrega, “nosotros pensamos que ese cheque, y lo que estábamos firmando, era el pago de los derechos de vía que nunca nos habían pagado. Eso nos dijeron. Por eso la asamblea aceptó que lo recogiéramos. Dijimos pues si nunca nos han dado nada, pues qué bueno que nos paguen eso. Y resulta que no es eso, que es la indemnización por la ocupación previa y la expropiación. Nosotros pensamos que eso sería otro pago”.
En Miguel Colorado hay la misma inconformidad. Armando Pech también denuncia que no entendieron qué les estaban pagando. Tampoco vieron un avalúo previo, ni se negoció el precio en asamblea, entre las partes, para aceptar y después firmar.
“No tuvimos asesoría de nadie. La procuraduría nunca se presentó”, señala Pech.
Los planos del proyecto para tener más claridad de qué tantas tierras y propiedades les iban a afectar tampoco los vieron, afirma el comisario de Miguel Colorado.
“En la asamblea de noviembre Fonatur y Barrientos aseguraron que se afectarían solo 20 metros de un lado de donde ya está la vía y 20 metros del otro. Pero nunca hemos visto los planos de afectación. Y hemos visto ahora que andan haciendo mediciones en 40 metros de un solo lado de la vía, donde ya afectarían hasta un cementerio, y los muertos no reclaman, pero las familias sí”.
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La abogada Naayeli Ramírez-Espinosa señala que todo lo hecho es un abuso. “Les dijeron que les iban a pagar lo que nunca les habían pagado, lo que les debían pues. Separaron a los comisarios de las asambleas. Llegaron y les extendieron un cheque y les dijeron fírmele aquí”.
Eso, sentencia Ramírez-Espinosa, “es tomar ventaja de alguien que necesita el dinero en plena pandemia. Es una presión indebida, porque muchas de las personas de los ejidos trabajaban en la ciudad, en Campeche, y se quedaron sin poder trabajar y sin ingresos. Así que hay una presión para hacerlos caer en tratos que no les son convenientes”.
Solos ante los trámites…que desconocían
El comisariado y los ejidatarios de Cinco de Febrero buscaron el apoyo de la Procuraduría Agraria. “Fuimos a buscar a la licenciada Dulce Dolores Pali Casanova, la representante estatal. Nos dijo que a ella no le habían avisado nada, que nunca le giró invitación Fonatur ni Barrientos para las reuniones y que no iba a firmar los contratos porque no estuvo presente, que ella los desconocía”.
El procurador agrario, Luis Hernández Palacios, confirma a Animal Político, que están evaluando los casos y la documentación de los procesos en tres ejidos: Bacal, China y Tenabo, también en Campeche. En otro ejido de Champotón, en Felipe Carrillo Puerto, ya se logró la reposición de la asamblea donde se le cedió el poder al comisariado para hacer las gestiones.
“El comisario ya aceptó incluso devolver el dinero del pago, para que sea la asamblea la que determine y en consecuencia se hagan los pagos individuales de forma prorrateada”.
En el caso del ejido Cinco de Febrero ya se solicitó esa misma reposición ante Fonatur “y estamos en espera de respuesta. “Si esa respuesta no es satisfactoria para los integrantes del núcleo agrario, procederemos a proporcionar la asesoría jurídica para emprender una acción legal, porque el procedimiento no incluyó a la asamblea, así que se tiene que reponer y realizar el pago conforme a lo que se acuerde ahí”. En Xbacab también está esto en revisión.
De Miguel Colorado, el procurador señala que no han recibido solicitud para revisar el proceso. Armando Pech dice que en asamblea, el ejido decidió buscar el apoyo de un gestor agrario que les aseguró que llevaría el caso a la procuraduría.
Los comisarios de Miguel Colorado y de Cinco de Febrero se quejan de que la forma de proceder del despacho Barrientos y Asociados ya ha generado mucha desconfianza y problemas en los ejidos.
“Como no nos daban las copias del contrato, la gente empezó a desconfiar de nosotros. Hay ejidos donde ya destituyeron a los comisarios y los denunciaron, como en Felipe Carrillo Puerto. Al comisariado del ejido Cinco de Febrero, por ejemplo, nos dieron dos cheques, uno grande por los más de 2 millones y otro por 230 mil pesos que nos dijeron era para el comisariado por el pago de nuestras gestiones, que porque no teníamos sueldo”.
Pero después, narra, cuando los ejidatarios empezaron a desconfiar de los procesos y los pagos y se lanzaron a reclamar a las oficinas de Barrientos y Asociados, les dijeron que esos montos eran el pago por las probables afectaciones adicionales del proceso a bardas o árboles.
“Lo bueno es que nosotros ingresamos esa cantidad también a la cuenta común del ejido y cuando nos reclamaron les dijimos a los ejidatarios ahí está el dinero, repártanlo, sino imagínese. Si lo gastamos, luego cómo lo regresamos y cómo reclamamos. Ya hubiéramos estado hasta el cuello”.
