CNDH y el INM se acusan de mentir sobre COVID en estaciones migratorias, pero ninguna muestra pruebas
El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continúan con una “guerra de comunicados” en la que se acusan mutuamente de no decir la verdad sobre los posibles casos de COVID-19 en los centros de detención migratorios, aunque ninguna de las partes muestra públicamente las evidencias con las que se determinarían si hay o no casos confirmados.
El último episodio de este enfrentamiento ocurrió ayer miércoles con un nuevo comunicado de la CNDH.
En el texto, la Comisión básicamente se limita a sostener todo lo señalado el pasado viernes 22 de octubre. Ese día reveló que 19 personas migrantes detenidas en el centro de detención de Tapachula, en Chiapas, habían dado positivo a COVID-19, siendo éstas trasladadas a la estancia provisional ‘El Hueyate’, donde sus visitadores reportaron además que encontraron pésimas condiciones de higiene y a personas migrantes contagiadas conviviendo con el resto de población.
Esta versión fue rechazada por el INM el pasado martes, cuando aseguró en otro comunicado que esos casos sospechosos detectados habían resultado “negativos”, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Chiapas.
Sin embargo, ayer, la CNDH defendió “el trabajo serio y responsable” de sus visitadores adjuntos, y advirtió al INM que cuenta “con todo el respaldo documental” sobre los hallazgos revelados en sus visitas a los centros de detención en Chiapas, entre ellos los 19 casos positivos confirmados.
“Cada uno de los planteamientos expresados a través de la solicitud de medidas cautelares (al INM) cuenta con su debido respaldo documental, mismo que puede evidenciar las inconsistencias o desinformación provocada por comunicados como el emitido por el citado Instituto”, argumentó la CNDH, que además instó a Migración “a conducirse con apego a la verdad en la emisión de comunicados” para garantizar “el derecho de la ciudadanía a la información veraz”.
Ante estas versiones contradictorias -la CNDH sostiene los 19 casos confirmados y el INM los niega-, Animal Político buscó a todas las partes involucradas, incluyendo a la Secretaría de Salud de Chiapas, para que hicieran públicas ante la ciudadanía las evidencias que confirmarían sus dichos.
Sin embargo, ninguna accedió a hacerlas públicas, remitiendo en el caso de la CNDH a que se haga una solicitud de transparencia mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), mientras que el INM no ofreció respuesta al cierre de esta nota.
Por su parte, la Secretaría de Salud chiapaneca remitió a la respuesta dada a este medio el pasado martes, cuando corroboró la versión del INM de que los casos sospechosos en la estación migratoria de Tapachula resultaron negativos.
La Secretaría de Salud aseguró a este medio que esos resultados negativos fueron confirmados mediante pruebas PCR, que son las que se utilizan a nivel internacional para confirmar o desechar casos COVID mediante una muestra de las mucosas que es analizada posteriormente en laboratorio clínico.
Sin embargo, el INM no hizo mención a esas pruebas PCR en su comunicado del martes. Lo que señaló fue que ninguno de los casos sospechosos presentaba “criterios clínicos con la definición operacional de COVID-19”. Es decir, que tras una exploración física de las personas migrantes sospechosas de portar el virus, los doctores no encontraron síntomas aparentes de COVID, como tos, fiebre, dolor de cabeza, acompañados de al menos un síntoma de escalofríos, dolor torácico, mialgias, conjuntivitis, o rinorrea, entre otros.
La desprotección, el tema de fondo
En cualquier caso, más allá del intercambio de comunicados entre CNDH y el INM, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), recalcó en entrevista que “el verdadero tema de fondo” en este asunto es la desprotección de las personas migrantes recluidas en centros de detención en plena pandemia, con los riesgos que ello implica.
Sobre esto, el IMUMI, junto a otras organizaciones como Sin Fronteras, Asylum Access, o la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entre otras, publicaron el pasado 15 de octubre un informe en el que revelaron, entre otros puntos, que en las estaciones migratorias no se hacen regularmente pruebas COVID, además de que persisten malas condiciones de higiene y de hacinamiento, situación que el INM también rechazó ese día en un comunicado en el que aseguró que sí realiza acciones para la “limpieza de manos, sana distancia y uso de cubrebocas y tapete para higienizar los zapatos”.
Además, Gretchen Kuhner señaló que, a pesar de que por una suspensión judicial se ordenó al INM que libere de sus estaciones migratorias a todas las personas migrantes que sean especialmente vulnerables ante la pandemia -mujeres embarazadas, adultos mayores, menores, etcétera-, el Instituto no están cumpliendo con este mandato.
“Están violando la suspensión judicial que requiere que las personas vulnerables sean puestas en libertad para ser derivadas a centros de salud”, apuntó Kuhner.
